Intocables son los políticos en nuestro país, especialmente los corruptos. Así lo demuestran una vez más los medios de comunicación que hacen eco de los resultados de la investigación realizada en otro país, por supuesto, en la Corte de Texas de Estados Unidos, que dan cuenta de los recursos públicos robados por Moreira y sus cómplices los cuales ascienden a cientos de millones de dólares.
¿Qué ha pasado en México con el caso del ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira? Absolutamente nada. Por supuesto, desafortunadamente, no es algo que sorprenda a los ciudadanos de este país. Todos conocemos al político corrupto de la puerta de al lado que vive con recursos provenientes de fuentes desconocidas, por decir lo menos, o ilegales pero que navegan con bandera de “honesto”, “transparente” o “limpio” o, cuando menos, esa es la imagen que pretenden dar a los ciudadanos. El colmo ya es escuchar a los corruptos hablando de corrupción y de cómo enfrentarla. Es fácil hacerlo cuando no se tiene ningún pudor y nadie que los reconvenga públicamente por sus actividades corruptas. Es una verguenza.
El caso de Moreira es uno más de los casos en los que no se ha hecho nada en nuestro país. Una vez más las autoridades en México no asumen sus responsabilidades y enfrentan la corrupción con las armas jurídicas con las que cuentan. La investigación realizada en Estados Unidos respecto del caso Moreira da cuenta de algo conocido por todos, que los políticos corruptos tienen siempre cómplices: compañeros servidores públicos, jefes, pares, subalternos, empresarios, dueños de medios de comunicación, constructores, proveedores de bienes o servicios, entre otros. Así consta también, según lo difunden algunos medios de comunicación, en la investigación llevada a cabo en el en extranjero, que se identifica la complicidad de, al menos, otras 8 personas, varias de las cuales se encuentran presas en Estados Unidos.
La forma en la que los gobiernos federales mexicanos mercadean con la información en investigaciones que tienen sobre los políticosde la oposición, es indignante. Cómo exigir que se nos respete en el extranjero si en nuestra cara cualquier servidor público hace una fortuna de la noche a la mañana sin mayores esfuerzos y lo único que hacen, los más listos, es tratar de gastarla en efectivo o en el extranjero. La forma de vida que se da tanto en nuestro país como en el extranjero, resulta insostenible con los ingresos que declaran cada año. Intentan aparentar sencillez y austeridad en el ejercicio de sus encargos, pero en privado y con sus cómplices, los excesos pagados por sus corruptelasse ponen en evidencia.
En el transcurso de un año los mexicanos hemos conocido una y otra vez de fortunas inexplicables, dispendios injustificables, adquisiciones inconfesables, uso ilegal de recursos públicos: casas, helicópteros, conflictos de interés, tráfico de influencias, negocios personales, moches, lavado de dinero y las consecuencias jurídicas siguen brillando por su ausencia. Es cierto, el problema es que las leyes no se cumplen, pero también lo es que las leyes dan cualquier cantidad de salidas a aquellos que las hacen y a los que las aplican, para su beneficio personal.
Lo que evidencia el caso Moreira es lo que más debe preocuparnos a los mexicanos. A la inactividad de las autoridades para combatir la corrupción se une otro hecho innegable, que los mismos que hacen las leyes son los primeros que piensan, antes de aprobarlas, la forma para evitar caer en los supuestos o tipos previstos por la norma. Lo anterior tiene como consecuencia que el corrupto sabe que no enfrentará a la justicia por su actuación ilegal y, por tanto, siga llenándose los bolsillos cuidando de vender o transmitir a los ciudadanos otra imagen. No existen incentivos jurídicos en nuestro país para frenar la corrupción porque la ley no se aplica nunca.
¿Cuándo perdimos la capacidad como sociedad de exigir cuentas, de que se sancione a los corruptos? ¿Cuándo perdimos el valor de la honestidad como uno de los fundamentales para cualquier servidor público? ¿Cuánto empezamos a rendir pleitesía a los delincuentes que se solapan unos a otros? ¿Cuándo, como ciudadanos, dejamos de condenar socialmente a este tipo de personajes? ¿Por qué los corruptos viven rodeados de una corte imperial, en los mejores lugares y enriqueciéndose con negocios turbios, en los que usan sus influencias o donde se evidencia un conflicto de interés,con la finalidad de obtener un beneficio personal y no para el país?
Exijamos que las autoridades cumplan con sus obligaciones e investiguen y castiguen a los servidores públicos corruptos. Pero como ciudadanos, no dejemos que éstos continúen paseándose impunemente, que estén sentados al lado de nuestras familias en los mismos restaurantes, que convivan con nosotros todos los días como si nada pasara. Denunciemos el uso ilegal de las prestaciones a que tienen derecho por motivo de su cargo determinados funcionarios públicos y con los que solventan cuestiones domésticas con cargo al erario,el uso abusivo e ilegal de los recursos públicos,la adquisición de bienes para uso personal, y el uso de sus influencias para gestionar, aprobar o acordar negocios de los que derivan beneficios personales fuera de la ley.
Por último, me permito hacer dos propuestas con la intención de poner freno a este tipo de actuaciones: La primera, la prohibición de legisladores y funcionarios públicos de niveles superiores para recibir cualquier otro tipo de ingreso, dividendo, ganancias que no provenga del sueldo que cada cargo tiene determinado en el presupuesto de egresos de la federación y en la normatividad aplicable. Lo anterior haría más fácil determinar con toda claridad los funcionarios públicos que viven por encima de sus ingresos y actuar en consecuencia.
La segunda, la obligación a los notarios públicos de todo el país de hacer del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública y de las contralorías estatales la constitución de cualquier asociación o sociedad, con o sin fines de lucro, en la que intervenga cualquier funcionario público de alto nivel o de sus familiares o subordinados jerárquicos.
Esta propuesta tiene por objeto limitar la entrada de recursos ilegales al patrimonio de los servidores públicos mediante la constitución de diversas personas jurídicas con la finalidad de recibir estos recursos, de las que, en breve tiempo, desaparecen como socios.