Desde finales de los años ochenta del siglo pasado hasta la actualidad, la comunidad científica participa y observa la formulación y puesta en marcha de políticas y programas en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de diversa índole. Mucha agua ha corrido por el río: el salto que se dio entre los años de 1988 al 2000 que comprendieron la continuidad y la ambición de los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo en la materia. Luego vino el furor por el desarrollo tecnológico y la innovación en las dos administraciones de Acción Nacional, cuando mucho debatimos para que no se pulverizara el sistema de los entonces centros SEP/CONACYT, se valorizara la ciencia y no se dejara en el margen a las ciencias sociales, y hasta para formular modificaciones a la ley en ciencia y tecnología que permitieron flexibilizar la operación de los Centros Públicos de Investigación, además de otras mejorías. Enseguida llegó la restauración priísta que se interesó en reposicionar a la ciencia frente a la obsesión por la innovación y fortalecer las regiones, hasta llegar a la nueva alternancia del año 2018 en la que un nuevo partido político gobernante se propone una profunda transformación que ha puesto en entredicho las políticas y la institucionalidad en función del objetivo de “democracia, justicia, honestidad, austeridad y bienestar” (AMLO, La nueva política económica).
Aunque en la actualidad no es fácil expresarlo -la censura, la autocensura y el uso de la guillotina están muy en uso-, no se exagera si decimos que esos años fue una época de una gran intensidad y avances en CTI. Había interés de los gobiernos en turno por mejorar el entorno normativo y fortalecer el financiamiento público, sin dejar de lado esfuerzos para que el sector privado, todavía tan distante del valor agregado y de la innovación, no solo invirtiera en la materia sino para que recurriera al conocimiento para más productividad y mejor competitividad. Mucho se debatía qué tanta ciencia y el cómo de la innovación, recurríamos a distintas secretarías de estado para moderar los excesos, se discutía abiertamente, algunas veces con dureza, pero nunca se descabezaron directores ni se dejaron de lado las propuestas diferentes ni a los heréticos.
Cierto, no era el paraíso pero se podía discernir; en algún momento se sentía la lejanía de quienes dirigían la CTI por reflexiones o propuestas de directivos o críticos que no iban en su dirección, también en ocasiones se pretendió hacer uso de las auditorías para intimidar directores, pero no pasó de ahí. Recuerdo que se podía no solo hablar con franqueza, sino que también hubo propuestas de la autoridad coordinadora del sector que, mediante la negociación, a veces con la intervención de la secretaría de gobernación, fueron severamente modificadas. Estábamos en la euforia de la liberalización política y del desmantelamiento del autoritarismo, por lo que había condiciones para discutir sin temor. El factor que siempre liquidó las ilusiones fueron las crisis económicas, momentos en los que, al menos en México, el sector de CTI siempre sale sacrificado.
Esto viene a cuento por la manera como en la actualidad se debate en torno al rumbo de la política en CTI. Por desgracia, no se percibe un ambiente que dé lugar a un escenario académico donde las ideas se debatan abiertamente y se encuentren colegiadamente los mejores caminos. En su lugar, impera un ambiente de confrontación, de discursos que no se encuentran, de actos de autoridad que intimidan y terminan con caídas de directores o de programas nuevos que la comunidad quiere discutir sin encontrar el espacio dónde hacerlo.
Ante ello se generan tres tipos de discurso: el primero, el de la autoridad que cree tener la llave de un nuevo mundo y descalifica a los críticos, sin dejar de tirar por la borda lo que se hizo previamente, como si antes no se hubiera hecho nada o hubiera sido resultado de una sola visión; el segundo, los comentarios soterrados de los directivos de organismos de CTI que no hablan en voz alta para no ser destituidos o defenestrados; y, el tercero, el de los cuestionamientos abiertos que no encuentran el receptor adecuado para ser escuchados.
Esta reflexión viene a cuento por los términos del programa estrella del CONACYT, los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACE).
El 17 de junio del año pasado, directivos e investigadores de organismos de investigación de la región del sureste fuimos convocados a la presentación de dicho programa que aún estaba en plena formulación, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Reunión a la que asistí motivado por el interés de conocer su contenido y, de ser el caso, opinar. La presentación estuvo a cargo de dos maestros, uno, economista de la UNAM y, el otro, profesor del ámbito social de una universidad privada. Mientras el primero centró su intervención en una larga y discutible diatriba contra el neoliberalismo, el otro se enfocó a llamar nuestra atención sobre el compromiso que, dijo, debíamos tener todos hacia los sectores sociales marginados y desplazados. Sobre esta base afirmaron que el proyecto era novedoso, pues era la primera vez que se proponía trabajar, desde el CONACYT, con comunidades desfavorecidas, por los actores que intervendrían y por los recursos que se destinarían.
