Desde la primera vez que llegué como defensor a uno de los Centros Federales de Readaptación Social, llamados también Ceferesos, pude constatar la forma como se pisotean los derechos de defensa de los procesados. Están supuestamente protegidos por la Constitución pero son pisoteados día a día por la Comisión Nacional de Seguridad del gobierno federal que tiene a su cargo esos centros de reclusión.
En mi primer encuentro como abogado se me advirtió que al encontrarme con mis defendidos no podía apoyarme en ninguna clase de documentos o parte del expediente, llevar lápiz o pluma para tomar alguna nota. Se me indicó que en caso de sorprenderme hasta con un pequeño pedazo de papel higiénico se me negaría el acceso a ese centro de reclusión. Las bolsas de mi pantalón y camisa deberán estar completamente vacías para encontrarme con ellos.
A los procesados por “motivos de seguridad”, incomprensiblemente, no se les permite tener acceso a sus expedientes para dar lectura a ellos. Se les da a conocer de manera sintética las razones de su detención, pero no se abunda más. Para el sistema penal basta que el abogado defensor conozca el legajo de las investigaciones y el proceso para considerar protegida la defensa adecuada amparada en la Constitución. En realidad lo que ocurre es una arbitrariedad revestida de imposición.
En la entrevista defensor-procesado las fechas o detalles específicos deben retenerse mentalmente porque no hay otra manera de hacerlo. El abogado como el detenido deben aguzar sus sentidos al máximo e imaginarse el contenido de un documento, un papel, un testimonio, un lugar, una fecha, el nombre de una o varias personas, circunstancias. Sin embargo en contraposición, el ministerio público que es la parte acusadora, también el representante de la víctima y el propio juzgador tienen el privilegio de contar en todo tiempo con la lectura directa del expediente cuando quieran, tomar notas de cualquier forma y hasta tener copia del mismo.
Los locutorios, lugares asignados para las entrevistas entre los defensores y procesados, tienen como barrera un grueso cristal empotrado en medio del escenario, que impide la comunicación directa entre ellos. El cristal cuenta con pequeños orificios en la parte baja que impide una comunicación adecuada. Para escucharse tanto el procesado como su defensor tienen que hablar a través de esos orificios en voz alta, pero la comunicación se dificulta aún más si en el mismo locutorio hay otros internos que al mismo tiempo se entrevistan con sus respetivos defensores; un mar de voces y confusión se siente en esos espacios carcelarios.
En esos Ceferesos son recluidos tanto acusados por delitos relacionados con la delincuencia organizada, por narcotráfico, por homicidio, como aquellos de cometer delitos supuestamente “graves” en opinión del ministerio público federal sin haber sido comprobados. Ello posibilita que cualquier persona acusada por cualquier persona, un policía despistado o mal intencionado por ejemplo, sea detenido sin mayor obstáculo y enviado a los Ceferesos.
Esta realidad fue demostrada con la detención injusta de jóvenes que protestaban en el Zócalo de la ciudad de México por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Aunque fueron dejados en libertad en pocos días, ante la presión mediática y falta de pruebas, dejó en evidencia el envío inmediato a los Ceferesos sin obstáculo de por medio.
El gobierno federal argumenta que el envío de personas a los centros carcelarios de alta seguridad, se debe a que los gobiernos estatales, incluido el del Distrito Federal ya no aceptan reos federales en cárceles locales por estar rebasados en capacidad poblacional.
Esta crisis de sobre ocupación carcelaria repercute en cualquier persona acusada (sin pruebas suficientes) para ser enviada a estos centros carcelarios de “alta seguridad”.
En los Ceferesos encontrarnos abogados defensores y familiares de distintas partes del país acudiendo a estos lugares: el número 1 es el “Altiplano” que se encuentra en Almoloya estado de México. Otro más, el Cefereso número 2, llamado el “Occidente” ubicado en Puente Grande Jalisco; otro es el Cefereso número 3 llamado el Noreste, ubicado en Matamoros, Tamaulipas; el Cefereso 4 ubicado en las inmediaciones de Tepic Nayarit y el Cefereso número 5 en la ciudad de Xalapa, Veracruz.
Las personas recluidas en esos lugares conocen a sus abogados por medio de un televisor en circuito cerrado el cual se encuentra “presente” asistiéndole a distancia. El juicio en su contra se lleva en un lugar distinto y el procesado a cientos de kilómetros es asegurado en otro lugar. Así podemos encontramos juicios penales en el Distrito Federal y los procesados recluidos en Nayarit. O juicios que se tramitan en la ciudad de Oaxaca y el afectado recluido en el Cefereso del Altiplano.
La libertad se ha vuelto una letra de cambio para que el gobierno presuma que hace, que detiene supuestamente a delincuentes, pero sin derecho a una defensa adecuada. Sería conveniente que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organismos independientes de derechos humanos se asomaran a estos lugares y recomendaran cambios sustanciales en estas cárceles del infierno.
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