La anunciada modernización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de las fuerzas armadas en general, debe pasar no sólo por aspectos operativos, tecnológicos y doctrinarios o por el rearme y expansión en las funciones de combate a la delincuencia que le han sido asignadas desde hace más de 12 años por los sucesivos presidentes del país.
La modernización debe aterrizar también en el saneamiento de los mecanismos de asistencia y apoyo a todos los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Marina; léase Banjército.
La institución, creada en 1947, y que hoy resguarda el dinero de cerca de medio millón de mexicanos ligados de manera directa e indirecta a las tres armas de guerra del país, no ha funcionado de manera transparente y ordenada tanto en el manejo de los servicios que ofrece como en los mecanismos que emplea para ello.
Las sucesivas observaciones hechas en años recientes por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Banjército, siguen revelando las deficiencias y lastres de una de las instancias más importantes de las fuerzas armadas mexicanas junto con el ISSFAM.
A la par de las distorsiones y las formas heterodoxas de llevar los procedimientos financieros y fiduciarios de la institución, la banca de los militares sigue operando bajo esquemas preferenciales más vinculados en ciertos momentos al poder personal que a requerimientos administrativos congruentes.
Sobre los procedimientos, omisiones y carencias del banco de los militares y marinos, la ASF ha señalado recientemente algunas de las irregularidades detectadas en sus operaciones anuales.
En diciembre de 2015 el organismo revisor de la cuenta pública dio a conocer la auditoria 14-2-06G1H-02-0067, con la que se investigó la compra de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) adquiridas por cerca de 300 instituciones públicas.
De ese universo solo 251 instancias contestaron el cuestionario autoevaluatorio, a partir de cual la ASF investigó de manera directa la forma en que se compraron los equipos de cómputo, con que bases administrativas y bajo qué marco normativo.
El Banjército fue una de las instancias analizadas por la ASF, la cual revisó las compras de equipo de cómputo, de software, así como el gasto contratado en mantenimiento y otros servicios adquiridos.
También analizó el manejo de los servicios de revisión y de los datos de los sistemas para controlar la entrada y los permisos de los vehículos de importación para saber si son robados, si tienen reporte de siniestro (estar involucrados en choques, atropellamientos, asaltos, secuestros, extorsiones, tener adeudos) o alguna notificación que les impida, desde los Estados Unidos, ser ingresados a México.
El universo de recursos a revisar fue de 571 millones, 872 mil 600 pesos, en el que se incluyeron sueldos, compra de equipo, compra de software, renta de equipo, mantenimiento y revisión de material adquirido. Seis empresas (tres por adjudicación directa y tres por licitación pública nacional) se hicieron cargo de los entregar las TIC al Banjército y de llevar el software usado hasta la fecha para controlar en ingreso de vehículos importados.
La ASF encontró incumplimiento en los servicios de las empresas que ofrecieron el software para identificar vehículos comprometidos. Las empresas involucradas debieron proporcionar 68 criterios consultables en las pantallas y bases de datos del Banjército en los puestos fronterizos de entrada de autos.
En realidad sólo se proporcionaron 14 criterios identificables en las pantallas de consulta. El Banjército permitió esta irregularidad sin recamarle a la empresa la falla.
La Auditoría detectó al menos 467 mil 152 consultas a las bases de datos hechas en 2014 en las que los interesados no encontraron la información prometida por el Banjército.
Por si fuera poco, el banco del Ejército cobra 54 dólares (más IVA) por la consulta en la base de datos de la empresa CARINFO -la misma que está incompleta- sin decirle a los ciudadanos que la consulta es opcional y gratuita en otras instancias distintas, de acuerdo con lo establecido por el Registro Público Vehicular (REPUVE).
Otra irregularidad del Banjército fue la de haber permitido la importación de vehículos en 2014 sin contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y sin tener, además, la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Los procedimientos del Banjército violaron el artículo 46, fracción XXVIII, de la Ley de Instituciones de Crédito, señalaba la ASF en su investigación.
