La detección e investigación de prácticas monopólicas es compleja. Generalmente la información que se requiere para entender la naturaleza de las conductas no está disponible públicamente y para determinar la existencia de daños actuales o potenciales al proceso de competencia y a la libre concurrencia se requiere entender a profundidad la dinámica del mercado involucrado.
Es común que no sea posible encontrar evidencia directa de las conductas, por lo que se requiere integrar evidencia indirecta respaldada por un análisis económico sustentado en datos y estadísticas verificables.
Además de esto, un reto adicional es poder actuar antes de que una conducta tenga consecuencias irreparables en los mercados, como puede ser la quiebra de una empresa eficiente. Pero ello implica que es necesario realizar análisis prospectivo con el cual se pueda anticipar cuáles serán los efectos de las conductas en el futuro, lo que incorpora una capa adicional de dificultades.
Partiendo de estos retos, una actuación oportuna, precisa y eficaz de la autoridad, que no peque de exceso ni de defecto, se orienta a evitar lo que en estadística se conoce como error tipo I y error tipo II, es decir, los falsos positivos y los falsos negativos.
El falso positivo aplicado a la política de competencia, se refiere a la posibilidad de concluir que una conducta (o una concentración) es anticompetitiva y que causa daños al mercado, cuando en realidad no es así. Este tipo de errores lleva a castigar a las empresas que buscan ganar mayor participación del mercado aplicando su iniciativa y creatividad, prohibiéndoles incurrir en ciertos comportamientos innovadores que podrían impulsar el proceso de competencia.
Del otro lado de la moneda están los falsos negativos, es decir, los errores consistentes en dejar de aplicar los instrumentos correctivos o preventivos de la política de competencia al creer equivocadamente que cierta conducta (o adquisición) es inocua para el mercado. La inacción de la autoridad en esta circunstancia permite que las empresas dominantes adquieran más poder y que abusen del mismo desplazando indebidamente a competidores eficientes o creando barreras al mercado, lo que distorsiona el proceso competitivo y desalienta la concurrencia.
Los dos tipos de errores son igualmente perniciosos, porque al final del día distorsionan el proceso competitivo.
No obstante, pareciera que en ciertos círculos la preocupación se ha volcado exclusivamente del lado de no generar falsos positivos, olvidando que los falsos negativos también son nocivos. De cierta manera, esta corriente de pensamiento asume que el único efecto posible de la actuación de la autoridad es estorbar o que las empresas nunca actúan con propósitos meramente anticompetitivos.
El ejemplo más cercano y significativo que tenemos de una política de laissez faire-laissez passer está en nuestros vecinos de EEUU, pero muchas veces se pasa por alto que ese país cuenta con una masa inmensa de consumidores con un elevado poder de compra, lo que por sí mismo da un empuje a la competencia. Pero, además, nuestros vecinos cuentan con una historia de aplicación del derecho de la competencia de más de un siglo, con el ejercicio continuo de reclamos privados por daños y perjuicios derivados de prácticas monopólicas, lo que refuerza las acciones de la autoridad. Es cierto que la política de competencia de EEUU pasa por ciclos de mayor o menor intensidad en sus acciones, pero aun en los periodos de más laxitud no se deja de castigar las prácticas monopólicas con multas millonarias tanto por las autoridades federales como por las locales.
Hasta la Universidad de Chicago recientemente realizó un congreso titulado “¿Existe un problema de concentración en América (sic)?”, con el propósito de debatir si el péndulo de la política de competencia en EEUU se ha movido demasiado hacia el extremo de la inacción[1].
Cada vez se expresa mayor preocupación por la ola de concentraciones en distintos ámbitos de la actividad económica que han generado verdaderos gigantes globales y están cambiando la dinámica de los mercados.
En este contexto, hace algunas semanas la senadora estadunidense Elizabeth Warren afirmó que[2]: “Es hora de hacer lo que hizo Teddy Roosevelt: levantar de nuevo el garrote de la competencia”.
La política de competencia es un tipo de regulación de aplicación general que pretende ser mínimamente intrusivo, actuando como una red de seguridad para poder dar la mayor libertad a las empresas en su búsqueda de mejores oportunidades de negocio que las lleven a innovar y pelearse a los consumidores ofreciéndoles los productos y servicios más atractivos.
Todo ello considerando que, ante un abuso que ponga en riesgo esa dinámica de libertades, la autoridad de competencia podrá intervenir en la justa medida para reestablecer condiciones sanas en los mercados.
Desaparecer esta red o hacerla muy permeable no contribuye a reforzar la libertad de comercio, sino a dejar campo libre a la imposición unilateral de las reglas del más fuerte, riesgo considerable en buena parte de los mercados de México que, por razones históricas o estructurales, presentan un número reducido de competidores.
Por eso la necesidad de que las autoridades de competencia actúen cuando sea necesario, con la severidad debida. Ni más, ni menos.
[1] Organizada por el Centro Stigler para el estudio de la economía y el Estado. Los materiales pueden consultarse en https://research.chicagobooth.edu/stigler/events/single-events/march-27-2017
[2] Discurso ofrecido en el Centro por el Progreso Americano.