Opinión

Los objetivos son distintos a la realidad SSPC

Los objetivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana contrastan con lo que se vive en el día a día. | César Gutiérrez

  • 01/11/2021
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Nuevamente la sombra de la inseguridad vuelve a lacerar a la mayoría de los ciudadanos, quienes resisten los embates de la indefensión y la injusticia que se viven en las diferentes fiscalías y tribunales del poder judicial. Los funcionarios públicos que laboran en estos lugares se limitan a realizar sus actividades bajo un marco burocrático que se convierte en un vía crucis para todas aquellas víctimas del delito que interponen una denuncia. A nadie le importa lo que sucede hasta que no se vive en carne propia la corrupción del sistema para obtener justicia. 

Los objetivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana contrastan con lo que se vive en el día a día. 

Objetivo 1: Mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional para construir la paz, a fin de hacer frente a la criminalidad no sólo para prevenir los efectos negativos en la vida de las personas y las comunidades, sino para incidir en las múltiples causas que generan el problema público del deterioro de las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional que impiden la construcción de la paz, debido al incremento de los delitos que se cometen con el uso indiscriminado de la violencia, en detrimento al derecho a la vida e integridad física de la población, sin distingo de su identidad, condición y lugar de residencia.

En lo que va de septiembre el homicidio doloso registra un promedio de 83.8 casos al día, cifra 7.5 por ciento mayor al promedio de agosto, revela el propio informe de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Lo alarmante de los datos duros se debe a que durante los primeros 30 meses de la presente administración (diciembre de 2018-mayo de 2021) se han iniciado en el país 72 mil 892 carpetas de investigación y expedientes por homicidio doloso, con 86 mil  370 víctimas aproximadamente. 

Y eso sin tomar en cuenta el resto del catálogo de delitos que se cometen a diario, como el robo, el secuestro y la extorsión, ya que muchas personas prefieren hacer justicia por su propia mano, lo cual termina en un homicidio. Ese es el factor del que las autoridades no quieren dar cuenta al ejecutivo. Han sido rebasados debido a los efectos negativos que ha dejado la pandemia, como la falta de empleo, economía y educación en todo el territorio nacional.

Objetivo 2: Contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas públicas en materia de prevención de la violencia y el delito en el territorio nacional, se orienta hacia la mejora en la coordinación interinstitucional, el involucramiento de los actores sociales en el ámbito comunitario y el ejercicio de la prevención como herramienta útil para la construcción de propuestas y acciones basadas en respuestas focalizadas y participativas y no exclusivamente en mecanismos policiales y reactivos, en el marco del cambio de paradigma de seguridad que plantea la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

La prevención ha sido una total falacia en todos los ámbitos, debido a que ningún programa ha logrado abatir este índice delictivo. Casi a diario vemos cómo operan las bandas locales y de delincuencia organizada sin mayor problema en cada una de las entidades federativas, incluso hemos observado cómo en las carreteras federales y autopistas, donde antes existía cierta vigilancia o puestos de control, no hay quien vigile. La puerta está abierta de par en par. ¿A quién le conviene que esté libre el paso de todo lo ilícito? ¿Por qué la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana no implementa ningún programa o estrategia focalizada para controlar  a la delincuencia organizada? ¿Por qué los gobiernos estatales y municipales se lavan las manos y siguen sin dar soluciones a los problemas de inseguridad en sus regiones?.

Objetivo 3: Impulsar la reinserción social de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios con enfoque de respeto a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de género, diferenciada e intercultural, constituye la respuesta a los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario del país, tal como lo señala el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018 de la CNDH, en el que presenta sus resultados mostrando que la problemática entre los Centros Penitenciarios Estatales y los Federales no es común, sino específica o particular para cada uno de ellos.

Hasta el momento solo se ha avanzado para las preliberaciones en beneficio de todas aquellas personas que por alguna causa no habían sido sentenciadas y habían permanecido años y años bajo las sombras de un reclusorio. No veo gente de dinero en la cárcel, solo a  los que no pueden pagar su libertad. Si se realizara una auditoría de todos aquellos expedientes que siguen y no han sido concluidos, tendríamos muchos funcionarios de las diferentes fiscalías y del poder judicial inhabilitados por tanta omisión.

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades tecnológicas que permitan a las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno el intercambio seguro de la información en la generación de inteligencia, prevención y persecución del delito, que contribuyan en la toma de decisiones, privilegiando el uso de la inteligencia sobre el uso de la fuerza para hacer frente al problema público relativo a la insuficiente capacidad de tecnologías de la información y comunicaciones en las instituciones de seguridad, que ha limitado la coordinación para el suministro, intercambio y explotación de la información en materia de seguridad.

Hasta el momento, si bien es cierto que se ha intentado prevenir estos delitos, la realidad es que el aparato de inteligencia del estado mexicano ha sido NULO. Hemos visto muchas vulnerabilidades o posibles sabotajes en diversas dependencias, ya que no es posible que cualquier dependencia no tenga sus candados en ciberseguridad, en la protección de su infraestructura y la protección en su operatividad física interna. 

Objetivo 5: Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un país sostenible, seguro y resiliente, busca combatir las causas estructurales de los desastres y fortalecer las capacidades de resiliencia de la sociedad; conlleva un conjunto de acciones institucionales para cumplir con una de las atribuciones sustantivas conferidas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de acuerdo con el principio rector del PND 2019 - 2024: No dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera.

Para muestra un botón, la agenda nacional de riesgos no está integrada para que para que su funcionamiento brinde resultados Dentro de estos objetivos estratégicos y el programa sectorial para la seguridad nacional no se habla de prevención, más bien se ha tenido una actitud reactiva. Los índices delictivos en cada uno de los rubros de inteligencia arrojan una falta de análisis de la situación, esto se ha traducido en los datos duros del índice delictivo de cada entidad federativa, ante la falta de una estrategia que brinde resultados. No han sido analizados con imparcialidad por todos aquellos maestros en seguridad nacional, que cobran muy bien, pero que no son productivos en su materia debido a que politizan los objetivos con el fin de desacreditar a los diferentes niveles de gobierno, tratando de eximirse de la responsabilidad que a cada nivel de gobierno le corresponde. 

Por último, ha circulado un video en las diferentes redes sociales donde civiles tratan de negociar con personal militar la liberación de un presunto criminal. Ofrecen la cantidad de tres millones de pesos en efectivo por la liberación de Francisco Javier Arvizu, alias “El Jaguar”, líder de los jaguares, una célula de sicarios que forma parte de Gente Nueva, perteneciente al Cártel de Sinaloa . “El Jaguar” es señalado por autoridades mexicanas y el FBI. Datos de inteligencia del FBI lo ubican como responsable de ordenar el ataque contra integrantes del grupo criminal la línea, que derivó en la masacre de los integrantes de la familia LeBarón. Los pobladores al no poder corromper a los soldados optaron por agredir al personal policíaco y militar, utilizando a mujeres y niños, quienes bloquearon la circulación del convoy del Ejército y la Guardia Nacional, utilizando piedras, palos y bombas molotov. Con este hecho queda claro y se demuestra, para quienes piensan que se protege al Cártel de Sinaloa, que no hay grupo criminal privilegiado ni consentido. El Ejército Mexicano sigue cumpliendo con su misión de brindar seguridad a los mexicanos. 

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