El combate a la corrupción fue una las principales banderas de campaña del entonces candidato opositor Andrés Manuel López Obrador y se ha convertido en parte fundamental del discurso gubernamental. A la menor provocación, el presidente pide que no lo confundan con sus antecesores y asegura que ya no hay corrupción en México.
Sin embargo, poco a poco se ha ido develando la presencia de las mismas prácticas que, con toda razón, provocaron el hartazgo de la sociedad y en buena medida definieron el sentido de su voto. Diversos casos que se han dado a conocer evidencian que la utilización de recursos públicos con fines político-electorales -tal y como lo han denunciado integrantes de Morena respecto a la utilización de los programas sociales para incidir en sus procesos internos-, los negocios al amparo del poder público, el conflicto de interés, tráfico de influencias así como la aplicación selectiva de la justicia distan mucho de ser ajenos a esta administración.
Uno de los primeros casos fue el del empresario farmacéutico y delegado del gobierno federal en Jalisco Carlos Lomelí, que de acuerdo a investigaciones periodísticas se aprovechó del cargo para beneficiar a sus empresas a través de familiares y colaboradores, por lo que tuvo que renunciar en julio del año pasado. Sin embargo en enero de este año, una de las empresas vinculadas a Lomelí recibió nuevos contratos por 128.6 millones de pesos. También Ana Gabriela Guevara, titular de Conade se ha visto involucrada en escándalos públicos primero por presunto desvío de recursos, y recientemente empresarios veracruzanos la denunciaron por extorsión al solicitar dinero para otorgarles un contrato de servicios de alimentos.
Pero probablemente los casos más emblemáticos hasta ahora, y que contradicen la narrativa gubernamental de que se acabó con la corrupción, los favoritismos y la impunidad tolerada desde los altos puestos, son los de Ricardo Salinas Pliego y Manuel Bartlett, quienes han sido ampliamente beneficiados por este gobierno y cuentan con todas las consideraciones.
Tal parece que al polémico dueño de Grupo Salinas se le tolera todo. No sólo se le otorgó la distribución de los recursos de programas sociales a través de Banco Azteca, la Secretaría de Educación Pública, encabezada por quien fuera su colaborador durante dos décadas, absorbió los gastos de su programa de orquestas infantiles convirtiéndolo en un programa público y le asignó un contrato por 969 millones de pesos para el aseguramiento de los bienes inmuebles de la SEP en un claro conflicto de interés -el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Cdmx también le dio a Seguros Azteca Daños otro contrato por 319 millones de pesos al mes mediante adjudicación directa-, sino que han permitido que sus empresas operen con normalidad tanto en oficinas como en las tiendas a pesar de no ser actividades esenciales, incumpliendo flagrantemente con las medidas sanitarias y de distanciamiento social.
Particularmente sorprende la condescendencia de López Obrador ante el llamado del conductor del noticiero más importante de TV Azteca para que la población no hiciera caso de la información oficial sobre la pandemia, siendo que ha sido implacable con otras empresas, e incluso con otros medios de comunicación por publicar el resultado de investigaciones periodísticas que le causan mucha irritación por exhibir prácticas contrarias a lo que pregona todos los días.
Por su parte, Bartlett se ha convertido en un personaje que goza de toda la protección de esta administración. A pesar de que no se acreditó el origen de la fortuna que han acumulado en propiedades su concubina y sus hijos, y que éstas no fueron declaradas por el director de la CFE, la Secretaría de la Función Pública lo exoneró utilizando argucias legales similares al caso de la tristemente celebre “casa blanca” de Peña Nieto. Ahora se ha revelado que su hijo, León Manuel Bartlett, ha conseguido mediante adjudicación directa, contratos por 162 millones de pesos en este gobierno del que su papá es alto funcionario. Dentro de estos contratos, vendió al IMSS 20 ventiladores a un precio elevadísimo de 31 millones de pesos, es decir, cada ventilador nos costó un millón 550 mil de pesos, siendo que por ejemplo el canciller Marcelo Ebrard informó que él realizó otra compra de ventiladores a precios mucho más bajos de entre 385 mil y 600 mil pesos cada uno. Habrá que ver qué concluye en esta ocasión la Secretaría de la Función Pública, pero no es mucho lo que se puede esperar.
También hay que señalar que no es la primera vez que se cuestiona al IMSS por la compra de ventiladores, pues le adjudicó a una empresa, Levanting Group” que no contaba con antecedentes en la venta de equipos médicos y en cambio si tenía señalamientos por corrupción, la compra de 2,500 ventiladores por un precio muy elevado de 93 millones de dólares. Se entiende que ante la gran demanda mundial, una limitada oferta y el sentido de urgencia se eleven los precios, pero dentro de un margen de racionalidad y siempre sujeto a la rendición de cuentas. Lamentablemente hay quien se aprovecha de la pandemia para lucrar y favorecer a los amigos, exactamente igual que en otros tiempos.
RÉPLICA
