Opinión

Liso como el mármol

No soy partidario de una persecución a los vendedores en vía pública, aunque sí creo que las ciudades deben buscar cierto grado de orden. | Roberto Remes

  • 19/08/2020
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Hace unos 15 años, siendo delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en la Zona Metropolitana del Valle de México, hicimos un operativo en el Mercado de Flores y Plantas de Cuemanco. Llegamos con todos los inspectores, que estaban divididos en recursos naturales y en industria, pero para operativos se ayudaban mutuamente. Previo al mismo, habíamos realizado un trabajo visual para identificar quiénes vendían plantas cuya comercialización estaba prohibida o requería una autorización especial: orquídeas, helechos arborescentes, cactáceas y otras plantas del desierto, conforme a la NOM-059-SEMARNAT vigente entonces.

El resultado de estos operativos era el aseguramiento de una gran cantidad de plantas, nuestras pick ups salían desbordadas, y lo que no cabía, quedaba “en depositaría” del inspeccionado. Pero al haber una presunción de delito, era mi obligación presentar una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales de la otrora Procuraduría General de la República, que realizaba la investigación.

Meses después supimos que los agentes de la PGR realizaron un cateo nocturno a los locales que nosotros habíamos denunciado como comercializadores de flora silvestre, amenazada o en peligro de extinción. Los vendedores estaban furiosos contra mí: los agentes ministeriales les robaron dinero y objetos personales durante el cateo, y cuando fueron a reclamar, acusaron que yo era el denunciante (y sí lo era, de oficio).

Entre las plantas comercializadas había algunas que tardan tantos años en desarrollarse, que no podían ser reproducidas en invernadero, pero lo que trabajamos con los comerciantes de Cuemanco fue, en principio, su regularización para que sólo expendieran plantas legales y no las extraídas de su medio natural.

Este no fue el único operativo que llevamos a cabo, en realidad, cada cierto tiempo hacíamos inspecciones sorpresa relacionadas con animales, plantas, tala clandestina, además de las visitas a industria. Varias veces tuvimos acciones en el Mercado de Sonora, y también presentamos denuncias penales. Insisto, de oficio.

Con el paso del tiempo he reflexionado sobre la trascendencia del operativo. En una sociedad carente de un orden estricto, la aplicación de la ley es interpretada como un acto agresivo, pero si a esto le sumamos los abusos, el resultado es desastroso. ¿Habría alternativas?

La protección de especies de flora y fauna es fundamental para su conservación, la venta furtiva puede afectar poblaciones, pero lo ideal sería la instrumentación de una política integral, algo que limite la comercialización de aquellas especies que no puedan ser reproducidas en invernadero o cautiverio, pero también incentive la producción de las que sí. Seguro que podría revisarse el peso de la sanción, tanto administrativa como penal, y enfocar el esfuerzo de conservación a las zonas con mayor deterioro ambiental.

¿Por qué menciono este tema? En realidad lo hago por analogía. En México hay muchos operativos y poca efectividad en la respuesta del Estado para poner orden. Sin duda tanta impunidad termina influyendo en la descomposición social que estamos viviendo. Hace unos días salió a relucir el tema desde una discusión entre supuestos “clasistas”, que se oponen a la libre ocupación de sus vecindarios con vendedores informales, versus los “defensores” de un desempeño más orgánico de las calles, en el entendido de que los puestos informales ofrecen opciones de comida más económica en las zonas caras de la ciudad.

No soy partidario de una persecución a los vendedores en vía pública, aunque sí creo que las ciudades deben buscar cierto grado de orden: tienes todo el derecho a vender, pero no en cualquier lado. Al final de cuentas, establecer comercio en locales, dentro de un inmueble, generará empleos formales, con prestaciones, mientras que el comercio informal, mantendrá la vulnerabilidad de todos los actores.

Esto termina impactando en la productividad en general, y en el bienestar de quienes dependen de la informalidad. Si el 57% informal de la fuerza de trabajo produce el 22% del PIB, significa que el 43% formal es casi 4 veces más productivo. Algo tendríamos que hacer para que el empleo informal disminuya su peso relativo ... pero no operativos en los que se les criminalice.

Debemos salirnos de la aspiración a ver la calle como un aparador, pero también debemos acotar a los actores informales. Me niego a la persecución desde el Estado, que sólo redunda en pobreza, pero también a un Estado que se cruza de brazos frente a los problemas.

Como el ejemplo del Mercado de Flores y Plantas de Cuemanco, una acción justiciera desde el Estado sólo lastima a los actores, pero una omisión seudo garantista también lo hace, con lo cual apelo al pacto social: necesitamos acuerdos estables, dar certeza a los comerciantes en lo individual, más que a sus líderes, pero aceptar algún grado de convivencia con la informalidad. No todo es liso como el mármol.

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