Consecuente con mi hábito de concederme libertad de palabra, mencioné que el discurso antineoliberal no era propio para el espacio ni argumento para sustentar un programa de ámbito científico; que los términos del programa tampoco eran originales, pues el Fondo Regional para el Desarrollo Científico y Tecnológico (FORDECYT) ya había contemplado la transferencia de conocimiento y la colaboración con comunidades y demás actores sociales; y que los recursos contemplados distaban mucho de lo que se había asignado a ese Fondo. Como era de esperarse, no hubo mayor respuesta, solo dudas, ni diálogo que llevara al fortalecimiento del programa en cuestión.
En estas últimas semanas recibimos del CONACYT un documento titulado ¿Qué son los PRONACES?, disponible en línea, donde se resume su razón, objetivos y alcances. Lo primero que sorprende es que no solo se refrendó la argumentación ideológica contra el neoliberalismo sino que se va más lejos al poner el acento en el carácter militante del programa. Veámoslo con detenimiento.
El documento contiene los siguientes planteamientos:
i. Se fija el objetivo de organizar la investigación en torno a problemas nacionales con el interés de “producir ... soluciones”.
ii. Advierte que las prioridades fueron establecidas en “estudios y foros”, pero subraya que están alineadas con “los grandes lineamientos de la 4a Transformación”, además de estar en sintonía con los Objetivos del Desarrollo Sustentable.
iii. En un párrafo confuso y discutible donde se mezcla el interés de devolver la soberanía a la nación en puntos tan diferentes y difusos que van de la seguridad a la alimentación, pasando por la salud y llegando a la educación, también se propone abordar temas tan diversos como agua, ambiente, ecosistemas, vida rural, migrantes y hasta la democracia.
iv. Se pone el acento en el hacer y no tanto en el conocer, además de adjudicar al sector de ciencia responsabilidades que no solo no le competen sino que son responsabilidad de otros ámbitos de gobierno.
v. Se propone una nueva articulación “de las comunidades académicas y tecnológicas” con el pueblo de México, por lo que dice se destinarán los fondos suficientes para que esa articulación se alcance en el mayor tiempo posible.
vi. Plantea un cambio de “paradigma” en la manera de hacer investigación y desarrollo. Según su visión, la novedad deriva en que mientras en los regímenes del “neoliberalismo” la articulación entre sector científico y sociedad se daba a través del mercado, de los empresarios, en el “nuevo” modelo se operará una nueva relación con otros actores sociales, entre los que señalan “la academia, las organizaciones proletarias y populares, los ejidos y las comunidades indígenas, etc”. En este punto se desaparece a los empresarios, aunque más adelante los mencionan en la fraseología.
vii. Dado que el “nuevo” paradigma anunciado tiene como propósito “remover los obstáculos que impiden establecer un nuevo modelo de cooperación entre los componentes de la sociedad, que esté debidamente enfocado en el bien común y la justicia socio-ambiental”, la función que establece para la “I&D” consiste en “remover los obstáculos que impiden establecer un nuevo modelo de cooperación entre los componentes de la sociedad”, cuyos nuevos actores serán, reitera, “la academia, las organizaciones proletarias y populares, los ejidos y las comunidades indígenas, etc.”
viii. En la tarea asignada a la comunidad de CTI, los considerandos no dejan de advertir que los investigadores, ahora designados como “exploradores”, “enfrentarán muchos obstáculos, algunos cuya resolución conlleva elevados niveles de incertidumbre y complejidad. Entre sus tareas estará detectar y caracterizar esos obstáculos que distorsionan, desvían o detienen los procesos que permiten atender y resolver, desde comunidades humanas bien organizadas, los problemas de escala e impacto nacional con efectividad, justicia y responsabilidad.”
ix. Por lo mismo, el documento reitera y subraya que el objetivo de los PRONACE consiste en “investigar y transformar las causas de los obstáculos que agudizan o impiden la solución de los problemas”, para concluir con la mística propuesta política de que “las metas serán revertir las condiciones económicas, sociales, culturales y ambientales agraviantes de los últimos treinta años, y restaurar o construir, en todos estos ámbitos, condiciones más promisorias para las mayorías de nuestro país.”
Con esa visión y objetivos del programa PRONACE, es pertinente compartir algunas reflexiones:
a. El propósito de la ciencia es generar conocimiento y expandir sus fronteras; por lo mismo, el ejercicio de búsqueda del conocimiento está por encima de la perspectiva estatal y del ejercicio del poder. Gracias a esta característica la ciencia ha podido avanzar, sin dejar de mencionar que nunca ha estado distante de dilemas sociales que requieren solución, interés que en el México del TLC y la globalización estaba contemplado.
b. Confundir el ámbito de responsabilidad de los investigadores con el que corresponde a otros actores sociales es generar problemas y desaprovechar capital humano. Durante los años 2000-2012 se pretendió convertir a los investigadores en vendedores de proyectos de desarrollo tecnológico y de innovación, lo cual ocasionó una tensión innecesaria entre académicos y tecnólogos, frenó el crecimiento de la comunidad de investigadores -en pleno proceso de expansión en ese momento- y dió lugar a que los proyectos de desarrollo tecnológico e innovación no tuvieran la contundencia que requerían por la fragilidad de una comunidad, la de tecnólogos, que apenas estaba en proceso de creación, al igual que por la carencia de fuentes de capital de riesgo y del entorno normativo necesario.
