Opinión

Los archivos del Cisen

Con el pretexto de la transparencia podrían destruirse documentos que forman parte de la historia nacional. | Adolfo Gómez Vives

  • 28/01/2019
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A finales de agosto de 2010 fueron asesinadas 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Cincuenta y ocho víctimas eran hombres y 14 mujeres. La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho informó que en abril de 2011 se hallaron 193 cadáveres en 47 fosas clandestinas, en esa misma entidad. Era presidente de la República Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Entre 2007 y 2009 se registraron en ese estado 266 homicidios atribuibles a la delincuencia organizada. Asimismo, la tasa de personas desaparecidas en Tamaulipas comenzó a repuntar desde 2009. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) dio a conocer que en 2010 Ciudad Mier ocupó la tasa más alta de personas desaparecidas en el ámbito nacional con 855 casos por cada cien mil habitantes. El segundo y tercer lugar lo ocupaban los municipios de Guerrero y Jiménez con 582 y 487 casos por cien mil habitantes.

El presidente Calderón Hinojosa fue informado de esos hechos delictivos —así como de todos los ocurridos en el país— a través del Informe Ejecutivo Diario (IED) y el Informe Ejecutivo Semanal (IES), elaborados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), hoy Centro Nacional de Inteligencia.

La organización National Security Archive logró la desclasificación de documentos diplomáticos entre Estados Unidos y México que revelan, además, la colusión de funcionarios federales, estatales y municipales de Tamaulipas con la delincuencia organizada, particularmente con Los Zetas, organización delictiva cuyos elementos formaron parte del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes), de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La inacción del gobierno de Felipe Calderón en lo relativo a la investigación y sanción de los responsables de los homicidios y de las desapariciones forzadas de personas en Tamaulipas configura varios delitos. En el caso de la desaparición forzada, existe responsabilidad del Estado mexicano —y de su representante— por omisión, pues tenía la obligación de proteger la vida de las personas migrantes durante su paso por territorio nacional, particularmente cuando existían indicios de la comisión de tales delitos y no se actuó para evitar su prevalencia.

Imprescriptibilidad de los delitos

El artículo VII de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas señala que “la acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas a prescripción”.

Asimismo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece la imprescriptibilidad de este delito, por lo que diversas organizaciones de la sociedad civil y particulares han promovido, desde 2011, recursos ante esa instancia, contra el ex presidente de la República.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) solicitó a la Corte Penal Internacional “abrir una investigación preliminar por crímenes contra la humanidad”, cometidos por Calderón Hinojosa, mientras que el jurista Netzaí Sandoval Ballesteros interpuso una denuncia contra Calderón y parte de su gabinete de seguridad, “respaldada con más de 23 mil firmas”, contra el ex mandatario.

Evidencias en los archivos del Cisen

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la semana pasada que “se van a abrir los archivos secretos, todos, no va haber limitación, estoy por firmar el decreto” de apertura de los archivos de lo que fue el Cisen.

De ser el caso, de dichos archivos podrían extraerse elementos probatorios que fortalezcan las denuncias contra el ex presidente Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional por delitos contra la humanidad, justo cuando el ex panista ha anunciado la creación de un nuevo partido político, que tendría como denominación México Libre.

La determinación del presidente López Obrador de hacer públicos los archivos del Cisen permitiría confirmar la vinculación de destacados morenistas con la delincuencia organizada. Tal es el caso del actual senador Félix Salgado Macedonio, cuyo nombre aparece en innumerables ocasiones en los informes del Cisen.

La desclasificación de dichos expedientes permitirá conocer la versión del Centro creado en 1989 en relación a la desaparición de Amado Carrillo Fuentes y su interés por “invertir” sus recursos de procedencia ilícita en vivienda popular en Chile, con el acompañamiento de un personaje muy cercano al extinto dictador Augusto Pinochet.

También permitirá conocer las andanzas del entonces agente de la Dirección Federal de Seguridad, Julián Slim Helú y los contenidos de las grabaciones ilegales realizadas a políticos, empresarios, líderes sindicales, jerarcas del Clero y periodistas.

Se sabrá la versión del Centro de Investigación y Seguridad Nacional respecto de las actuaciones de los elementos de la Secretaría de Marina en el abatimiento de Arturo Beltrán Leyva en 2009 y las razones por las cuales fue exhibida una fotografía de su cadáver cubierto de dólares.

Y su versión sobre el avionazo en que perdió la vida Juan Camilo Mouriño, ex secretario de Gobernación con Felipe Calderón, así como su investigación en torno de la muerte de la pequeña Paulette Gebara Farah, cuando Enrique Peña Nieto comenzaba a perfilarse como el posible candidato a la presidencia de la República.

Aparecerán elementos que demuestran la vinculación de Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, con la delincuencia organizada y, en particular, con la desaparición forzada de personas.

Durante su gobierno, Enrique Peña Nieto ordenó restringir el acceso público a los expedientes históricos que el Cisen entregó en resguardo al Archivo General de la Nación. Antes de ello, se lograron investigaciones periodísticas de capital importancia, como las realizadas por el periodista Jacinto Rodríguez Munguía, que dieron lugar a sus libros La otra guerra secreta; 1968: todos los culpables y La conspiración del 68.

Las intenciones reales

Sin embargo, no quedan claras las pretensiones del presidente de la República, al anunciar la firma de un “decreto” para desclasificar los archivos del Cisen, que tienen naturaleza de “reservados” por contener información relativa a la seguridad nacional, de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Seguridad Nacional y la fracción I del artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Además de que, de conformidad con el artículo 89 constitucional y con la propia Ley de Seguridad Nacional, el presidente de la República no tiene atribuciones para clasificar o desclasificar información con carácter de reservada, lo que constituye una violación al principio de legalidad jurídica por parte del Ejecutivo.

El artículo 73 constitucional, referente a las facultades del Congreso, establece en su fracción XXIX-M, la de “expedir leyes en materia de seguridad nacional”, mientras que la fracción VI del artículo 89, relativo a las facultades y obligaciones del presidente de la República, está la de “preservar la seguridad nacional”, lo que de suyo implica la observancia de las normas en la materia.

Otras consecuencias que el presidente de la República no ha dimensionado al ordenar mediante decreto la apertura de los archivos del Cisen son que los argumentos allí vertidos podrían impactar positivamente en la desclasificación de los 12 millones 331 mil 979 archivos que tienen carácter de reservados, por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como en las solicitudes de información que se generen a partir de la publicación de dicho decreto tanto en el ámbito federal como en los estados.

Lo peor que podría ocurrir es la destrucción de expedientes del Cisen como parte de un pacto con el PRI, luego de que este partido votara junto con Morena a favor de la creación de la Guardia Nacional y que se aprovechara la oportunidad para destruir aquellos documentos que resulten incómodos para integrantes del actual régimen.

PRIMor

@gomezvives | @OpinionLSR | @lasillarota

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