Opinión

Los incentivos de la corrupción

Sin la participación ciudadana, tengamos la seguridad que la corrupción seguirá arraigada entre nosotros.

  • 14/05/2015
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Conforme pasa el tiempo van revelándose de manera cada vez más recurrente nuevos escándalos asociados a la corrupción en nuestro país, lo que quizá responda en buena medida a la temperatura política que genera un proceso electoral en el que se disputan 9 gubernaturas y poco más de 1000 gobiernos a nivel municipal (si consideramos a las 16 jefaturas delegacionales del DF), y a la estrategia de descalificación del adversario que han desplegado los partidos políticos.

 

Por las razones que sea, lamentablemente los ejemplos de corrupción surgen por todos lados y, salvo en muy contadas excepciones, generalmente no tienen mas consecuencia que el impacto mediático de momento. Entre los casos más recientes podemos mencionar las grabaciones en que directivos de la empresa OHL hablan de un sobre precio en la construcción del Viaducto Bicentenario en el Estado de México, así como el número de propiedades que han acumulado el Gobernador de Nuevo León y sus familiares.

 

Sin duda se trata de uno de los temas más importantes en la agenda pública dados los altos costos económicos y sociales que representa (se habla de 1.5 billones de pesos anuales), por lo que más allá de la coyuntura electoral e incluso de las recientes reformas legislativas, es indispensable que se profundice en la discusión de sus causas como condición para poder implementar medidas eficaces destinadas a su prevención y combate.

 

Resulta paradójico  que en un afán más bien justificatorio o complaciente, haya sido Peña Nieto quien detonó el debate actual sobre el origen de la corrupción al afirmar que se trata de un asunto de orden cultural y por tanto sólo se puede afrontar a través de nuevos valores éticos y morales.

 

Coincido en que la educación es un factor muy importante y que tampoco podemos prescindir de un marco jurídico acorde con lo que se está viviendo, pero me parece que debemos centrar nuestra atención en el esquema de incentivos prevaleciente pues como lo han señalado diversos analistas, mientras el beneficio de incurrir en prácticas violatorias de la ley sea mucho mayor al costo y siga existiendo un pacto de protección mutua entre los integrantes de la clase política, difícilmente podremos avanzar.

 

Volvamos al ejemplo de Rodrigo Medina. A pesar de los señalamientos que se han venido haciendo de tiempo atrás sobre la influencia y dudosas actividades de su papá, y ahora de la construcción de una residencia con un valor superior a los 20 millones de pesos que rebasa por mucho el monto de sus ingresos obtenidos en los 6 años al frente de la administración estatal y de la supuesta venta de otro inmueble de su propiedad, lo más probable es que al término de la gestión podrán retirarse a disfrutar de la vida sin mayor problema.

 

Es cierto que en tanto un juez no determine su responsabilidad se debe presumir inocencia, pero también es sabido que a menos que caiga en desgracia política o que triunfe la oposición, no se va a realizar ninguna investigación seria y la “verdad legal” distará mucho de corresponder a la realidad, por lo que lejos de que la “aplicación de la justicia” tenga efectos inhibitorios, este tipo de casos alientan conductas contrarias a la norma al quedar demostrado que son ampliamente redituables y que los riesgos y consecuencias son mínimos.

 

En este sentido la pregunta obvia sería ¿cómo cambiar los incentivos? y de nuevo me parece que la respuesta es: Con base en las denuncias públicas y presión social que logren elevar el costo y obliguen a retirar la protección tácita de que gozan los políticos para que entonces la vía jurídica pueda funcionar. Sin la participación ciudadana, tengamos la seguridad que la corrupción seguirá arraigada entre nosotros.

 

@agus_castilla