Para finalizar el 2020, en la víspera de las elecciones que se llevarán a cabo en este año, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, a través de su Consejo General, los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales tomen medidas a fin de prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Dicha medida, conocida como 3 de 3, ampliamente celebrada e impulsada desde la sociedad civil, en específico, la colectiva Las Constituyentes, apuesta por impedir que aquellos candidatos a puestos de representación popular que hayan cometido actos de violencia en contra de las mujeres sean considerados para ocupar tales cargos y evadir las sanciones legales correspondientes.
Por lo tanto, cada candidato a un cargo de elección popular debe firmar un documento en el que manifieste no haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica o por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. Ni tampoco por ser deudor alimentario o moroso, a menos que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.
Es decir, ningún aspirante a un cargo de elección popular tuvo que haber sido sancionado como deudor alimentario o moroso o condenado por sentencia ejecutoriada por delitos de violencia familiar, contra la libertad sexual o de violencia de género.
El revuelo y los cuestionamientos provocados por la medida fueron inmediatos, sin embargo, en el propio acuerdo del Consejo, con número 517, se estableció que no se pone en entredicho la inocencia o la integridad moral de quienes aspiren a un puesto de elección, por que “lo que deben declarar las personas interesadas en una candidatura es que no han sido condenadas o sancionadas a través de resolución firme por alguno de los supuestos antes referidos. Lo que implica que solamente tendrán impedimento para formular dicha declaración, aquellas personas que ya fueron condenadas o sancionadas por cometer las señaladas conductas”.
El suceso fue ampliamente celebrado, pero, al paso de los meses, y conforme se acercan las fechas de inicio de las campañas electorales, se debate sobre la posibilidad de que una persona con denuncias abiertas en su contra por violación y acoso sexual, pero ninguna de ellas procesada, pueda ser candidata a la gubernatura de una entidad federativa.
Este muy sonado caso, de Félix Salgado Macedonio, quien cuenta con el respaldo de su partido político y la venia de la presidencia de la República, al grado de que su titular, Andrés Manuel López Obrador declaró este jueves que la petición de “romper el pacto” patriarcal y evitar que dicha candidatura sea una realidad, es un asunto montado en el “conservadurismo”, abre preguntas sobre cómo redoblar esfuerzos para erradicar la violencia política en contra de las mujeres y evitar que integrantes de la clase política continúen evadiendo a la justicia a través de fueros.
Hace algún tiempo, en este mismo espacio, se reseñó la postura crítica de autoras como Lucía Núñez, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, quien cuestiona el supuesto discurso igualitario y el papel de la ley penal en la producción y reproducción de la desigualdad y la subordinación, en el caso específico de las mujeres. Una reflexión que podría trasladarse a la ley electoral, no por que los recientes cambios no sean una medida progresiva, sino porque ese patriarcado denunciado por muchas mujeres, ese conjunto de relaciones sociales que tiene una base material y en la cual hay relaciones jerárquicas entre los hombres y solidaridad entre ellos, lo que les permite dominar a las mujeres, como explicaría Hartman, termina filtrándose por algún recoveco.
Recovecos que han avalado que una joven de 17 años, asustada por haber sido violada por el entonces candidato a gobernador de Guerrero por el Partido de la Revolución Democrática, Salgado Macedonio, y a quien las autoridades de la fiscalía guerrerense le mencionaron que era mejor no denunciar a una “persona tan poderosa”, no haya podido buscar justicia en su momento, ni 22 años después de los sucesos, bajo la argumentación de que el delito prescribió, justo en un momento en que la misma persona aspira nuevamente a gobernar la entidad y ostenta el cargo de Senador. O que una periodista haya sido violada en tres ocasiones por el mismo personaje, golpeada y amenazada de muerte, cuando el victimario fungía como director del medio de comunicación donde ella laboraba. O que una escritora, Marxitania Ortega, haya denunciado sentirse incómoda durante la presentación de uno de sus libros debido a la forma en que la abrazó el polémico legislador.
Y que, en apoyo del polémico personaje, desde la presidencia de la República también se haya dicho que su candidatura a gobernador responde a la voluntad del pueblo guerrerense. Una paradoja, pues, si en verdad se respetarán las voluntades de los pueblos, y no la de las cúpulas en turno en el poder, estaríamos hablando, efectivamente, de una transformación, no sólo política, sino también cultural y social.