El sábado 28 de marzo México presentó a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC), su propuesta de contribuciones nacionales dentro del marco de las negociaciones para establecer una nueva arquitectura climática global a finales del presente año.
De acuerdo con el nuevo modelo, cada país tiene la obligación de presentar durante los primeros meses de este año su propuesta nacional voluntaria de contribuciones para la mitigación de gases de efecto invernadero (GEI).
La propuesta mexicana era hasta el fin de semana pasado apenas el cuarto compromiso nacional registrado ante la UNFCCC, sólo detrás de Suiza, Noruega y los países miembros de la Unión Europea. Los compromisos mexicanos representaron de hecho el primer caso de un país en desarrollo, Parte No Anexo 1 de acuerdo con el Protocolo de Kioto, en asumir un compromiso nacional voluntario.
Lo cual es sumamente relevante dentro de un modelo que tiene como objetivo impulsar la reducción global de las emisiones GEI a través de metas para todos los países del mundo y no sólo las economías industrializadas como ocurría anteriormente.
¿En qué consiste el compromiso voluntario adquirido por México? México ha puesto en la mesa dos tipos diferentes de metas de mitigación, una incondicional y otra condicionada a la firma de un acuerdo internacional ambicioso. El compromiso incondicional registrado ante la UNFCCC señala que México se compromete a reducir 25% de sus emisiones GEI y sus contaminantes de vida corta hacia el año 2030 tomando como base el escenario tendencial. Lo cual implica reducir 22% GEI, 51% carbón negro, alcanzar un nivel máximo de emisiones a partir de 2026 y reducir en 40% la intensidad de las emisiones mexicanas de GEI por punto del PIB entre 2013 y 2030.
Objetivos que son en realidad más conservadores a lo establecido por el gobierno de Calderón, quien definió una meta de reducción de 52 millones de toneladas de CO2 para 2012 y 30% hacia 2020 para avanzar hacia 50% en 2050.
Este compromiso se acompaña de una meta condicionada de reducir emisiones en 40% hacia 2030 e incluso abrir la posibilidad de una reducción de hasta 70% en el mismo periodo, sujeta a la firma de un acuerdo global que incluya entre otros elementos precio internacional al carbón, cooperación técnica, acceso a financiamiento de bajo costo y transferencia tecnológica.
Adicionalmente y a diferencia de los compromisos que han decidido adquirir otros países, México incluye un componente de adaptación enfocado a proteger a las comunidades de los eventos extremos derivados de un aumento global en la temperatura, el cual incluye fortalecer la capacidad de por lo menos 50% de los municipios identificados como más vulnerables, crear sistemas de alerta y manejo de riesgo en cada nivel de gobierno y establecer una tasa de deforestación cero hacia el año 2030.
Estos compromisos han sido muy bien recibidos por organizaciones sociales, expertos y voceros de las agencias multilaterales, considerando en especial que se trata de una economía en desarrollo que al depender de hidrocarburos contribuye con un 1.6% de las emisiones globales y porque abre la posibilidad a una contribución más ambiciosa si la comunidad internacional crea instrumentos más efectivos para facilitar el proceso. Ahora los reflectores están puestos en la agenda de naciones como China, India y Brasil.
Tal como se señala en el documento presentado por el gobierno mexicano, cumplir estos compromisos supone articular un proceso de planeación y definiciones de política pública capaces de integrar los mandatos de la Ley General de Cambio Climático, la Estrategia y el Programa Especial de Cambio Climático.
El gobierno incluso destaca la importancia de instrumentos como la creación de un impuesto al carbón en 2014, cuya modalidad ha sido cuestionada por los expertos y que requeriría en principio un rediseño completo y la reforma energética, elemento que representa el negrito en el arroz de la propuesta mexicana.
¿De qué forma podría una reforma energética pensada para detonar la explotación de petróleo en aguas profundas y el gas no convencional, convertirse en un mecanismo útil para cumplir con los compromisos climáticos mexicanos? ¿Realmente puede esta reforma hacer la diferencia para cumplir compromisos de mitigación internacionales?
Por el contrario, el propio Programa Especial 2014-2018, y a pesar de las metas para 2012, señala que “De seguir con este escenario tendencial se calcula que en el 2020 las emisiones nacionales de GEI alcanzarían mil millones de toneladas, es decir, un 28% más que las del 2010. Es importante señalar que la reciente reforma energética conllevará un aumento en las actividades destinadas a la producción de hidrocarburos y probablemente incrementarán las emisiones de GEI de este sector”.
Con la presentación de la contribución nacional el gobierno federal ha logrado su objetivo de mantener entre la comunidad internacional la imagen de una nación comprometida con acciones decididas ante el cambio climático.
Ahora el reto será establecer las bases institucionales para cumplirlas, algo que no luce sencillo en un modelo que no ha creado nuevos incentivos para la generación de energía renovable y que reproduce por nuevas vías la adicción a los hidrocarburos.
Finalmente, en las próximas semanas será posible conocer si todas las propuestas de mitigación presentadas por los miembros de la comunidad internacional suman lo suficiente para aspirar a estabilizar las emisiones globales en la próxima década o si, por el contrario, a pesar de las altas expectativas las contribuciones nacionales son en los hechos tan conservadoras, que se abre un escenario futuro caracterizado por la alta incertidumbre y el riesgo de aumentos impredecibles en la temperatura global.