El Gobierno de la Ciudad de México está haciendo un gran esfuerzo por convencernos de que la presencia de tanto diputado constituyente espurio no representará un problema en la aprobación de la primera Constitución de la Ciudad de México.
Primero los voceros del Gobierno de la ciudad dijeron que no había riesgo de retroceso en los derechos ganados en la capital porque el Artículo Primero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de progresividad el cual obliga a que toda reforma legal sea para aumentar derechos y no para disminuirlos.
Sin embargo, le demostramos que dicho precepto era letra muerta pues las reformas laboral y educativa se consumaron eliminando derechos adquiridos a pesar de lo que señala el Artículo Primero constitucional.
Ahora, el gobierno capitalino está firmando pactos con PRI, PAN y PRD en los que se comprometen a que no habrá retrocesos en los derechos ganados por la ciudadanía de esta entidad.
Lo cierto es que las autoridades de la urbe quieren lavarle la cara a los partidos PRI, PAN y PRD para que la gente crea que en efecto no representan ningún problema que estas fuerzas políticas se hayan servido con la cuchara grande autoasignándose 40 diputados constituyentes designados por dedazo.
Lo peor de todo es que la coalición PRI-PAN-PRD sí representa un serio riesgo en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Estos tres partidos, a nivel federal, aumentaron los impuestos a los pequeños contribuyentes, desmantelaron los derechos de los trabajadores y de los maestros, privatizaron el petróleo y la electricidad y entregaron las playas y franjas fronterizas a extranjeros.
En la capital de la República esta coalición se opuso a incrementar en 800 millones de pesos el presupuesto de la pensión de adultos mayores para incorporar a los 80 mil que están en lista de espera, se opusieron a la revisión de los megaproyectos que están generando un grave desorden urbano y a la rectificación del reglamento de tránsito.
El gobierno de la ciudad, por su parte, se ha distinguido por privilegiar el uso de la fuerza pública para la "resolución" de conflictos, su permisibilidad a la defraudación electoral y su subordinación al gobierno federal.
Justo en el momento en el que el PRI firma con el gobierno de la ciudad que no habrá retrocesos en la Constituyente este partido presiona en la Cámara de Diputados para que se apruebe el dictamen privatizador del agua.
Sí hay riesgo en la Asamblea Constituyente. Se encuentran en riesgo el derecho humano al agua, la educación pública superior gratuita, el espacio público, los derechos sociales y el derecho de reunión y manifestación. La moneda está en el aire. Estamos a tiempo de rescatar el proceso. Sólo una intensa participación ciudadana puede conducirnos a que tengamos una buena Constitución de la Ciudad de México.