Este viernes 13 de agosto las fuerzas armadas mexicanas entrarán en una etapa de cambios, de reestructuraciones que se espera sean la base para lograr un Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y Marina insertos en una democracia efectiva, no solo en el aspecto electoral y representativo, sino, sobre todo, en la transparencia y la rendición de cuentas en todos sus niveles de operación desde la esfera civil.
Con la entrada en funciones de la Comandancia del Ejército Mexicano, que será encabezada por el general de Brigada Eufemio Alberto Ibarra Flores, un veterano con más de 45 años de servicios en las fuerzas armadas, cuyo último cargo fue el de comandante de la IX Región Militar en Cumbres de Llano largo, Guerrero. La Comandancia del Ejército Mexicano buscará equilibrar el juego de poderes y las muchas atribuciones que tiene hoy el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), posición que recae en el general Ricardo Trevilla Trejo, quien es el militar de mayor importancia en la SEDENA luego del DN-1, el general Luis Cresencio Sandoval.
El general Ibarra Flores tendrá bajo su responsabilidad a los cuerpos de élite de la secretaría, comenzando por la Policía Militar y sus 12 brigadas integradas por unos 36 mil efectivos, los cuales siguen nutriendo las filas de la Guardia Nacional en tanto ésta no logre una auténtica capacidad para reclutar civiles.
Controlará además a las Aerotropas, integradas actualmente en una Brigada de Fusileros Paracaidistas de alrededor de 2 mil 400 elementos, así como a las tropas de Infantería, las más numerosas de todas, con más de 50 mil efectivos, a la Caballería, a la Artillería, al Arma Blindada y a las Defensas Rurales, coordinándose con los mandos territoriales de las 12 Regiones, 46 Zonas, 15 Guarniciones y 19 Bases Aéreas Militares de las cuatro Regiones Aéreas existentes.
De ese tamaño serán los cambios estructurales en la SEDENA, que deberán desembocar en modificaciones de fondo para llevar a las fuerzas armadas de tierra y aire –incluida la Guardia Nacional– niveles de profesionalismo en toda la extensión de la palabra.
Lo mismo deberá ocurrir con la Marina-Armada de México y las adecuaciones a las que será sometida en los próximos meses y que están relacionadas con la obsesión del almirante Rafael Ojeda Durán: el combate a la corrupción en todas sus formas.
Ojeda presentó en mayo de 1997 su tesis de Maestría titulada “La Sociedad Mexicana corrupción y democracia, su influencia en la Seguridad Nacional”, con la que acreditó el Curso de Mando Superior y Seguridad Nacional en la XV Promoción del Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV).
Convencido de que la corrupción era y es el mal de todos los males en la administración pública del país y en la vida diaria de todos los mexicanos, Ojeda ha seguido combatiendo este fenómeno dentro de la Marina con éxito relativo debido a que, en el camino, antes de ser nombrado al frente de la institución, muchos de sus integrantes han sido acusados de cometer toda clase de abusos contra civiles.
No solo se trata del caso de los 45 desaparecidos en 2018 –un año sui generis en el despliegue de la Unidad de Operaciones Especiales UNOPES de la Armada de México– en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas tras ser detenidos de manera ilegal por comandos de las fuerzas especiales navales, sino de otras actuaciones que han afectado incluso al propio personal de la secretaría.
A principios de 2020, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) publicó el informe estadístico Registro de Casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Federal 2019, elaborado en el primer año de gobierno del presidente López Obrador.
Dicho informe es el único de su tipo hecho hasta ahora por el INMUJERES con base en denuncias recibidas en la administración pública federal y en él se señala que “en 2019 se presentaron 274 denuncias por presuntos casos de hostigamiento sexual y acoso sexual en 64 dependencias y entidades de la APF”.
En una de las gráficas del documento se desglosan las cifras de acoso y hostigamiento sexual, en las que aparecen de manera identificable 60 casos –de los 274– de personal naval involucrado en este tipo de actos.
Destacan los de un Almirante, un Vicealmirante, tres Capitanes (no se precisa si son de Navío de Fragata o de Corbeta), ocho Tenientes de Corbeta, 12 Maestres (no se especifica si son Primeros, Segundos o Terceros), 33 elementos de “Personal operativo” y dos Soldados, sin aclarar si se trata de elementos del Ejército o de la Marina.
El 49% de los casos registrados se concentran en cuatro Instituciones, el resto de las denuncias presentadas están distribuidas en 60 dependencias y entidades de la APF. Esta cifra representa un 30% de aumento de denuncias presentadas ante el CEPCI (Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés) con respecto al año anterior, agrega el informe en cuya tabla de referencia solo se menciona de manera clara al personal de la Secretaría de Marina-Armada de México.
El asunto más reciente tiene que ver con la Recomendación 43VG/2021 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la SEMAR por la detención y desaparición forzada de un civil ocurrida en Guanajuato en el año de 2018, ni más ni menos.
La Recomendación fue rechazada por la Marina el mismo día en que fue emitida, argumentando en un extenso comunicado de cuatro cuartillas la insuficiencia de elementos para tratar de apuntalar y demostrar la presunta responsabilidad de marinos en los hechos señalados
La postura de la SEMAR en este caso prefigura ya un choque, o al menos un encontronazo, con la ombudsperson de la CNDH, Rosario Piedra, personaje de todas las confianzas del presidente, y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Andrés Manuel López Obrador, quien mantiene muy cerca de sus ánimos al almirante Ojeda Durán.
El siguiente paso, de acuerdo con la ley, sería que en los próximos días la CNDH sustente debidamente sus señalamientos contra la Marina. Si lo logra deberá insistir en el cumplimiento de la Recomendación. En este tramo, la CNDH y la Marina deberán comparecer ante comisiones en el Senado para explicar, justificar y apuntalar sus posturas.
Si la CNDH se equivocó en su Recomendación deberá reconocerlo públicamente. Si en la Marina persistiera la actitud de rechazo, la CNDH podría acusar ante el Ministerio Público, o ante la autoridad administrativa correspondiente al funcionario o funcionarios navales responsables del incumplimiento.
De hecho, la Marina acusa a la CNDH de violar los derechos humanos de los marinos presuntamente involucrados en la detención y desaparición forzada ocurrida en Salamanca, Guanajuato, “al pretender que a priori la autoridad acepte su responsabilidad en hechos respecto de los cuales ese organismo autónomo ni otra autoridad se habían pronunciado”, señala la respuesta de la secretaría en uno de sus puntos.
El problema es que hasta el momento en el Senado no hay nada programado para recibir a gente de la Marina, ni de la CNDH para que expliquen y soporten con pruebas contundentes sus respectivas posturas. Incluso la CNDH podría meterle presión a la Marina emitiendo un nuevo llamado público para que ésta acepte la Recomendación 43VG/2021, por Violaciones Graves a los derechos humanos.
De hacerlo, obligaría a una nueva respuesta naval rechazando el documento, lo que derivaría, ahora sí, en un muy incómodo encuentro de la gente de Rosario Piedra y Rafael Ojeda en el Senado de la República.
Si, por el contrario, ninguna de las dos instituciones se pronuncia al respecto en los próximos días, estaremos ante un innegable arreglo conciliador por debajo de la mesa, en el que cada parte se irá con su golpe y la desaparición forzada ocurrida en Salamanca, Guanajuato, en 2018 será otro caso sin resolver en la árida justicia mexicana.