Opinión

Los Porkys

El Estado de Derecho y las redes sociales.

  • 31/03/2016
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A través de algunos medios de comunicación y particularmente de las redes sociales, tuvimos conocimiento hace unos días de la historia de Daphne, una joven menor de edad quien presuntamente fue abusada sexualmente en Boca del Río, Veracruz por un grupo de juniors o mirreyes -como los ha bautizado Ricardo Raphael-, a quienes se les conoce como Los Porkys de Costa de Oro.

 

De acuerdo con la información que ha circulado, en enero de 2015 cuatro jóvenes pertenecientes a familias con poder económico y político, obligaron a Daphne a subir a un Mercedes Benz en las afueras de una discoteca y la llevaron a la casa de uno de ellos donde la violaron, pero fue unos meses después, hasta que el papá tuvo conocimiento de lo sucedido, que envió una carta a los familiares de los agresores exigiendo: 1) que se disculparan con su hija mediante la grabación de un video, 2) que se abstuvieran de asistir a cualquier lugar en el que pudieran encontrarse con Daphne, y 3) que acudieran a un tratamiento psicológico.

 

Aunque supuestamente los padres de los jóvenes se comprometieron a ello, sólo cumplieron con el vídeo -que ha sido ampliamente difundido- y al parecer emprendieron una campaña de desprestigio contra la familia de Daphne por lo que el papá decidió presentar la denuncia.

 

No es fácil saber lo que en realidad pasó y eso sólo corresponde determinarlo a un juez como bien lo ha señalado el jurista Miguel Carbonell, pero no podemos desconocer que a la indignación que de manera natural genera un caso como éste, se le suma la desconfianza en el sistema de procuración e impartición de justicia así como el hartazgo por el influyentismo y la impunidad que impera en el país.

 

Coincido en la necesidad -más bien urgencia- de fortalecer nuestro estado de derecho y que no debemos olvidarnos del principio de presunción de inocencia, también en el riesgo que representa que las redes sociales se erijan en una suerte de jurado popular y provoquen linchamientos quizá irreparables a partir de la información disponible cuya veracidad es difícil de corroborar.

 

Sin embargo, tenemos que hacernos cargo que las redes sociales se han convertido en un canal de expresión para aquellos que no tienen otra forma de hacerlo así como en un efectivo medio de presión social, y que no es estigmatizando o intentando limitarlas como se va a resolver un problema que es real: la ausencia de justicia particularmente para quienes no tienen los recursos para enfrentarse a un aparato muchas veces lento, poco profesional y corrupto sobre todo en los estados y qué mejor muestra que la pobre actuación del Fiscal General de Veracruz o la posición asumida por el inefable Javier Duarte.

 

La mayor responsabilidad para recuperar la confianza en las instituciones de justicia recae en los operadores del sistema (policías, ministerios públicos, jueces) y en los gobernantes, quienes para empezar deben predicar con el ejemplo y abstenerse de hacer uso de su influencia política. En tanto, y sin prejuzgar, celebro que este caso haya cobrado visibilidad y relevancia gracias a la difusión que ha tenido a través de las redes sociales. Estaremos muy atentos a su desenlace.

 

@agus_castilla

@OpinionLSR