"Siete partidos políticos de los diez que tienen representación ante el Instituto Nacional Electoral: PAN, PRD, MORENA, MC, PT, PH, y PES, así como sus respectivos consejeros legislativos, decidimos levantarnos de la más reciente sesión del Consejo General en protesta por el nivel de deterioro institucional y la falta de imparcialidad que, como en ninguna época, se vive en esta Institución clave de la democracia mexicana". En estos términos se suscribió por todos el comunicado conjunto. ¿Cómo en ninguna época? Sí, como en ninguna desde la existencia del IFE y hoy INE.
Se ha pretendido minimizar el hecho y circunscribirlo al desacuerdo por la forma en que se resolvió el orden del día de esa sesión, posponiendo los asuntos relevantes. Otros simplemente descalifican la protesta. El consejero electoral Javier Santiago puso en su cuenta de Twitter: "Retiro de representantes partidos de sesión de CG@INEMexico fue parte de estrategia publicitaria. Los proyectos se discutirán próxima semana". La ligereza y el nivel de rencilla da cuenta del desdén y la ceguera, pero confirma que más que un problema coyuntural, en el INE estamos ante una crisis mayor, de legalidad e imparcialidad propiciada por los mismos consejeros.
En la postura de los partidos trasciende el mero asunto de los proyectos de acuerdo para reglamentar la imparcialidad del uso de los recursos públicos y para garantizar el uso legal y no electoral de los programas sociales, que se lograron diferir. Esa fue la gota que derramó el vaso.
Es el resultado de una ya larga lista de hechos que señalan acciones y omisiones, que a ciencia y paciencia de la mayoría de los integrantes del Consejo General del INE, han violentado los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, así como máxima publicidad.
El hecho más preocupante es la existencia de un bloque de consejeros al servicio del PRI-Gobierno que actúan de manera coordinada y están haciendo prevalecer criterios y decisiones parciales en diversas resoluciones tanto de los comités como dentro del pleno del Instituto.
Conformado el bloque por 5 consejeros - cuatro de ellos propuestos directamente por el PRI y el quinto adquirido en el camino -, han perdido cualquier escrúpulo o forma en su desempeño. Son un grupo compacto que oye, calla y obedece. Bajo esa batuta se integraron de manera facciosa los organismos públicos locales electorales (OPLES) para asegurarle control al PRI.
Logran la mayoría de seis a través de las agendas particulares del resto de los Consejeros y desequilibran las decisiones del Consejo General. Ello tiene su manifestación más grotesca en la integración y desempeño de la Comisión de Quejas y Denuncias, convertida en un órgano de consigna y censura del oficialismo, se otorgan medidas cautelares de acuerdo al partido que las solicita y con tiempos diferenciados para casos similares.
Si Televisa pide el retiro de un spot porque considera que se afecta la imagen de Joaquín López Dóriga, la comisión actúa en horas. Si la queja se presenta en contra del PRI o del Partido de la televisora, el PVEM, puede tardarse el INE dos meses para hacer valer las medidas cautelares, como es el caso hasta el momento de la propaganda denominada "cineminutos".
Las exoneraciones a los gobernadores priístas y del PVEM en Chiapas, Veracruz, Nayarit, Tamaulipas y Michoacán, por violaciones al artículo 134 Constitucional –propaganda personalizada y parcialidad en el uso de recursos públicos - marcan el sesgo descarado.
Ningún caso marca con toda claridad la crisis de legalidad e imparcialidad que existe en el INE, como la total impunidad que goza el PVEM. Los excesos se realizan ante la mirada condescendiente de la autoridad. Ha realizado un descomunal como ilegal gasto de propaganda electoral en Televisión, disfrazada de informes legislativos, que suman 240 mil impactos en la primera etapa. Sólo en ese rubro el Verde ha rebasado ya los topes de gasto de campaña, pero cuenta con el disimulo de la unidad de fiscalización del INE que ha retrasado su resolución sobre el despliegue de esa campaña nacional multimillonaria: “El Verde sí cumple”.
Nada se hace tampoco frente al uso ilegal de los datos personales del padrón electoral para hacer envíos postales pagados con la misma campaña, o la utilización de los programas sociales con fines electorales. Al contrario, cuando se puso sobre la mesa el proyecto para regular esas dos materias, el bloque priísta, ahora de la mano de Benito Nacif para hacer mayoría, lograron diferir la discusión y aprobación del acuerdo para extenderle más el tiempo a sus canalladas.
¿En dónde radica la impunidad del PVEM? ¿Sólo en su alianza con el PRI? Es más que eso. Goza de la protección que le brinda el poder de Televisa y ese poder tiene rendido al INE en una amplia mayoría que trasciende al bloque priísta. En ese sometimiento el presidente del INE ha sido prodigo en genuflexiones, lo que ha merecido incluso el reconocimiento público de la propia empresa que ya lo siente "su orgullo".
Son las decisiones en materia de radio y televisión las que marcan la involución del órgano electoral en materia de legalidad: Se impusieron bloqueos estatales sobre el derecho constitucional a transmitir promocionales de los partidos y candidatos en cada estación de radio, en cada canal de televisión, vulnerando el derecho a la información de la ciudadanía; se restringieron los monitoreos a la cobertura de medios sobre campañas, excluyendo de esa vigilancia a los programas de opinión y debate, porque se consideró que "no transmiten noticias".
