Pasada la contienda electoral más grande la historia del país y con la mayor parte de los resultados para el congreso, el ejecutivo y los distintos niveles de gobierno que fueron mayoritariamente ganados por Morena, toca ahora retomar la gran agenda nacional en todas las materias posibles. En su discurso ante la nación el pasado 1º de julio Andrés Manuel López Obrador insistió en que garantizará las libertades civiles, entre ellas la libertad de expresión, el tono aludía especialmente a que no habría censura.

Si bien para que la libertad de expresión sea saludable se requiere garantizar la obligación de respeto, que en clave de derechos humanos significa la no intervención de agencias estatales para evitar la censura, también es indispensable que dichas agencias garanticen las obligaciones de protección y promoción.

A lo largo de las campañas los candidatos y sus partidos abordaron entre poco y nada propuestas para garantizar la libertad de expresión, siendo México uno de los países más riesgosos para ejercerla a través del periodismo. Otras dimensiones asociadas a la libertad de expresión como el derecho a la información, pluralismo, diversidad, acceso a la información, entre otras, también cuentan con serios obstáculos, como quedó documentado por el informe que presentaron el pasado 19 de junio los Relatores de Libertad de Expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), producto de la visita oficial que hicieran en noviembre de 2017. De acuerdo a las recomendaciones de este informe, son varias las aristas que se tienen que solucionar en materia de libertad de expresión y que tienen que ver con varias instancias del aparato estatal, veamos algunas.

Inclusión y brecha digital

Varias personas expertas en telecomunicaciones han insistido en la urgencia de reducir la brecha digital para conectar a poco más de la mitad de la población que no tiene acceso a los servicios de banda ancha que les impide la habilitación del ejercicio de varios derechos humanos.

El documento proyecto de Nación de Morena en el apartado de economía y desarrollo, tiene como principal objetivo trabajar en este terreno para ampliar la cobertura de banda ancha para las zonas marginadas de México a precios accesibles, crear el Fondo de Cobertura Social de Banda Ancha e incentivar a los operadores a ampliar la cobertura mediante un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. El plan se centra en disminuir la brecha de acceso a la banda ancha en los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

Para ello se proponen contar con un inventario para identificar las áreas geográficas que no tienen acceso o es limitado,  identificar el espectro en estas regiones que no estén siendo utilizadas por los actuales operadores y en su caso poder subarrendarlo, y, entre otras medidas, otorgar concesiones para uso público o social para que las comunidades y organizaciones lleven servicios de telefonía móvil e Internet para lo cual se les otorgará apoyo técnico, asesoría financiera y regulatoria para el despliegue de la red.

Esta propuesta recoge la experiencia de la asociación Telecomunicaciones Indígenas y Comunitarias que ha desplegado infraestructura en comunidades de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, entre otras, para que accedan a las redes. Me parece acertado que el nuevo gobierno asuma que el mercado y el Estado necesitan trabajar de la mano con las organizaciones comunitarias para reducir la brecha digital, veremos cómo actúa al respecto el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que ha mantenido hasta ahora una política poco favorable para los operadores de este tipo.

Abel Hibert, que se perfila como el nuevo Subsecretario de Comunicaciones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al que se le reconoce conocimiento, trayectoria y sensibilidad, fue de los artífices para esta propuesta. Experto en el terreno, también ha manifestado que para la Agenda Nacional Digital funcione se integrará un solo organismo para coordinar áreas y facultades que se encuentran dispersas. Sin duda este nuevo diseño institucional será clave para despegar el desarrollo digital en el país que enfrenta añejos temas como la conectividad como otros del presente y el futuro que necesitan ya de respuestas para la protección de derechos como el internet de las cosas y la inteligencia artificial, entre otros de la agenda digital (servicios transfronterizos, bienes digitales, comercio electrónico, entre otros).

El espectro, aspecto clave

Para la agenda digital, el documento ya mencionado plantea una revisión de las políticas de acceso al espectro en el caso de las telecomunicaciones, no así en radiodifusión, las cuales deberá de coordinar con el IFT que es el regulador único en la materia. En las consecuentes licitaciones de espectro que ha llevado a cabo el regulador para servicios de banda ancha móvil ha primado el criterio de la subasta ascendente con fines recaudatorios sin exigir a los operadores obligaciones de cobertura, lo que origina una exclusión para los lugares con mayor pobreza y menos densidad poblacional, porque para las empresas no son mercado.

Identificar el espectro no utilizado por los concesionarios, es una excelente propuesta, para ello se debería contar con las métricas de eficiencia espectral que hasta la fecha el IFT no ha dado a conocer a pesar de que es un mandato de ley desde el 2014 con la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

¿Cómo podemos saber que la eficiencia en el uso de ese espectro se maximizará si ni siquiera conocemos las métricas de eficiencia, así como las metodologías de medición que permitan cuantificarlas? Antes de licitar más espectro deberíamos saber con exactitud cuál es la eficiencia del ya adjudicado para sobre ello hacer una prospectiva regulatoria y de política pública más eficiente para próximas licitaciones.

