La práctica sistemática de la corrupción tiene un impacto profundo en la estabilidad de un país y sobre su democracia. No es un mal menor, como se podría pensar si fuese un fenómeno limitado. En los niveles actuales representa un riesgo estructural que no puede pasar por desapercibido.
¿En que ámbito incide más la corrupción? ¿En el sector público? ¿En el sector privado?
La respuesta no es fácil debido a que evidentemente no existe en el INEGI un indicador que nos permita conocer con precisión su dinámica y evaluar la tendencia de la corrupción en México. Por ende, el razonamiento tiende a fundarse en elementos hipotéticos sin, por eso, faltar de fundamentos y consistencia.
Por el lado público, la corrupción se enfoca en particular en el ámbito electoral, debido a que este sector representa el detonante de la relación de negocios que caracterizará la camarilla político-empresarial para todo el periodo del nuevo gobierno.
Sucesivamente, ya que se aseguró la victoria electoral, las áreas más expuestas a las prácticas de corrupción (cohecho, peculado, desvío de recursos, tráfico de influencias, soborno, entre otras) serán las relacionadas a la asignación de obras públicas, de manera directa o en asociación con privados; así como las de adquisiciones, en particular en el área de equipo de seguridad (Ejército, Marina y Policía Federal), medicamentos, prestación de servicios y mantenimiento.
Por otra parte, y considerando que el 92% de los recursos que ejercen las entidades federativas provienen de la Federación, principalmente vía participaciones (Ramo 28), y aportaciones (Ramo 33), se deduce que una fuente muy importante de corrupción la constituye la “gestión” de los recursos federales hacia las entidades federativas; misma que, vale la pena recordar, constituye uno de los mecanismos fundamentales para la captación de votos en los periodos electorales[1].
La Auditoría Superior de la Federación, con la cantidad enorme de observaciones y recomendaciones que cada año emite al respecto, comprueba de manera amplia y suficiente el nivel de corrupción al que ha llegado el país, detectando, además, once áreas de riesgo para la gestión de los recursos, a nivel federal como local[2].
Respecto al sector privado, la colusión con funcionarios públicos en la promoción e implementación de obras públicas, adquisiciones y prestación de servicios con sobrecostos, “fantasmas”, duplicados, etc., es evidente, debido a que sin la participación del sector privado no podría haber corrupción en estos rubros.
Por otra parte, la incidencia del sector privado en la corrupción es evidente con su capacidad de presionar y hacer negocio con las agencias gubernamentales para la emisión de normas y reglas a modo a favor de una empresa o un consorcio, a menoscabo de las otras empresas del mismo sector económico.
De esta manera, se incide negativamente sobre el nivel de competitividad, y, por ende, sobre la calidad de los bienes y servicios hacia los consumidores.
Todo esto ya es de conocimiento público, sin embargo, es importante subrayar las consecuencias para la democracia y la estabilidad política en continuar con esto tipo de prácticas, y a mayor razón, en cuanto a que la ciudadanía se ha vuelto tan acostumbrada al fenómeno, que cada vez más quiere ser parte de ello.
Basta que un funcionario llegue a un puesto con un nivel mínimo de poder que ya se vuelve parte de una red, por pequeña que sea, de corrupción y tráfico de influencias.
¿Qué consecuencias tiene la corrupción para el desempeño y la estabilidad gubernamental, y para la democracia en su conjunto?
Iniciando desde el ámbito electoral, es evidente que el mecanismo de compra y coacción sistemática de votos distorsiona desde un inicio el proceso electoral produciendo, por una parte, la creación de coaliciones de votantes que ofrecen el voto al mejor postor, así como una clase política especializada en la subasta de recursos federales; y, por la otra, el incremento desproporcionado de los costos de las campañas electorales mucho más allá de lo contabilizado por el INE. Lo cual hace que la nueva elite ganadora llegue al gobierno con una enorme deuda hacia sus “promotores” que afectará de sobremanera el desempeño gubernamental, y hasta la gobernabilidad del país o de la entidad.
Por ende, la calidad de los servicios del nuevo gobierno será desde un inicio pobre y deficitaria por los sobrecostos y desviaciones de recursos; asimismo, se requerirá incrementar cada vez más la deuda pública.
Por otra parte, se desvirtúa el principio mismo de la democracia representativa en cuanto a que los ciudadanos ven en las elecciones un mecanismo para la obtención de recursos, y ya no una ocasión para elegir un programa electoral o un candidato que mejor lo represente.
Esto produce la mercantilización de la democracia y la destrucción de los principios clásicos del Estado social democrático: cohesión y justicia social, igualdad de derechos, promoción del merito y de la competencia.
Se difunde el principio de que sólo con el dinero y las relaciones se puede acceder a los recursos gubernamentales; de esta manera se crea una élite política y económica especializada en la depredación de recursos, misma que se replica a nivel exponencial en todos los ámbitos de gobierno y de la sociedad.
Asimismo, se alimenta un sistema de gobierno enfocado en el asistencialismo, en virtud de que este modelo es el más funcional para corrupción gubernamental.
En el mediano (y corto) plazo este estado de cosas merma la estabilidad política y social debido a que no incluye, evidentemente, mecanismos para la prevención y resolución de conflictos. Al contrario. La opacidad con la cual opera, y la simulación sistemática de procesos, deslegitiman el sistema político y enardecen el odio hacia instituciones que de antemano se sabe que privilegian los intereses de unos cuantos, creando barreras artificiales y de exclusión para la mayoría.
Asimismo, desde un punto de vista económico y fiscal, la corrupción representa una parte muy importante de la evasión fiscal (quitando recursos para solventar necesidades sociales), por un lado; y por el otro, el detonante del incremento de consumo de bienes suntuarios.
No se explica de otra manera el origen de los recursos para que México sea uno de los países más atractivos para las empresas de este ramo (automóviles de lujo, marcas de ropa, empresas de construcción especializadas en edilicia de alto nivel residencial, etc.), siendo uno con los más altos índices de desigualdad económica y social.
En conclusión, es evidente que la corrupción no es un mal menor, sino que produce el desmoronamiento de las instituciones políticas, el incremento del conflicto social y político, así como el incremento, abusivo, de la desigualdad económica.
[1] http://www.nexos.com.mx/?p=29113
[2] http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/InformeGeneral/ig2014.pdf