A partir de la difusión del video en el que aparece un grupo de diputados en plena fiesta que provocó indignación en buena parte de la opinión pública, así como la destitución del coordinador y vice-coordinador del grupo parlamentario del PAN, se ha abierto un intenso y necesario debate respecto a los límites entre la vida pública y privada de los políticos.
Las posiciones que se han manifestado principalmente en redes sociales y columnas periodísticas son muy diversas y van desde quienes defienden el derecho a la privacidad por lo que señalan que al tratarse de un evento en una casa particular fuera de horarios laborales no debería ser objeto de escrutinio público, hasta quienes consideran que por el cargo que detentan todos sus actos son públicos y han condenado severamente la actitud de los diputados exigiendo que se les sancione.
Entre ambas posturas existen matices. Por ejemplo muchos sostienen que el centro del debate está en si se utilizaron recursos públicos para pagar la fiesta, en tanto que otros piensan que aún cuando no existiera ilegalidad alguna es reprobable la doble moral con que se comportan.
Las opiniones son muy variadas, pero me parece que nadie puede cuestionar que los videos fueron utilizados con fines políticos, y que el impacto a la de por sí menguada imagen del PAN ha sido enorme.
Ahora bien, tratando de hacer a un lado las inevitables pasiones e intereses que naturalmente se generan en torno a este tipo de asuntos habría que preguntarnos que fue lo que realmente se involucró en este caso, que fue lo que propició que tuviera mayor relevancia que acontecimientos similares o incluso de mayor gravedad como los videos de presidentes municipales y del hijo del gobernador de Michoacán con La Tuta.
Para empezar este asunto no debe analizarse desde una óptica moralista, si acaso eso se lo debemos dejar a sus familias. Se trata de reflexionar respecto a si los diputados en tanto servidores públicos y miembros de un partido político incurrieron en conductas indebidas.
Efectivamente uno de los principales aspectos consiste en identificar quién pagó el evento, ya que no es admisible que la diversión de estos personajes haya sido cubierta con recursos del grupo parlamentario que a fin de cuentas son públicos, pero tampoco es suficiente responder que fue con recursos privados.
No es lo mismo que los diputados se hayan cooperado con recursos propios, a que un tercero generosamente haya pagado la renta de Villa Balboa -que cuesta más de 30 mil pesos por día- o los cinco mil pesos por los servicios de cada una de las “bailarinas”, más la banda de músicos, la comida, bebida y hasta condones, ya que es difícil creer que alguien desembolsó tal cantidad de dinero sin ninguna otra intención que agasajarlos.
Si a ello le sumamos que aparentemente el espléndido mecenas fue ni más ni menos que un sujeto acusado de narcotráfico y homicidio, el asunto se complica. Por lo menos de lo que no cabe la menor duda es que su relación con algunos de los diputados era muy estrecha, lo cual no es una buena noticia y menos después de los escándalos previos que han dejado muy mal parado al PAN y en general a la clase política.
Por otra parte, no podemos soslayar que esta fiesta se realizó durante la reunión plenaria del grupo parlamentario en la que supuestamente se iban a discutir temas de la trascendencia de las reformas electoral, energética y de telecomunicaciones, lo que demanda total seriedad y atención que difícilmente se pueden mantener después de tamaña francachela.
Una vez más los políticos se presentan ante la opinión pública como irresponsables, insensibles, frívolos y despilfarradores. En el video se muestra un nivel de vida y de gozo excesivo, particularmente cuando los niveles de desempleo son tan altos y la mayoría de la gente se truena los dedos para pagar la renta o cubrir los gastos mínimos para su subsistencia.
Finalmente, no debemos olvidar que sí bien las personas públicas están en su derecho a llevar su vida privada como mejor les parezca, se encuentran más expuestos y tienen un deber de cuidado frente a sus representados y a la institución a la que pertenecen, por lo que las consecuencias de sus actos les trascienden y deben asumir dicha responsabilidad.