Las prisas y el empeño del gobierno federal y de la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para “superar” y olvidar la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa van encontrando explicaciones inusitadas, pero previsibles conforme avanza el tiempo.
Los silencios, las negativas y carpetazos al asunto de Iguala buscaban librar al Ejército –tan emproblemado con la agenda imposible de los derechos humanos– de un nuevo macro escenario en el que si bien no aparecería vinculado directamente con la probable masacre de normalistas, sí lo estaría al menos por omisión, tras comprobarse que algunos de los elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, supieron en los momentos álgidos del plagio masivo, qué estaba ocurriendo y quiénes eran los protagonistas.
Ningún militar del 27BI intervino para saber lo que ocurría en torno a las aprehensiones de estudiantes, a pesar de operar en una zona altamente conflictiva, en constante código rojo por la violencia del narco y la presencia de grupos subversivos.
Durante la madrugada de las desapariciones, al menos dos grupos de militares circularon por las calles de Iguala en vehículos oficiales, armados, en constante comunicación con sus superiores y con instrucciones para recabar todo tipo de información acerca de lo que sucedía entre la policía municipal y los normalistas.
Hace un año (el 25 de febrero), la Sedena dio a conocer a conocer fotos tomadas por soldados a un grupo de estudiantes normalistas que se refugiaron en el Hospital Cristina, en Iguala, huyendo del ataque a balazos de la policía municipal. A ese sitio llegaron al menos 25 normalistas quienes, de acuerdo con los parte militares, agradecieron el apoyo de los soldados pero les dijeron que ellos se retirarían del lugar por sus medios.
Las fotos y las copias de los partes militares censurados en donde debían estar los nombres de los involucrados, fueron entregadas por la Sedena tras un fallo del IFAI (ahora INAI) para que la dependencia proporcionara a un peticionario el material solicitado. Solo así.
En las imágenes tomadas por un capitán segundo de infantería del 27 Batallón de Iguala y entregadas a la comandancia de la 35 Zona Militar ubicada en esa ciudad, se aprecia a 19 normalistas repartidos en varios sillones. Algunos de los estudiantes se ven heridos sangrando.
Hoy, nuevos datos, tal vez sensibles, salen a la luz. Involucran de nuevo a militares, a sus mandos a una parte de la estructura de inteligencia de la Sedena operando en una zona de suyo virulenta y volátil, en donde la recopilación de información es delicada, especializada y focalizada.
Así debió ser aquella noche del 26 de septiembre de 2014 la aplicación del Procedimiento Sistemático de Operar de los soldados pertenecientes al Órgano de Búsqueda de Información (OBI) -anteriormente denominado Grupo de Información Sensible (GIS)- que fue enviado a recabar datos sobre la movilización de normalistas y policías municipales.
Información publicada por El Universal, extraída del grueso expediente del caso Iguala, revela que al menos uno de los militares que aquella noche estuvo en las calles de esa ciudad tomando fotos y video de lo sucedido.
Pese a estar consignado en la averiguación previa, el hecho no fue considerado relevante por el agente del ministerio público federal y mucho menos por el juez que lleva el caso.
Esto es grave, porque el militar que tomó fotos –quizá el mismo capitán segundo de infantería que estuvo con un pelotón en el Hospital Cristina– hizo lo mismo en las calles y en el sitio en el que los policías municipales detuvieron y atacaron el camión de los normalistas, los obligaron a bajar y se los llevaron al basurero de Cocula o quizá a otro sitio para, según la PGR, ejecutarlos por asuntos de drogas.
El problema es que el militar, tras entregarle el material a su superior, borró las fotos de su aparato celular porque consideró que estaban malas, borrosas y poco visibles porque era de noche y el ángulo desde el que las tomó era muy lejano.
Estos dichos forman parte de las primeras declaraciones que el ministerio público le tomó a algunos miembros del ejército en 2014 y 2015. No se sabe más. No hay más datos vertidos por los soldados de aquella noche. No se sabe si las fotos entregadas por el soldado, perteneciente a inteligencia militar (S-2), también fueron borradas por su superior o si se conservan en alguna computadora de la 35 Zona Militar.
Estas son las cosas que el alto mando de la Sedena y el gobierno federal querían evitar, las cosas que querían dejar en el archivo muerto de la historia oficial.
De ahí las reiteradas negativas y la cerrazón de la Sedena, de Peña Nieto, de Osorio Chong y de una larga fila de interesados a modo que han tratado de impedir que los soldados del 27 BI declaren ante el mediáticamente satanizado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga el caso.
Los silencios hablan siempre, incluidos los oficiales.