Sumisión del Legislativo
En uso de las facultades que le confiere la fracción II del artículo 71 constitucional, relativas al derecho de iniciar leyes, el abogado y senador Ricardo Monreal Ávila, titulado por la Universidad Autónoma de Zacatecas y doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, presentó una iniciativa de ley cuyo objeto es “moderar algunas de las comisiones bancarias que actualmente se cobran a los usuarios de tarjetas de crédito”.
La medida generó una reacción positiva entre los tarjetahabientes, mientras que los representantes de esas instituciones manifestaron, como era lógico, su descontento.
No mucho después, la Bolsa Mexicana de Valores también reaccionó a la iniciativa, con un desplome de 5.81 por ciento en su Índice de Precios y Cotizaciones, lo que motivó a que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador saliera a precisar que en los primeros tres años de su gobierno “no habrá reformas fiscales ni se tocarán las reglas bancarias”.
Y aunque no existe regulación expresa en el sentido de consultar con expertos sobre la conveniencia de modificar o generar nuevas leyes, la cámara de origen —diputados o senadores— tiene por costumbre asesorarse con las dependencias del Ejecutivo que pudieran tener atribuciones sobre el tema que se legislará y con quienes considera avezados en determinadas materias, por lo que resulta poco creíble que este detalle se le hubiera olvidado al ex gobernador zacatecano y ex delegado de Cuauhtémoc, quien más pronto que tarde salió a informar que abrirá un proceso de diálogo con banqueros y grupos financieros pues “no somos una horda de salvajes”.
Menos creíble resulta que —tratándose de un tema tan delicado— no lo hubiera consultado primero con el presidente electo, con el próximo secretario de Hacienda y con el gobernador del Banco de México, a sabiendas del rechazo que la propuesta generaría entre las instituciones bancarias y financieras, a pesar de la previsible reacción positiva de la opinión pública.
Menos creíble resulta si se toma en cuenta que Monreal Ávila fue diputado federal en tres ocasiones (dos por el PRI y una por Morena) y dos veces senador de la República, lo que demostraría sensibilidad y conocimiento en torno del quehacer legislativo.
La iniciativa, por otra parte, puso al Congreso de la Unión —de mayoría morenista— en una disyuntiva interesante: por una parte, de continuar el proceso para modificar la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y dar gusto a quienes ven en la medida un freno a la “usura” de la banca, los legisladores terminarían enfrentándose al nuevo presidente constitucional, ya que el tabasqueño podría verse impedido para frenar la publicación de dichas reformas, si las dos terceras partes de la cámara de origen y, en su momento de la cámara revisora decidieran no modificar el proyecto original, con lo que no le quedaría otro camino que publicarla en el Diario Oficial de la Federación y cumplir con ello la ruta de su vigencia.
Escenario altamente improbable, a pesar de que Ricardo Monreal ha salido a defender la “independencia” del poder Legislativo y ha señalado que continuará con el proceso de marras, pues la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky se apresuró a señalar que no se trata de una iniciativa de ese partido, con lo que se pretendió limitar el daño producido por su inadecuado manejo.
En el otro extremo de la disyuntiva, se entendería la existencia de una sumisa alineación del Congreso al nuevo presidente, como ya quedó de manifiesto con la inconstitucional concesión de licencia al senador Manuel Velasco Coello, para que regresara a Chiapas como gobernador, medida —por cierto— defendida por Monreal Ávila, para quien el derecho de Manuel Velasco resultó estar por encima de la Constitución. Independencia del Judicial
Otro hecho trascendente fue la declaratoria de invalidez total de la Ley de Seguridad Interior, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha norma pretendió en su momento regular la actuación de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia organizada, medida que resultaba urgente y necesaria en razón de que la presencia del Ejército en las calles es violatoria del artículo 129 constitucional, en lo relativo a que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Si la pretensión de legisladores como Roberto Gil Zuarth y Javier Lozano Alarcón era mantener al Ejército en tareas que no son de su competencia por tiempo indefinido, la declaración de invalidez, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vuelve a dejar en el limbo jurídico a la actuación de las fuerzas armadas, en un momento en que el presidente electo se ha decantado por incrementar la presencia militar, bajo el eufemismo de “guardia nacional” integrada por elementos del Ejército Mexicano, Marina y Policía Federal.
Antes que atender las recomendaciones de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, que han analizado a profundidad el fenómeno de la violencia y han concluido que, lejos de remediar el problema, la presencia del Ejército la agrava, López Obrador terminó por desdecirse de su discurso de campaña relativo a que retiraría al Ejército de las calles y, por el contrario, creará otro cuerpo militarizado, lo que augura la continuidad de la violencia y la poca intención de buscar otras alternativas de control de la delincuencia organizada.
Desde luego que la determinación de la Suprema Corte resulta loable, toda vez que la norma invalidada era claramente violatoria de derechos humanos, entre los que destacaban el derecho de acceso a la información, pues su artículo 9o señalaba que la información generada con motivo de su aplicación era considerada de “Seguridad Nacional”, lo que equivale a decir que resultaría reservada, en razón de que así lo estipula el artículo 104 de la propia Ley General de Transparencia.
La sumisión de poder Legislativo respecto de los designios del presidente electo, prefiguran un escenario preocupante de lo que será el próximo gobierno. Sus cuestionamientos contra el poder Judicial demuestran su interés por socavar su independencia, lo que no debe ocurrir en modo alguno.
Ahora más que nunca el dictum de Acton debe hacernos reflexionar sobre los problemas que se avecinan si el próximo gobierno continúa con su estrategia de debilitar la autonomía de los poderes. “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.