En días pasados se ha retomado por diversos actores políticos, incluido al Ejecutivo Federal, la pertinencia de llevar a cabo una profunda reforma política en materia electoral. De entrada, siempre que el sistema electoral es expuesto en el transcurrir de uno o varios procesos electorales, como sucedió este año, resulta conveniente analizar las fortalezas y debilidades de dicho sistema con la intención de mejorarlo y enriquecerlo, teniendo como principal objetivo el beneficio de todas y todos los actores políticos, pero sobre todo de la sociedad en su conjunto.
Algunos posicionamientos, notas de trabajo y hasta presuntos proyectos de iniciativa que circulan en redes sociales me generan buenas perspectivas y otras muchas reocupaciones. Respecto a lo que me parecen buenas aportaciones referiría las principales:
· La incorporación en la normativa respectiva, de los derechos de la ciudadanía a raíz de las interpretaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
· La reglamentación efectiva y uso de la tecnología como herramienta fundamental para la recepción del voto de los y las ciudadanas entre la que destacaría el uso de urnas electrónicas como ya sucede en algunas entidades federativas, así como el uso del internet que hoy es un mecanismo empleado, además del voto postal, para la recepción del voto de las y los mexicanos residentes en el exterior para distintos cargos que diversas legislaciones electorales lo permiten. Sin duda alguna esta sería una importante apuesta para la optimización de procesos, la eficiencia y prontitud de los resultados electorales y el abaratamiento de las elecciones en un mediano plazo.
· El fortalecimiento de la paridad de género y las acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad, así como la obligación de juzgar desde un enfoque igualitario de los derechos humanos y utilizando una perspectiva de género.
· Tipificar la violencia política de género como causal de nulidad de una elección.
Sin embargo, hay rubros que me parece serían un grave retroceso en caso de arribar a su implementación y que vulneraría a las propias instituciones electorales. Apunto algunas.
· No comparto la presunta desaparición de los organismos públicos locales electorales para que sus funciones sean, de alguna manera, retomadas por la autoridad electoral nacional. Además de que romperíamos el engranaje constitucional del pacto federal, operativamente resultaría totalmente inviable. Lo mismo para el caso de los órganos jurisdiccionales en materia electoral locales. Más bien debe hacerse una revisión de facultades para delimitarlas de mejor manera entre estas instancias, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
· Generar mejores instituciones barriendo a sus directivos tampoco creo que sea una buena dinámica. Creo que el planteamiento debería de ser revisar funciones y atribuciones de las autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales tomando en cuenta lo ganado, lo construido y que la población recoge satisfactoriamente al considerar, por ejemplo, al INE, como un referente de confianza y profesionalismo.
· Tampoco comparto la reducción de una proporción de legisladores electos por la vía de la representación proporcional. Para el caso del Senado de la República la figura de primera minoría sí debería revisarse.
· Por ahí existe una referencia de crear una unidad especializada del INE para los temas de fiscalización que contaría con autonomía e independencia del Consejo General del INE, su máximo órgano de dirección. El área especializada ya existe desvincularlo de su Consejo General me parece que perdería su eficacia deliberativa, argumentativa y de transparencia.
Finalmente, creo que hay temas que, por diversas circunstancias parecería que no quieren tocarse de fondo tales como revisar la reducción del ostentoso financiamiento que por partida doble (local y federal), reciben los partidos políticos; el endurecimiento de sanciones al no cumplimiento por parte de dichas instancias como sujetos obligados en materia de transparencia, entre otras más.
No obstante, el Legislativo tendrá la última palabra, aquí solo dejo algunas reflexiones que apuntan a no perder lo que se ha logrado durante años y lo que no debería incluir la reforma electoral.