La reforma energética está lejos de haber concluido con su promulgación. Mientras que el gobierno federal se enfoca a acelerar la fase de implementación, el PAN busca posicionar públicamente su contribución al proceso y el PRD apuesta por revertir lo aprobado recientemente por el Congreso.
Como ningún otro presidente desde el inicio de la alternancia, Peña Nieto recibe el paquete de reformas que pidió para impulsar la competitividad y crecimiento de la economía. Ahora debe demostrar que es capaz de implementar cambios en las políticas públicas y pasar de las promesas a los resultados, ello justo a un año de las elecciones intermedias y en un contexto económico marcado por recortes en las expectativas de crecimiento.
El gobierno así lo ha entendido, apenas el lunes 11 de junio promulgó la reforma energética y de inmediato presentó la hoja de ruta para su implementación: acelerar “Ronda Cero” de Petróleos Mexicanos y “Ronda Uno” de licitaciones para contratos y asignaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos; emitir en agosto los decretos de creación del Centro Nacional de Control de Energía y del Centro Nacional de Control del Gas Natural, Cuarta y turnar al Senado las candidaturas de Comisionados para la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía; crear en septiembre el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y el presentar el Programa Estratégico para la Formación de Recursos Humanos en Materia de Hidrocarburos; presentar en octubre el decreto de reestructuración y modernización del Instituto Mexicano del Petróleo, publicar los lineamientos para la emisión de los Certificados de Energías Limpias y todos los reglamentos respectivos, salvo el de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección del Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, el cual deberá publicarse en 90 días.
Dos días después de este anuncio se adelantó la presentación de la Ronda Cero para Pemex, con lo cual esta empresa mantiene los proyectos en desarrollo y controla el 100% de las reservas probadas, 83% de las probables y 21 de recursos prospectivos. Ahora la competencia por obtener contratos en el sector se concentrará en exploración y extracción de petróleo en aguas profundas y ultraprofundas, así como gas natural no convencional.
El gobierno tiene prisa por demostrar su capacidad para dinamizar el sector, atraer inversiones y dejar todo “atado y bien atado” ante el riesgo que representa la posible convocatoria a una consulta popular. Pues esta semana no sólo el Presidente presentó su hoja de ruta, el mismo día el PRD anunció su propio decálogo para la resistencia, el cual incluye apoyo jurídico a ciudadanos y trabajadores de Pemex y CFE afectados; recopilación de firmas para convocar a consulta popular; denuncias internacionales ante violaciones a derechos humanos y nacionales ante actos de corrupción; llamado a la unidad de las fuerzas de la izquierda, nacionalistas y progresistas; oposición organizada al despojo de tierras; rechazo a la fractura hidráulica; así como una convocatoria para que el Pueblo de México se manifieste el 16 de septiembre a las 12 del día en “plazas, calles, centros de trabajo, escuelas, edificios públicos, cuarteles de policía, zonas militares, instalaciones petroleras y de electricidad, oficinas de gobierno, por medio de los medios de comunicación disponibles, televisión, radio e Internet, su rechazo a la privatización de nuestros recursos energéticos”.
Tres elementos merecen especial consideración. Primero, que una fracción parlamentaria, la bancada del PRD en el Senado, afirme que es ilegítimo lo aprobado por el Congreso, del que es y sigue siendo parte, hasta que se ratifique a través de la consulta popular. Con lo cual no sólo descalifica selectivamente el trabajo legislativo, sino que reivindica tramposamente una función de “ratificación” que no tiene la consulta popular en México.
En segundo lugar, el PRD ha identificado en las consecuencias sociales y ambientales de la fractura hidráulica un nicho que explotar en contra de la reforma energética. Si el PRD es capaz de articular a propietarios inconformes, comunidades y organizaciones sociales, con seguridad provocará muchos dolores de cabeza en el gobierno federal y puede llegar a poner en duda la viabilidad del modelo de extracción de gas natural no convencional.
Finalmente, es claro que la estrategia del PRD para convertir la resistencia contra la reforma en votos, depende de acotar la oferta política de MORENA. El llamado a la unidad de la izquierda, nacionalistas y progresistas, tiene toda la intención de evitar la competencia con una izquierda más radical y que con toda seguridad atacará a la dirigencia perredista por su respaldo al Pacto por México y la reforma fiscal.
Para el PAN el objetivo es muy claro: convencer a los votantes de que la reforma se debe a su rol como “oposición responsable” y evitar que Peña Nieto se lleve todo el crédito de las reformas. Por lo pronto su discurso se ha centrado en insistir en lo que han denominado el ADN panista de las reformas y en instalar un grupo técnico para dar seguimiento a la implementación de la reforma energética, siguiendo la modalidad de los gabinete sombra. Habrá que ver si esta estrategia tiene impacto más allá de los propios militantes y fuerza para penetrar a la opinión pública nacional y, lo que luce más complicado, si es lo suficientemente efectiva para reposicionar a un partido incapaz de mantenerse lejos del escándalo.
Lo que es indiscutible es que en los próximos meses la reforma energética continuará definiendo gran parte del debate público y determinando las estrategias electorales de los partidos.