Desde que López Obrador andaba en campaña y, posteriormente, cuando presentara en el zócalo de la Ciudad de México sus 100 propuestas de gobierno, indicó que se sometería, a la mitad de su periodo a la revocación del mandato presidencial.
Este ejercicio de democracia directa, es un procedimiento jurídico mediante el cual los ciudadanos, a través de su opinión, ratificarían la continuidad del presidente de la República para que concluya su mandato, o bien, podrían “destituirlo” por así decirlo, e indicar con su voto que no lo quieren y que deje el cargo.
En nuestra Constitución no existe la revocación de mandato del Ejecutivo Federal, aunque se contempla el juicio político por traición a la patria, mismo que nunca ha sido utilizado.
Iniciativas relacionadas con dicha revocación han sido presentadas, no sólo en la actual legislatura sino en pasadas sin que llegaran a aprobarse.
En este sentido, la Cámara de Diputados, en lo particular, con 326 votos a favor, 0 abstenciones y 127 votos en contra, aprobó el pasado 14 de marzo, reformas constitucionales que permitirán, por primera vez en nuestro país, la revocación del mandato presidencial, por una parte; por la otra, se incorporaron disposiciones para flexibilizar el ejercicio de consultas populares. De este último rubro hablaremos en una colaboración posterior.
En este orden de ideas, el debate, sobre todo en torno a la revocación de mandato no se hizo esperar al interior del recinto legislativo por varios motivos, entre los que destaca, la acusación de la oposición en razón de que esto permitiría a Morena cobijarse bajo el manto de la popularidad alcanzada por López Obrador en la elección de 2021, además, porque implicaría, a su decir, la intervención del Ejecutivo Federal en dicho proceso electoral; pero lo más grave sería, desde su óptica, un posible primer paso rumbo a la reelección del ejecutivo.
Algunas instancias se han pronunciado en el mismo sentido, por ejemplo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) no estuvo de acuerdo con la propuesta al indicar que la revocación de mandato iría encaminada a la reelección del mandato presidencial.
Algunos senadores de oposición también han pronunciado su desacuerdo por la iniciativa de revocación del mandato del presidente de la República. Y así podríamos seguir con diversos pronunciamientos que múltiples actores, pero antes me parece que deberá materializarse dicha propuesta.
No obstante, me parece que dicha figura formará parte de los ejercicios democráticos de este país, por lo que considero que sería mejor que se exploraran, al menos, los siguientes aspectos en torno a la revocación del mandato del Ejecutivo Federal.
1. Que no exista intervención alguna del Ejecutivo Federal en las elecciones, concretamente, para la programada para 2021.
2. Para ello, consideramos que debe llevarse la elección de ese año y, una vez llevada a cabo la misma, una vez que se emitan los resultados electorales y, en su caso, cuando se diriman las controversias electorales por los órganos jurisdiccionales respectivos, hasta entonces podría efectuarse la consulta sobre la revocación de mandato.
Si se insiste en que la revocación del mandato se haga el mismo día que la elección de 2021, la oposición principalmente, consideraría cualquier motivo para señalar una posible intervención del presidente de la República en las elecciones.
Además, y dado los niveles de popularidad alcanzados hasta el momento por López Obrador, éste impulsaría a los candidatos de Morena y hasta de sus posibles aliados, por lo que la revocación de mandato tendría la lectura más de una estrategia político electoral en lugar de su objetivo primario que debe ser: la opinión participativa de la gente sobre un ejercicio de gobierno.
Aún falta mucho por ver en este tema del que estaremos atentos. ¡Hasta la próxima!