A la par de la “imperdonable” fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del Penal del Altiplano, en la última semana se esparció el rumor en redes sociales respecto a la supuesta privatización de los servicios en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Hubo quienes aseguraron, incluso, que la fuga de Guzmán era una “cortina de humo” para distraer a los mexicanos de la privatización de los servicios de salud, que pretendería –según el rumor– cobrar por cada consulta, medicina o tratamiento en las clínicas públicas.
Al revisar la información generada en redes sociales se puede deducir que esta teoría “privatizadora” sólo busca confundir, ya que en el Congreso de la Unión no existe ninguna iniciativa para modificar la ley del IMSS o del ISSSTE, y establecer en dichas legislaciones un esquema que permita a la iniciativa privada asumir las responsabilidades del Estado en materia de salud.
Lo que sí existe, desde hace tres años, es el compromiso asumido por el gobierno federal para presentar una propuesta legislativa y de política pública encaminada a la creación de una red de Seguridad Social Universal, que garantice el acceso al derecho a la salud para todos los mexicanos, con atención especial en la cobertura en poblaciones y zonas marginadas, iniciada con el Seguro Popular.
Esta reorganización de la seguridad social debería impulsar los principios de portabilidad y convergencia; es decir, permitir al derechohabiente seleccionar el sistema de salud en el cual quiera recibir consultas o tratamiento y, además, igualar gradualmente la calidad de los servicios que ofrezcan todas las instituciones de salud pública.
Sin duda, esta promesa incumplida del gobierno será una de las tareas urgentes de la próxima Legislatura y por ello, vale la pena revisar los esfuerzos realizados por la actual administración, para saber qué tan real es su compromiso para ampliar la cobertura, infraestructura y calidad de los servicios de salud en el país.
De entrada, en esta administración se han estancado los esfuerzos para ampliar la cobertura de salud. En el Seguro Popular, por ejemplo, se logró incrementar de 15.2 a 52.9 millones el número de derechohabientes en el sexenio anterior, mientras que en los dos primeros años del gobierno actual apenas se han afiliado tres millones de derechohabientes; en el IMSS pasa lo mismo: La administración pasada aumentó de 46.6 a 57.4 millones de afiliados, mientras que este gobierno apenas se superan los 58 millones de personas con cobertura del Seguro Social.
Además de reducir los esfuerzos para dar cobertura médica a todos los mexicanos, el gobierno federal –vía Secretaría de Hacienda– realizó 56 recortes a fondos y programas del sector autorizados en el Presupuesto de Egresos 2015, entre los que destacan:
- 47% de recorte al Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras (SALUD-S174), con lo cual se pone en riesgo la seguridad y bienestar de los niños y niñas que utilizan el servicio de guarderías.
- 44% menos al Fondo de Infraestructura Social de Salud (SALUD- K011), utilizado para la construcción, remodelación y habilitación de clínicas, unidades médicas y hospitales de especialidad en todo el país.
- 38% de recorte al Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud (SALUD-U012), con el cual la Federación otorga recursos a las entidades para compra de ambulancias, dignificación de clínicas y unidades médicas, y otros servicios.
- 30% menos para el Programa de Calidad en Atención Médica (SALUD-S202), destinado a actividades de mejora de espacios hospitalarios, así como a la capacitación del personal del sector.
- 28% de recorte al Programa de Desarrollo Comunitario “Comunidad DIFerente” (SALUD-S251), orientado a realizar acciones alimentarias y de gestión comunitaria en poblaciones de alta marginación.
- 21% menos al Seguro Médico Siglo XXI (SALUD-S201), creado para ofrecer atención pediátrica especializada a todos los niños y niñas de entre 0 y 5 años que no cuenten con otro servicio de salud.
Ante la magnitud de estos recortes, no sorprende que se acumulen -un día sí y otro también- las quejas, negligencias y señalamientos por la falta de atención oportuna en las instituciones de salud pública de México.
Y en el fondo, los recortes a la salud representan una muestra contundente de que para el PRI-Gobierno la calidad de servicios médicos públicos –así como la seguridad, el combate a la corrupción y el crecimiento económico– sólo existe en los discursos triunfalistas oficiales, que cada vez menos mexicanos creen.
Ante este escenario, la privatización no es el mayor problema del sector salud, sino la disminución de inversiones en infraestructura hospitalaria, capacitación del personal y atención médica de calidad. ¿O ustedes qué opinan?