Lo que se propone en las consideraciones de los PRONACE alberga un riesgo similar. Se pide a los investigadores que asuman tareas de transformación social, petición que está fuera de su ámbito de competencia y que, en realidad, corresponde a instancias de gobiernos, comunidades, empresarios y otros actores sociales. Además, se incurre en el riesgo de desaprovechar capacidades científicas e incidir en fuga de cerebros. Esto es tan parecido como recurrir a neurocirujanos para que atiendan medicina general o a lingüistas en programas de alfabetización.
c. El éxito de las economías de punta y de las emergentes, radica en su capacidad para incorporar valor agregado mediante el desarrollo tecnológico y la innovación. Dado este factor de desarrollo, México estaba intentando fortalecer y expandir la relación entre academia y empresa, aún con todos sus errores; en este desafío la discusión radicaba en cómo la promovía el sector público, qué tanto invertir y cómo supervizar los apoyos, así como en lograr que el sector privado se decidiera a innovar y a invertir en ciencia y desarrollo tecnológico.
Empero, como lo reflejan los considerandos de los PRONACE, no solo se dejó de lado la innovación sino que se ha puesto un velo al empresariado. En su lugar se vuelve a poner a “proletarios” y “campesinos”, junto con otro difuso conglomerado social donde aparecen indígenas y ejidatarios, como los nuevos actores sociales. Este era un discurso propio de la posrevolución de 1910, en un momento en el que la ideología modernizadora de los entonces revolucionarios hechos el gobierno recurrió a la retórica socializante, pero nunca puso en entredicho ni se propuso cancelar a la propiedad privada.
Por lo mismo, en la gestión actual del CONACYT de golpe se puso en cuestión la famosa triple hélice -academia/ empresa/gobierno- como estrategia para mejorar productividad y competitividad, para en su lugar llevarnos de regreso a un México bucólico de campesinos, indígenas y proletarios disfrutando de la austeridad como modelo de vida, según la visión presidencial en “La nueva política económica”.
d. Una reflexión final. El PRONACE se dice original y con una bolsa de recursos que proyectos anteriores no habían contemplado. Empero, desde hace décadas el CONACYT ya promovía proyectos de articulación social, no únicamente con empresarios sino con comunidades rurales que requieren atención, al igual que con muchos más recursos de los que ahora se contemplan para el programa en cuestión. Si alguna diferencia existe entre los anteriores y el que ahora se propone, tiene que ver con que ahora se acentúa una suerte de trabajo social con comunidades, imbuido de militantismo con sesgo ideológico, mientras que antes se otorgaba mayor peso a la investigación y se alentaba una transferencia de conocimiento sin tintes ideológicos. Además, antes se tenía el cuidado en que el investigador transformara el entorno a partir de sus aportaciones y de la transferencia de conocimiento a los sectores público y social, mientras que ahora se le pretende encapsular como agente de transformación social bajo un esquema decidido en otro ámbito.
No obstante, y por fortuna para los investigadores, parece que no todos los grupos que están formulando las convocatorias del PRONACE se ajusten a tal visión. Revisando la propuesta para las energías titulado PROGRAMA NACIONAL ESTRATEGICO SOBRE TRANSICIÓN ENERGÉTICA (PRONACE-TE), de los doctores Luca Ferrari y Omar Masera, nos encontramos con una propuesta de contextura académica y mirando para el futuro. Por lo mismo, quisiéramos soñar en que la concepción que presenta CONACYT sea modificada, se elimine un sesgo ideológico fuera de lugar y se le dote no solo de contenido académico sino de mirada de futuro; de la misma manera, también confiemos en que los evaluadores de los proyectos que se presenten lo hagan con visión académica, tomando en cuenta antecedentes y la calidad del proyecto presentado, no pensando en los intereses de la 4T sino en lo que México requiere en CTI.
Para terminar, escribo este texto con la convicción de que en este país ya habíamos dejado de preocuparnos de lo que escribíamos para no molestar a los del poder, sin pensar demasiado en eventuales consecuencias. El sector de ciencia no puede renunciar a este logro, por el futuro del conocimiento y la búsqueda de un mejor país.
*Rafael Loyola Díaz
IISUNAM/CCGS