La fiscalización como eje central de la reciente reforma electoral, ha sido desdeñada por el INE al no designar al nuevo titular del órgano especializado y por el contrario mantener a una persona objetada por la mayoría de los partidos y los consejeros legislativos por la manera parcial como solventó los procedimientos e investigaciones del caso Monex y el rebase de topes de gastos de campaña por parte de Enrique Peña Nieto.
Hay un acumulado que explica la decisión de los representantes de éstos siete partidos que extendieron su retiro de los comités y comisiones del INE. Se agrega el deficiente trabajo y la permanente dilación de la Unidad de lo Contencioso Electoral en la integración de los expedientes de procedimientos especiales y ordinarios sancionadores; la falta de oportunidad para ejercer las funciones de Oficialía Electoral.
La deficiente y lenta respuesta de la Secretaría Ejecutiva ante las diversas solicitudes que le presentan los representantes de los Partidos Políticos y del Poder Legislativo, la exclusión de éstos últimos de reuniones de trabajo de la mayor relevancia y la ausencia de información institucional hacia éstos.
Lo más delicado es la cancelación del diálogo político; la intolerancia frente a la discusión en el pleno, el desdén y la sistemática descalificación hacia los partidos por parte de varios consejeros electorales, fue creando un ambiente inhospitalario, incluso de creciente adversidad, entre partidos y autoridades. Cada sesión de los últimos cuatro meses, han estado dominadas por el golpeteo, no por el debate, lo que sería natural a un órgano colegiado de esencial función deliberativa.
La arrogancia de Lorenzo Córdova - ya más preocupado por su imagen que por la democracia - y su incapacidad para presidir el órgano, conducir las sesiones y establecer una interlocución inteligente y sincera con los representantes partidarios y consejeros legislativos, dio pie a la suplantación de facto de su responsabilidad directiva por parte del consejero Marco Antonio Baños y abonó al desacuerdo general.
Sólo basta leer o escuchar las entrevistas que estos días posteriores a la crisis ha ofrecido el presidente del INE para darnos cuenta de la dimensión del problema, de la falta de visión y comprensión del delicado momento que se vive.
Es urgente recobrar la institucionalidad del INE, sustentada en los principios constitucionales que rigen su funcionamiento, decididamente los de legalidad e imparcialidad. Es fundamental recuperar los mecanismos de diálogo político que permitan el intercambio, compartir información, dudas, propuestas, no para que "el árbitro se someta a los intereses de los competidores", sino simple y llanamente para ser escuchados. No bastará que se rectifiquen decisiones y criterios, es necesario un cambio de actitud.
Es momento de terminar con esa lógica de que los partidos no forman parte del Consejo General del INE y por lo tanto deben ser excluidos en la búsqueda del consenso; o lo que es peor, que el gobierno y su partido sigan a manejando al INE dinamitando su autonomía. Persistir en esa dinámica aumentará el descrédito y la desconfianza, que ni la mejor relación con el duopolio televisivo, podrá revertir. Son las autoridades, los partidos, los candidatos, los ciudadanos, quienes podrán reconstruir la legitimidad democrática, devastada también hoy, como en ninguna época.
P.D. Conforme avanza el Movimiento Chihuahuense UNION CIUDADANA, puesto en lucha contra la corrupción del gobernador del Estado César Duarte, éste se comporta como el verdadero tirano que es y demuestra lo preocupado que está por la insurgencia cívica que resurge en el Estado grande de México, provocada por su ambición sin límites, sus corruptelas, su falta de escrúpulos, la mentira que lo corroe por todo su ser; cínico como pocos, embustero como ninguno.
César Duarte está consciente de todo lo que le sabemos y todo lo que vendrá, porque si alguien sabe exactamente todos sus enjuagues es él mismo. Por eso mandó provocadores a nuestra primera Asamblea constitutiva en la ciudad de Chihuahua, lo volvió hacer en Juárez hace quince días, la semana pasada en Ojinaga; además ha buscado boicotear nuestros actos y organiza operativos telefónicos para difundir, un día antes, que nuestras asambleas municipales se posponen o cancelan.
Presiona a los propietarios de los locales donde hemos convocado a la constitución de nuestros capítulos municipales; se encargó personalmente de llamar en Madera para que nos cancelaran el uso del auditorio municipal.
Como en muy pocos momentos recientes de nuestra historia local he visto recrudecerse la censura en medios, donde ni pagados se aceptan mensajes de difusión de nuestro movimiento y menos tocar el tema de la denuncia penal en su contra por enriquecimiento ilícito y peculado. Se vuelve a restringir no sólo a los reporteros, sino a los articulistas de opinión.
Duarte ha emprendido personalmente una campaña de molestia y desprestigio en contra de mi familia y ha enviado miles de volantes difamatorios en contra de mi persona y la de Francisco Barrio que se reparten casa por casa.
Cree el tirano corrupto que con eso nos detendrá, supone que nos intimida; no sabe de qué estamos hechos. Ignora el dato esencial: Que la libertad empieza cuando uno se impone sobre el miedo, que la libertad es la fuerza que uno debe anteponer ante los corruptos y los tiranos.
Ahora vamos con gran entusiasmo al municipio de Madera, no importa que la Asamblea la realicemos en la calle. Esa es nuestra especialidad, la adversidad ha sido nuestro ambiente natural.
Desde ahora también adelanto nuestra concentración el próximo sábado 28 de febrero en la Plaza Hidalgo, frente al Palacio de Gobierno, a las 4:30 de la tarde, NO SE SUSPENDERÁ, NI SE POSPONDRÁ, por si alguien les llama para decirles. Ahí estaremos llueva, truene o relampaguee. ¡Y seremos miles!