Opinión

¡Lléname el bidón!

A nadie le importa si los despachadores aspiran los gases de la gasolina con efectos cancerígenos y sistémicos que traen consecuencias muy graves para ellos. | Manuel Fuentes

  • 16/01/2019
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En estos días de desabasto de combustible los despachadores de gasolina se han convertido en las personas más buscadas. Después de largas filas, cuando llegan a la cercanía de las bombas de gasolina dicen los automovilistas:

“¡Qué gusto que me llenes el tanque! ¡al menos que sean 300 pesos!”

o de perdida: “¡lléname el bidón!”

Pero ¿a quiénes le importan los despachadores de gasolina?, la respuesta es a nadie, salvo, ahora en estos líos de la falta de gasolina.

Si tienen salario o no, los conductores (de antes) decían, “¡ese es problema de ellos!” que si tienen que pagar derecho de piso,” ¡qué me importa!”, que si carecen de seguro social, de aguinaldo, de vacaciones, de prima vacacional, “¡no es de mi incumbencia!”

Así ocurre con las autoridades de todos los niveles, ¡no les importa lo que ocurre con ellas: las despachadoras, y ellos: los despachadores! A lo mejor en el discurso sí.

¿Se sabe que las más de 12 mil estaciones de gasolina del país, cada una tiene un contrato colectivo de protección? Imagínense, cada gasolinera está bajo la protección (¿?) de un líder sindical manejado (comprado) por el patrón.

Los despachadores ni siquiera saben que tienen sindicato, un líder patriarcal sindical (empleado del patrón) y hasta un pequeño libro llamado: contrato colectivo (que nadie conoce). Están protegidos, pero los dueños (no los trabajadores) de esas benditas concesiones, para que digan que están en orden, de acuerdo con esa ley (inservible), que solo beneficia a los que tienen recursos económicos, y ¡relaciones políticas!

Algunos de los dueños de las gasolineras obtuvieron la concesión por ser amigos de los funcionarios en turno, porque dieron una buena mordida ($$), porque fueron políticos encumbrados que se sirvieron del poder para beneficio propio, o porque son viles prestanombres, y por eso nadie se mete con ellos.

Como fantasmas

No se sabe con certeza cuántos despachadores hay en el país porque no están registrados en ningún lado, son como fantasmas en la estadística nacional. Algunos dicen que son 300 mil y otros hasta 400 mil.

Si se mueren, que importa, ¡al fin que ni existían! (en el papel), si se enferman, ¡se van a la calle!, en las estaciones de gasolina estorban los despachadores enfermos. Ellos dicen (los dueños de las gasolineras): ¡no somos hospitales! ¡no somos beneficencia!

Platicaba este martes con el periodista Julio Hernández López, mejor conocido como Julio Astillero, en su nuevo programa de Radio Centro, que los despachadores no tienen adonde acudir para quejarse. Que si van a una Procuraduría de la Defensa del Trabajo, un juicio laboral puede tardar hasta 7 años.

Que se carece de inspectores de trabajo que vigilen las condiciones de trabajo. Que tan solo en la Ciudad de México hay apenas 24 inspectores para vigilar los más de 270 mil centros de trabajo (de los informales, que son tres veces más, ni se acuerdan). De las gasolineras, ni siquiera son parte de sus objetivos, pero en el resto del país el problema es de la misma naturaleza (de total desinterés). De tres hasta cinco inspectores, cuando más, para todo un estado.

A nadie le importa si los despachadores aspiran los gases de la gasolina con efectos cancerígenos y sistémicos que traen consecuencias muy graves para ellos. Existen estudios que la inhalación por día de cada despachador es de 3.544 mg/kg de compuestos cancerígenos, y de 8.271 mg/kg día, de elementos que producen daño sistémico irreversible.

¿Dónde está la seguridad social para ellos?

¿Qué medidas preventivas se practican?

Toda transformación política, toda lucha contra la corrupción debe también considerar a las personas, a los trabajadores, a reconocer sus derechos humanos; a que existan. ¿Es mucho pedir?

De otros avatares… Criminalizar la inconformidad laboral

Va mi solidaridad más amplia para Judith Calderón Gómez (exsecretaria general del SITRAJOR), Leonardo Mondragón Román (exsecretario de organización de SITRAJOR), Maricela Delgado Dueñas y Alejandro Caballero Calderón (hijo de Judith Calderón) a quienes la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha solicitado su consignación ante un juez penal, como revancha por la huelga que estallaran en el periódico La Jornada, el 30 de junio de 2017.

Este hecho grave se suma a los ¡14 despedidos! que pertenecen al SITRAJOR.

¡Vaya tiempos de locura!

Por una reforma laboral sin retrocesos

@Manuel_FuentesM | @OpinionLSR | @lasillarota

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