El presupuesto “base cero” es el eufemístico nombre del recorte al gasto público. Salud, educación, programas sociales, infraestructura, se verán afectados con la disminución de recursos; si bien les va tendrán un monto equivalente; si mal, desaparecerán.
Corresponde a la Cámara de Diputados la discusión y la aprobación del Presupuesto de Egresos, puede incluso modificar la propuesta que les envíe el Presidente de la República. Sin embargo, los diputados carecen de la atribución de iniciativa presupuestal, lo que incluye proponer rubro de gasto.
Las razones son simples: primera, el constitucionalismo supone frenos y contrapesos (si el Ejecutivo propone, la representación popular discute, modifica y aprueba); segunda, basada en la especialización y corrección funcional: el Ejecutivo tiene una mejor dotación de recursos humanos y técnicos para integrar un presupuesto basado en políticas públicas y en técnicas de programación.
La representación supone deliberación, acuerdo político. Que la representación popular se inmiscuya en la proposición de rubros y en su aprobación ha resultado en malas combinaciones: El pork barrel que en su versión sanlazarina ha desembocado en los “moches”. Un ejemplo, para libro de texto, es el del diputado Villarreal quien presumió como logro el apoyo con recursos presupuestales a un centro cultural presidido por un familiar muy cercano.
Es un caso claro de patrimonialización privada de recursos públicos que es el caso extremo de casos similares: Empleo de tales recursos para beneficio privado, sea económico o bien de usufructo político, cuando no de clientelas.
El presupuesto base cero es una metodología que supone un criterio técnico: el rubro de gasto parte de cero y debe justificarse a partir de su costo beneficio, es decir, de su rentabilidad social y económica. La rentabilidad política de los rubros presupuestarios propuestos por cada diputado orientados por su propio interés y por la negociación política, reñirían radicalmente con tal metodología. Si en el Presupuesto 2016 se reiterara tal práctica, la discrecionalidad política seria inmune a la metodología.
La costumbre en la Cámara de Diputados y la complacencia del Ejecutivo para decidir de tal forma parte del presupuesto (se calcula que son alrededor de 20 millones de pesos para cada diputado), es ejemplo de los contextos de institucionalización de la corrupción y de los crecientes montos presupuestales que se autoasignan las élites políticas.
El presupuesto destinado a los partidos políticos también es inmune a la metodología de base cero, pero, además, es inmune siquiera a la posibilidad de discusión. Las reglas para fijarlo se han decidido constitucionalmente: su monto depende del padrón electoral y del salario mínimo (es decir, siempre crecerá). Hay inmunidad para que la ley las decida, o bien para que se fijen en el Presupuesto de Egresos de cada año. Hay una inmunidad constitucional pero tal inmunidad lo es también a la realidad.
Al fijarse las reglas de financiamiento, no se considera si las finanzas públicas están en jauja o en crisis y, por supuesto, también ignoran cuál puede ser el desempleo de los partidos políticos en el ejercicio del gobierno. Es algo así como, dicho pedestremente, si un ejecutivo de una empresa se asegurase siempre mejores sueldos y bonos, aunque la lleve a la quiebra.
Lo anterior, no es solamente una cuestión de disonancia entre los tiempos de prosperidad que, como realidad virtual, suponen las reglas de financiamiento para los partidos y los tiempos de presupuesto base cero para el resto del gasto público. Sino cómo, si la anterior es una regla de ingeniería constitucional, se construye la base entre privilegios y responsabilidades. Si no hay equilibrio entre unos y otros, se generan sujetos privilegiados pero sin responsabilidades.
Tal ha sido la moraleja de una metodología constitucional de techos siempre crecientes para los partidos políticos.