Prepare sus analgésicos para la mañana del 7 de junio (y los que sigan) pues, todo indica, los resultados de la jornada electoral podrían generar dolores de cabeza colectivos. Si las encuestas aciertan, no habrá derrotas o hegemonías absolutas para nadie, sino triunfos divididos con una elevada dosis de judicialización.
En alrededor de cinco estados en donde se elige gobernador, las diferencias entre el primero y segundo lugar pudieran ser tan pequeñas, que todo triunfo sería rebatido. Súmele a lo anterior el dato de Javier Márquez quien sugiere que, en 52 de los 300 distritos de mayoría para diputados federales, la diferencia entre los candidatos punteros es menor a cinco puntos. Esta circunstancia de resultados inciertos nos llevaría a que las cortes resuelvan lo que el electorado no determinó con contundencia.
No es que toda la elección esté en el aire, o que sea imposible tener por cierto algunos desenlaces. Antes lo contrario: en cuando menos seis entidades hay candidaturas tan robustas que poco se cuestiona sobre sus posibilidades de éxito, y existe un consenso amplio entre encuestadores de que, para la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados obtendrían al menos la mayoría absoluta (más de la mitad del total de los votos).
El asunto está en que, ante triunfos divididos, el costo marginal de perder una elección para que asuma la victoria el de enfrente es bastante elevado. Ese costo genera todos los incentivos para luchar, con fuerza implacable, cada resultado no favorable o controvertible.
Las posibilidades de nulidad no son ajenas a la historia cercana: en el 2015, el Tribunal Electoral anuló la elección a gobernador de Colima. Esto ocurrió porque se actualizaron un par de supuestos: uno, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue menor al cinco por ciento (resultó en dos décimas), y; dos, se acreditaron violaciones graves, dolosas y determinantes, manifestada en la intervención electoral del entonces gobernador del estado.
También han sido anuladas elecciones a alcaldes, diputaciones federales y locales, porque así lo estimaron necesario los tribunales, según las causas de nulidad específicas a cada tipo de elección.
Por ello, si en la mañana del 7 de junio usted aprecia que hay un buen puñado de gubernaturas con resultados cerrados, y elecciones a diputaciones federales con números en suspenso, prepárese para:
1. Un intenso periodo de judicialización postelectoral
2. Un litigio de comunicación para ganar en los medios lo que se está peleando en las cortes
3. Una distribución de culpas políticas con señalamientos de intervencionismo
Este riesgo de polarización (todavía más), sobre quién ganó en dónde y quién intervino más, sólo podrá prevenirse si tenemos resultados claros, con victorias holgadas y una elección ejemplar. De no ser así, los dolores de cabeza se avecinan.