El pasado 9 de junio se anunció el cambio de titular en la Secretaría de Hacienda, a quien le esperan desafíos en materia fiscal. Ante el contexto actual del país, en el que existe una recesión global y aún son perceptibles los efectos de la pandemia, estos desafíos toman mayor importancia y la creación de un nuevo sistema fiscal se hace cada vez más necesaria.
Al visualizar las características de un nuevo sistema fiscal es inevitable pensar en políticas públicas enfocadas a combatir la pobreza y fortalecer los sistemas de salud y educación, entre otras necesidades colectivas. Sin embargo, el sistema fiscal mexicano es el menos redistributivo de los países de la OCDE. En México, quienes se encuentran entre el 10% y el 1% de la población con más recursos, se apropian de 58.6% y 28.7% del ingreso nacional, respectivamente, mientras que la mitad más pobre del país recibe únicamente 8.5%.
De acuerdo con el CONEVAL, en 2018, 41.9% de la población de nuestro país era pobre y 7.4% vivía situación de pobreza extrema. La lucha contra la prevalencia de la pobreza va de la mano con la provisión de servicios públicos y el acceso a la salud, educación y un retiro digno. Sin embargo, el gasto social del país fue el más bajo entre los miembros de la OCDE. Mientras el promedio de la región se ubicaba en 12.6% del PIB en 2018, el gasto social en México representó 7.2 % del PIB.
?Para financiar el acceso universal a la salud, la OMS recomienda una inversión de al menos 6% del PIB; no obstante, entre 2010 y 2021, México ha destinado entre 2.5% y 2.9% del PIB al año al sistema de salud pública, menos de la mitad de lo sugerido por el organismo internacional. En cuanto al sector educativo, la Ley General de Educación establece que el gasto mínimo en materia debe ser de 8.0% del PIB; no obstante, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2021, el gasto educativo ascendió a únicamente 3.3% del PIB.
?Otro de los componentes principales del bienestar social son las pensiones, ya que garantizan recursos para la vejez. Sin embargo, existe desigualdad en este sistema, lo que impacta en el bienestar de los adultos mayores. Para 2021, el gasto en pensiones contributivas, que están ligadas a los trabajadores del sector formal, representa 4.3% del PIB. En contraste, el gasto en pensiones no contributivas, cuyos beneficiarios son los adultos mayores con menores recursos, asciende a 0.6 % del PIB en 2021.
?Los ingresos públicos hacen posible la respuesta del gobierno ante las necesidades de los ciudadanos y la forma en que se distribuyen impacta el ingreso nacional. Ante un panorama en el que la redistribución de ingresos es desigual, y la recaudación en México es la más baja dentro de los países de la OCDE, un nuevo sistema fiscal justo y progresivo, en el que la población con mayores ingresos remunere con un mayor porcentaje de impuestos, se muestra como alternativa para incrementar los ingresos y disminuir la desigualdad social.
Fuentes: ? CIEP, 2018; CONEVAL, 2019; Llamas et. al., 2017; OCDE, 2021c; SEP, 2019; ?SHCP, 2021, 2020b.
*Adrián García Gómez
Coordinador de Ingresos e impuestos
Obtuvo una Maestría en Economía del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en la Universidad Nacional de Australia. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Durante la licenciatura cursó un semestre en la Universidad de Melbourne. Tiene experiencia profesional en el sector privado como consultor. Entre sus intereses se encuentran las políticas públicas relacionadas con la economía ambiental, de los recursos naturales y al desarrollo social. Se incorporó al CIEP en enero de 2016 y actualmente es coordinador del área de Ingresos e impuestos. Le interesa la economía ambiental y el sistema fiscal como instrumento para conseguir igualdad de oportunidades.
*Mariana Villalba Arzate
Coordinadora de comunicación
Licenciada en Comunicación y Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en Gestión Pública por la Escuela de Administración Pública. Se ha desempeñado como asesora de comunicación de actores gubernamentales y de política local, adquiriendo conocimiento en políticas públicas, rendición de cuentas y comunicación institucional. Ha colaborado en locución y producción radiofónica, y se ha desempeñado como editora de contenidos en materiales impresos. Tiene experiencia en divulgación científica, campañas de comunicación, creación de contenidos digitales y edición de textos especializados. Se integró al CIEP en 2017 y se desempeña como coordinadora de comunicación. Le interesa la participación ciudadana como motor de los cambios sociales.