Los sismos de septiembre pasado, sacaron a la luz la falta de un plan robusto de protección civil así como de la ausencia de planes y protocolos de reacción por parte de las autoridades ante desastres naturales en la Ciudad de México.

Una ciudad de

alta sismicidad


La característica principal de las primeras horas luego de los sismos y ante el estupor por la caída de diversos edificios, fue una vez más la improvisación y la auto organización de la sociedad.

Esta seguirá mirándose como un acto heroico y de solidaridad de la sociedad mexicana; sin embargo, no es la mejor receta para hacer frente a los fenómenos naturales, ni tampoco para sobrevivir en una ciudad de alta sismicidad.

Y es que, como regla general, luego de las primeras horas después de las catástrofes, las preguntas que surgieron, fueron: ¿quién ayudará a quienes lo perdieron todo? ¿Cómo harán para recuperar lo rescatable de sus patrimonios? ¿Quiénes son los responsables de la deficiente construcción de obra pública y privada? ¿Quién será el encargado de investigar y castigar a todos aquellos que incurrieron en actos de corrupción? ¿Quién se hará cargo dar de seguimiento a la reconstrucción y atención a los damnificados? 

Por su parte, los responsables de construcción públicos y privados, empresas aseguradoras y financieras, se hicieron a un lado al momento en que la ciudadanía requirió de su apoyo para afrontar los efectos del sismo.

¿Y las constructoras?


En México sucede el fenómeno en el que las empresas constructoras desaparecen sin dejar huella luego de terminar una edificación, las aseguradoras evaden su compromiso firmado en las pólizas dejando en letra pequeña lo más importante del contrato para luego ampararse en ello y condicionar su cumplimiento. En otras palabras, en este país es difícil establecer responsabilidades ante catástrofes naturales.

Luego de los sismos de 1985, surgieron diversos movimientos ciudadanos para demandarle al gobierno la reconstrucción de viviendas y solicitar ayuda para los miles de damnificados que dejó el movimiento telúrico de hace 32 años.

El resultado de esos movimientos fue muy diverso, se crearon agrupaciones vecinales que posteriormente se adhirieron a movimientos políticos y dieron paso a la creación de políticas públicas para coadyuvar a la creación de un reglamento de construcción y de normas que buscaban prevenir nuevos derrumbes ante un sismo.

El movimiento ciudadano de aquellos años alcanzó para crear y dar forma a lo que hoy es el programa de Protección Civil que es operado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) que a su vez depende de la Secretaria de Gobernación.

Los sismos de 2017 volvieron a desnudar el desdén de las autoridades y de la propia sociedad civil, pues con el tiempo, muchas construcciones de la Ciudad de México pasaron por alto las especificaciones técnicas de altura para edificar inmuebles de vivienda y oficinas que se propagaron por toda la ciudad.

El boom inmobiliario


El boom inmobiliario de la Ciudad de México cobro fuerza en los últimos 10 años y sus habitantes fuimos testigos del crecimiento desmedido de edificaciones que en más de una ocasión despertaron la sospecha sobre si cumplían o no las especificaciones y reglamentos establecidos; incluso, hubo denuncias contra inmobiliarias que violaban el reglamento sin que las autoridades hicieran nada al respecto.

Por ello, luego de los recientes terremotos, no era difícil prever que una vez luego de los movimientos telúricos, vendrían las denuncias por actos de corrupción contra las empresas inmobiliarias y que, en el mejor de los casos, se retomarían denuncias añejas que habían sido sepultadas por los escombros de la burocracia.

Los damnificados del reciente sismo ya comenzaron a organizarse para exigir a las autoridades apoyos, así como castigo contra quienes resulten responsables por haber violado las normas y leyes de construcción de la Ciudad de México. La cámara de diputados, por su lado, creó una comisión para dar seguimiento a los apoyos y donativos obtenidos para la reconstrucción de la ciudad.

El miedo a la corrupción


En Japón, por ejemplo, se dice que la gente no sale de los edificios durante un terremoto por el simple hecho de que confían en la estructura de las construcciones, pues las especificaciones de construcción son respetadas y, en caso contrario, son severamente sancionadas por las autoridades de ese país. En la Ciudad de México, lo que hace correr a la gente y desalojar los edificios durante un sismo, es el miedo ocasionado por la corrupción.

Habitar una ciudad de alta sismicidad como lo es la Ciudad de México, demanda de parte de la sociedad civil un órgano público que concentre y garantice un seguimiento puntual de todos los procesos e involucrados en la edificación de inmuebles.

La instancia debe garantizar la transparencia de todos los involucrados en construcción de desarrollo urbano, el cual debe dar seguimiento al otorgamiento de permisos de construcción y debe propiciar una ruta clara para que los damnificados de un sismo, acudan a una sola instancia para hacer valer todos sus derechos civiles y ciudadanos.

¿Listos para los sismos que se avecinan?

Es inevitable que esta ciudad viva uno o más terremotos de similar o mayor magnitud que los sucedidos en septiembre pasado, al menos eso es lo que afirman los expertos geólogos de la UNAM y de protección civil.

Pero a lo que no debemos acostumbrarnos es a la corrupción de las empresas constructoras e inmobiliarias, al de las autoridades locales y federales, al de las asociaciones de ingenieros y arquitectos, así como a la de los directores responsables de obra, que dejaron a su suerte a miles de damnificados que han comenzado su lucha a través de las marchas, porque funcionarios públicos y privados, desatendieron sus responsabilidades en una ciudad que deberá estar preparada para los sismos que vienen.

@ijm14 | @OpinionLSR | @lasillarota



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