Opinión

Los tiempos del oscurantismo

Los dueños del oscurantismo harán lo posible para que siga reinando la impunidad a pesar de los reclamos de una sociedad que no está dispuesta a permitirlo

  • 16/08/2017
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Las acusaciones en contra de Emilio Lozoya Austin tienen muy inquieto al círculo cercano del presidente de la república porque en el año de 2012, cuando se dice recibió el primer soborno, este personaje era el coordinador de “asuntos internacionales” en la campaña electoral de Enrique Peña Nieto.

Fueron 4 millones de dólares, una cantidad nada despreciable recibida supuestamente a través de esas empresas offshore en las islas Vírgenes Británicas: Latín American Asia Capital Holding. Un trabajo de arquitectura del negocio financiero para no dejar rastros.

Los reportajes publicados tanto en México por Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic, quienes integran Quinto Elemento Lab por medio de la revista Proceso, como por el periódico O´Globo de Brasil develan detalles de un grave entramado de corrupción que rodea al grupo en el poder y que día a día es inocultable.

Emilio Lozoya a través de sus abogados lo niega todo; dice que demandará a sus acusadores por difamarlo, que es inocente, que se siente indignado, pero no hay manera de eludir declaraciones juradas que se encuentran en una investigación judicial en Brasil.

Se da cuenta en la prensa que la Procuraduría General de la República (PGR) citará a Lozoya a declarar, para aparentar que ya está investigando, para intentar calmar a quienes acusan de una colusión perversa en esa institución con el acusado. El actual titular de esa dependencia ministerial también participaba en la campaña presidencial junto con Lozoya y todo mundo sospecha de la parcialidad de esa instancia legal.

Si en realidad quiere investigar y no aparentar, debe solicitar la colaboración de las autoridades brasileñas para que desglosen lo relativo a las imputaciones a Lozoya Austin, acusado de haber recibido otros seis millones de dólares cuando era director de Pemex para la remodelación de la refinería Miguel Hidalgo en Tula.

¿Pero hasta donde una PGR que camina de la pata de la dependencia presidencial investigará lo que se hizo con ese dinero? ¿Quién o quienes fueron sus beneficiarios? ¿Hubo funcionarios priistas coludidos? ¿Se regó ese dinero en la campaña presidencial pasada?

Son respuestas que requiere darse a la sociedad, porque las instituciones públicas no tienen por objeto beneficiar a ciertos personajes, a ciertos líderes que ahora son dueños del poder.

Pero los dueños del oscurantismo harán lo posible para que siga reinando la impunidad a pesar de los reclamos de una sociedad que no está dispuesta a permitirlo.

Las acusaciones en contra de Lozoya conducen a otros caminos que la clase política del viejo y nuevo cuño quieren evitar. Quieren que se silencie la noticia, que no trascienda en las siguientes elecciones. Que se olvide que los dirigentes priistas nada tienen que ver con la corrupción. ¿Quién les cree a estas horas?

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De otros avatares

Del conflicto en el periódico La Jornada

Es muy grave lo que ocurre en el periódico La Jornada. Los principales dirigentes sindicales, su secretaría general, Judith Calderón y el secretario de organización, Leonardo Mondragón han sido despedidos fulminantemente; pesa sobre ellos además una denuncia penal que ya conoce la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en el expediente CI-FBJ/BJ-1/UI-1 S7D/03464/07/2017 después de haber encabezado un movimiento de huelga el 30 de junio pasado.

Sumando los agravios sobre de ellos, existe también una querella penal en contra del hijo de la secretaria general, que  ya fue citado ante la agencia del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales.

La denuncia no la materializó la empresa periodística formalmente sino la gerente de la misma y algunos subordinados más, que, de acuerdo con fuentes ministeriales, se puede extender a otros 20 trabajadores la persecución penal.

Pero la empresa no puede esconder la piedra diciendo que ella no es la promovente, porque al tiempo de notificar la denuncia penal por medio de policías judiciales de la Ciudad de México, en forma cronométrica, usando funcionarios federales le avisó también de su despido.

Son muy graves estos hechos de penalizar las relaciones laborales después de una huelga que fue declarada inexistente 55 horas después de haber sido estallada; después de una resistencia legítima de la mayoría de sus trabajadores para evitar el recorte de sus prestaciones en más del 45% y sus salarios.

Los huelguistas, después de la declaratoria de inexistencia, tuvieron que regresar a laborar con un acuerdo suscrito entre la empresa y sindicato de que no se ejercerían represalias de ningún tipo; sin embargo, el conflicto se agrava ahora, ante una respuesta desmesurada de la administración de ese medio periodístico.

Es lamentable se judicialicen penalmente los conflictos laborales y aún más, por ejercer derechos colectivos laborales, pero más grave sentar un precedente de represalia mandando a los dirigentes sindicales a la calle y además pretendiendo vayan a prisión como en los tiempos del oscurantismo.

@Manuel_FuentesM



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