Opinión

Los independientes en Puebla

El caso de solicitud de ampliación para recabar apoyos por parte de candidatos independientes en Puebla, es novedoso | Francisco Zorrilla

  • 07/03/2018
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El lunes de la semana pasada, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió un asunto por demás interesante, vinculado con el plazo para recabar las firmas de apoyo necesarias para registrarse como aspirante independiente a la gubernatura del estado de Puebla.

La ley electoral del estado de Puebla[1] establece que los aspirantes a ser candidatos independientes contarán con treinta días, previos al inicio del periodo de registro de candidatos para recabar el apoyo ciudadano requerido, así como el llenado de los formatos que lo acrediten.

Al considerar que el plazo era insuficiente para recabar los apoyos requeridos, dos aspirantes solicitaron al Instituto Electoral local que les concediera una ampliación para recabar los apoyos, lo cual no les fue aprobado. Una vez agotados los medios de impugnación ante el tribunal electoral local, el asunto llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral.

En este asunto, la mayoría de los magistrados determinó que la norma electoral poblana resultaba inconstitucional porque la combinación del porcentaje de apoyo ciudadano (3% de firmas de la lista nominal del estado) y el tiempo para ello previsto (30 días), si bien no generaban una situación de imposible cumplimiento, sí resultaba un requisito desproporcionado y no razonable, y por lo tanto se hacía inviable la postulación de esos candidatos.

Para llegar a esa conclusión, la sala superior valoró un dictamen actuarial que las partes ofrecieron como prueba respecto de la desproporcionalidad de la medida prevista en la ley y, a partir de ello, determinaron que debía inaplicarse esa norma en el caso concreto.

El caso es novedoso

Primero por el uso de evidencias científicas o, en este caso, opiniones o dictámenes técnicos como medios de prueba. Ello nos lleva a revisar y discutir cómo pueden las y los jueces allegarse de información técnica o científica para resolver una controversia, qué parámetros deben usarse; en caso de un diferendo entre posturas de las y los magistrados, como fue el caso, qué evidencia debe considerarse como fiable.

La segunda razón por la que reviste atención el caso es porque sin contradecir abiertamente lo que ha razonado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, en el sentido de que las legislaturas de los estados tienen amplio margen para regular lo relativo a las candidaturas independientes. El Tribunal Electoral analizó la aplicación concreta de la norma, y sin dejar de reconocer la libertad configurativa del legislador local, concluyó que esa norma no era razonable para los fines que persigue y por lo tanto debía inaplicarse.

Sobre esto último gravita la tercera razón por la que la sentencia del Tribunal Electoral es importante, es decir, porque a diferencia de otros casos que ha conocido ese tribunal previamente, en el presente asunto sí se analizó si la norma secundaria al regular un derecho fundamental encontraba una justificación racional en el fin legítimo para el que se instrumentó y, a partir de eso, si resultaba acorde con la Constitución.


[1] Artículo 201 Ter, apartado C, fracción IV, inciso B del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Puebla.

@pacozorrilla | @OpinionLSR | @lasillarota

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