Considero que el gobierno entrante debería de trabajar junto con el IFT una política espectral de largo plazo (no sólo un Programa Anual de bandas de frecuencias disponibles), que detalle todas las bandas que se pretenden licitar, las bandas que se deben rescatar por uso ineficiente, las bandas que serán propicias de reacomodo, los objetivos que se persiguen en cada una, la cobertura que se logrará con las mismas, las decisiones que en materia de competencia conllevan y la forma en la que se fomentará un mayor despliegue de infraestructura que nos coloque en estándares internacionales.

Competencia plena

El gobierno entrante debería de realizar una revisión a fondo para ubicar los nudos que han impedido la competencia plena en las telecomunicaciones y la radiodifusión, contrario al mandato constitucional algunos mercados se han concentrado más, como es el caso de la televisión de paga con sus subsecuentes alzas en el servicio. Al respecto Hibert ha manifestado que se ocuparán del tema, sin embargo, no está por demás recordar que no es el único segmento en el que no hay competencia plena, también hay que revisar los mercados de televisión y radio abiertas y sus mercados relacionados, incluyendo la parte digital con los servicios de OTT´s y lo que implica la convergencia digital, que está teniendo ya consecuencias por sobre las industrias audiovisuales y cinematográficas en el país.

Las fusiones como la de AT&T y Warner que están creando megaempresas que combinan el audiovisual con la infraestructura de servicios y tendrán un impacto en las industrias nacionales por lo que el nuevo gobierno debe ver cómo fortalecer esta parte de la economía nacional, como parte de la competencia pero también como parte del ejercicio de derechos en materia de pluralismo y diversidad en los contenidos audiovisuales, rubro completamente olvidado por el IFT.

Reforzar al regulador

Si bien el IFT es un organismo con autonomía constitucional, la composición de su Pleno depende del Ejecutivo al tener la facultad de escoger a sus integrantes para ser ratificados por la Cámara de Senadores, del 2019 al 2022 la nueva gestión  tendrá que proponer a cuatro nuevos integrantes que saldrán de manera escalonada del IFT, con lo cual podrá cambiar de manera importante la composición del Pleno que hasta ahora se ha caracterizado por posiciones tibias en los temas más álgidos del sector, la agenda en este sentido debería ir por reforzar la autonomía del regulador con personas que rebasen la lógica de creer que la política pública se basa en las lealtades políticas y no en las necesidades para el país. Ojalá que el Ejecutivo tenga una conducta distinta a la que tuvo Peña Nieto que se caracterizó por buscar la captura de ese órgano y otros con autonomía constitucional. Tener un órgano regulador independiente y robusto es clave para afrontar los retos en todos los aspectos antes mencionados.

La agenda legislativa

Muchos rubros hay pendientes en la agenda legislativa y no queda clara la posición de la nueva gestión federal al respecto tomando en cuenta que tiene la mayoría en el Congreso federal, así por ejemplo queda por saber qué hará en temas como la restitución de los derechos de las audiencias derogados en la LFTR por la legislatura saliente, o que acciones específicas hará para fortalecer a la radiodifusión comunitaria e indígena tan castigada en la actual ley, qué hará para fortalecer a los medios de servicio público para que dejen de ser vocería oficiales de los gobiernos en turno, si revisará al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) para convertirlo en una verdadera cadena nacional de televisión pública y que no se limite a ser sólo un  compartidor de infraestructura, o si irá en contra de la Ley General de Comunicación Social mejor conocida como la #LeyChayote sobre publicidad oficial. También queda duda si mantendrá a la Secretaría de Gobernación como la instancia para seguir regulando parte de la agenda de los medios a través de la Subsecretaría de Normatividad de Medios y que desde una perspectiva democrática no debería de tener injerencia en la regulación de los medios.

Hay una muy buena cantidad de obstáculos en los temas de la agenda que pueden subsanarse con tan amplio margen en el congreso, la pregunta es si el nuevo gobierno asumirá este reto o si mantendrá el status quo.

Agresiones, protección e impunidad

Por último, el gobierno de López Obrador deberá de encarar otros temas gravísimos en materia de libertad de expresión y que están directamente ligados al Ejecutivo y que son urgentes de atender, como es la protección a periodistas y acabar con la impunidad en las agresiones y asesinatos, ello requiere de una revisión a profundidad de la Fiscali´a Especial para la Atencio´n de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresio´n, dependiente de la PGR, así como del Mecanismo de Proteccio´n para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se requiere adoptar medidas para abordar la situacio´n estructural de impunidad, incluyendo el establecimiento de las garanti´as de imparcialidad e independencia necesarias para ello, asegurar una proteccio´n efectiva, garantizar la efectiva cooperacio´n y coordinacio´n entre los niveles federal y estatal para proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Nada más y nada menos, los desafíos son mayúsculos, pero también el apoyo de la población con sus diferentes sectores, como se pudo constatar en la votación, ese es el mejor incentivo para poner voluntad política y manos a la obra.

La libertad de expresión en crisis

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