Cada vez que encendemos la radio, la televisión o utilizamos el celular estamos haciendo uso del espectro radioeléctrico; un bien finito y muy demandado, a través del cual se propagan ondas que transmiten información y hacen posible los servicios de comunicación que conocemos.
Imaginemos el espectro como los carriles de una autopista en la que viajan datos, audios, videos y todas aquellas aplicaciones que utilizamos en nuestros dispositivos inalámbricos como teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras portátiles.
A medida que incrementa la cantidad de dispositivos y aplicaciones utilizadas (hoy en día existen 122 millones de líneas de celular activas en nuestro país) aumenta también, de manera considerable, la transmisión de datos y en consecuencia la cantidad de carriles necesarios. De modo que, si no se toman las medidas necesarias para disponer de más carriles, eventualmente se saturará esa carretera.
En el caso de las telecomunicaciones, esta saturación se traducirá en fallas o retardos en servicios de telefonía móvil, navegación en internet, descarga de audio y video, mensajería instantánea, localización, banca móvil e incluso, en casos extremos, la interrupción total de éstos por varias horas.
En nuestro país, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es el órgano encargado de garantizar que el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico se realice de manera eficiente. Una gestión y administración adecuada de este recurso impacta positivamente y de manera directa en el desarrollo social y económico, al permitir que los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión lleguen a más personas y se ejerzan derechos como la educación, la salud y el empleo, aumentando así la productividad y el bienestar social del país. Sin embargo, la tarea se complica cuando se obliga a los prestadores de estos servicios a pagar un alto costo por usar dichos carriles.
En los últimos años, el monto de los pagos por el uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, conocidos como derechos, se ha convertido en una limitante para la prestación de más y mejores servicios de telecomunicaciones.
En principio, podría parecer un problema que sólo afecta a las empresas, pero no es así. Los altos costos por el uso de frecuencias merman los recursos que destinan los operadores para satisfacer la demanda de datos de los usuarios, lo que afecta la calidad y disponibilidad de los servicios, frena la innovación tecnológica y la ampliación de cobertura.
Existen antecedentes preocupantes. En 2019, uno de los tres operadores con infraestructura devolvió el espectro que ya se le había concesionado en las bandas de frecuencia de 800 MHz, 850 MHz, AWS, PCS y 2.5 GHz, argumentando los altos costos que debía pagar por el uso del espectro; por lo que decidió arrendar una parte de este bien público a otro operador para continuar la provisión de sus servicios. Esto implica que los proveedores atienden a más usuarios en menos carriles y que el Estado deja de percibir alrededor de 4 mil 500 millones de pesos anuales por el espectro devuelto.
Otra señal de alerta fue la última licitación de espectro que realizó el Instituto para servicios móviles (IFT-10) en que, de 41 bloques subastados, sólo tres recibieron ofertas. Es decir, 38 bloques quedaron desiertos, uno de ellos con un valor mínimo de referencia de 89 millones de pesos, monto que dejó de percibir la Tesorería de la Federación.
Así que, lejos de lograr una mayor recaudación, el “espectro caro” provoca un daño al erario, pues este recurso no se puede acumular o guardar, y si no se utiliza deja de generar ingresos al Estado y los usuarios pierden la oportunidad de recibir más y mejores servicios.
De continuar esta tendencia podría registrarse una eventual salida de operadores de red del mercado mexicano, lo que se traduciría en una menor oferta para los consumidores y afectaría de manera considerable la disponibilidad de infraestructuras, el entorno de competencia, así como la innovación tecnológica y evolución de los servicios.
Hoy todo mundo habla de 5G, de su capacidad y velocidad en la transmisión de datos y el enorme potencial que representa para impulsar la productividad de muchas industrias como la automotriz, la agrícola, la minería, entre otras. Sin embargo, se estima que para el despliegue de esta tecnología móvil de quinta generación se requieren instalar diez veces más torres y antenas de las que se dispusieron para 4G.
Si las empresas tienen que destinar sus ingresos al pago de altos montos por el uso de espectro, las considerables inversiones para el despliegue y expansión de esta revolucionaria tecnología se retrasarán o simplemente no llegarán a las zonas de medio y bajo ingreso.
Por estas y otras razones, el espectro radioeléctrico no debe ser visto con fines recaudatorios. Es necesario elevar la mira y revisar el beneficio que tendría para el desarrollo económico y social del país, en el mediano y largo plazo, modificaciones a la Ley Federal de Derechos con el fin de reducir los montos por el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones, estima que nuestro país requiere al menos 14 billones de dólares para lograr que toda la población tenga acceso a internet en 2030; así que lejos aumentar gravámenes, debemos generar condiciones para que fluyan las inversiones en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión y potenciar los beneficios que estos representan para impulsar el desarrollo económico y social de México.
No hay tiempo que perder, espectro que no se usa ya no se recupera. Aún tenemos la oportunidad de aprovecharlo para poder comunicar a toda la población e incrementar la productividad y bienestar social de nuestro país.