La campaña publicitaria no sólo es insultante sino que pone en duda el origen de los recursos para realizarla en un estado donde, desde el Congreso y la gubernatura, se ha recomendado actuar con responsabilidad, austeridad y ética. ¿De dónde salen los fondos con los que Castellanos Cal y Mayor mueve a multitudes? ¿Provienen de su bolsillo, de ayuda de amigos, empresas, alcaldes o de dinero de la familia?
El diputado tiene mucho qué aclarar. Difícil el pedido de cuentas claras en un joven político que no pudo explicar en julio del 2009 por qué llevaba poco más de un millón de pesos en efectivo durante un viaje en el que iba acompañado del senador del Partido Verde, Arturo Escobar. Según este, Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, fue detenido en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez con esa cantidad de dinero porque “iba a comprar una casa”. ¿Acaso el diputado ignora que existen las transferencias bancarias o los cheques?
Escobar señaló que viajó a Chiapas junto con 15 simpatizantes a un curso de capacitación y que Fernando Castellanos "era el que traía el dinero ya que iba a realizar una operación de compra-venta de un inmueble y después de eso pudo justificarlo".
El detenido, sin embargo, nunca pudo aclarar al ciento por ciento ni acreditar en ese momento la procedencia legal del dinero.
En ese escenario de dudas, Castellanos Cal y Mayor no debe ni puede ignorar que la ley establece que los partidos políticos deberán comprobar el gasto del financiamiento público asignado para sus actividades, así como lo relativo al financiamiento privado, en términos de la Ley. ¿Hará un deslinde al respecto su partido, el PVEM?
Según el apartado B, Capítulo II, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, actualizada al 12 de febrero de 2014: “Toda persona que realice actos de proselitismo o promoción personal de cualquier índole sin sujetarse a las disposiciones o tiempos que señale la legislación de la materia, se hará acreedora según el caso a las sanciones siguientes: A). No podrá participar en los procesos de selección interna de candidatos que realicen los partidos políticos o coaliciones. B) No será registrado como candidato al cargo de elección popular por el cual realizó dichos actos. C) Será cancelado su registro como candidato.
El Artículo 229 (capítulo IV) de la ley relativa a los gastos de precampaña indica que, más tardar en el mes de noviembre del año previo al de la elección, el Instituto Federal Electoral determinará los topes de gasto de precampaña por precandidato y tipo de elección para la que pretenda ser postulado. El tope será equivalente al veinte por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate.
A inicios de mayo pasado, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, llamó a varios sus secretarios y aspirantes a alcaldías, y a diputaciones a que se tranquilicen. A calmar sus ánimos en los sueños electorales y dispuso que se retirara toda la publicidad, que durante un mes permaneció en plazas, bardas y espectaculares. A Castellanos Cal y Mayor y al Secretario de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional de Chiapas, Enrique Zamora Morlet, les valió el llamado y siguen promocionándose. Ambos a través de sendas lonas colocadas en zonas estratégicas de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, respectivamente.
Castellanos ha ido más allá y ahora se promociona, desde su posición de Presidente de la Junta de Coordinación Política Congreso del Estado de Chiapas, bajo el lema “De ciudadano a ciudadano, Fernando Castellanos, diputado”. Sus anuncios ya aparecen en el diario El Orbe de Tapachula y otros medios de Chiapas.
La ley establece que: “La propaganda política bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. La Comisión de Fiscalización Electoral vigilará y garantizará el estricto cumplimiento de lo previsto en este artículo incluyendo la aplicación de sanciones a que haya lugar, de conformidad con lo previsto por la ley respectiva”.
La impunidad frente a esta práctica recurrente en la utilización de los recursos públicos para promover la imagen pública de diputados en funciones os funcionarios resulta inaceptable. En este sentido, la limitación constitucional para la promoción personalizada ha sido a todas luces ineficaz. Los responsables para hacer cumplir la ley en el Estado son los primeros que la violentan, según un reporte de Contrapoder.
En Chiapas hay voces que reclaman una iniciativa de ley que prohíba de manera determinante las campañas publicitarias de los funcionarios con el uso de los recursos públicos.
@jlcastillejos