Y algo más delicado aun; en 2012 el Banjército comenzó a pagar el arrendamiento de 1,401 equipos de cómputo a una firma internacional por un monto inicial de 50 millones 826 mil pesos. La institución solicitó una ampliación del endeudamiento por 1 millón 631 mil pesos, con lo que se rentó 40 laptops adicionales.
El adeudo total se pagó en 2014, pero las 40 laptops no fueron finalmente para el Banjército. Terminaron en manos de la Sedena, en un comodato para apoyar la “Implementación de Células Móviles de Acopio de Información en los Mandos Territoriales y Escuela Militar de Inteligencia”.
Sin embargo, dicha actividad no está relacionada con el objeto del banco, señala en su auditoría la ASF.
Águila y Sol
Todo esto sucedió entre 2012 y 2014, es decir en el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto y del general Salvador Cienfuegos Zepeda al frente de la Sedena.
En el Banjército estaba al frente el general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, ex subsecretario de la Defensa y uno de los contendientes más sólidos para ocupar la oficina desde la que terminó despachando Cienfuegos. Para enfriarlo, el nuevo secretario envió a Gaytán Ochoa al Banjército, como antesala también de su jubilación.
Antes de la llegada de Gaytán, el general Fernando Millán Villegas había dirigido a la institución durante una década. Su paso fue calificado por propios y extraños como muy bueno. Pero el alto mando no pareció pensar lo mismo y a su llegada ordenó no un enroque, sino la salida de Millán para colocar a su otrora oponente.
El problema para el ex candidato a DN-1 fue que continuó una línea de trabajo similar a la de Millán. No seguir ciertas pautas y recomendaciones le acarreó problemas de todo tipo, incluso legales. Estuvo involucrado en el costoso estacionamiento con el que la Sedena estrenó una nueva era en obras arquitectónicas de largo aliento.
Gaytán Ochoa pasó a retiro y en su lugar fue nombrado el general de Brigada René Trujillo Miranda, ascendido a ese grado apenas en 2014, con cuarenta años de servicios en la Sedena, perteneciente al arma de Infantería y con trayectoria laboral en el Banjército, en donde ya había sido director general Adjunto del Banco Nacional y director de Administración.
Antes se había desempeñado como director de la Escuela de Administración Militar y Pública, dependiente del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea.
Previo a su llegada al Banjército, el general acababa de ser nombrado Subdirector de Adquisiciones de la Dirección General de Administración, de la Secretaría de la Defensa Nacional, un puesto clave en donde se manejan todas las adquisiciones y el presupuesto estratégico de la Sedena, además de los fideicomisos de la institución, especialmente el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar.
Uno de los primeros nombramientos polémicos que hizo a su llegada el general Trujillo Miranda fue el del coronel de la Fuerza Aérea Sergio Piñeiro Camacho, a quien designó como Director Adjunto de Administración, el segundo más importante en la estructura del Banjército, su mano derecha.
El coronel recibió el nombramiento el primero de marzo de 2015, pero su paso por el banco fue más o menos efímero porque la Sedena tenía abierta una investigación interna para aclarar la compra de miles de medicamentos a sobre precio cuando Piñeiro era jefe de Suministros Médicos de la Subdirección de Adquisiciones. Su jefe inmediato era el general Trujillo.
Los remanentes de la investigación alcanzaron a Piñeiro cuando fue nombrado por el general Trujillo como Director Adjunto de Administración del Banjército en marzo de 2015. La presión lo hizo separarse del cargo al que llegó otro militar del círculo del general Trujillo Miranda: el coronel Ignacio Torres Márquez, del servicio de Intendencia y a quien rescató en 2015 de la Jefatura de Tiendas y Granjas de la Sedena, de la cual era titular.
Torres Márquez, quien ascendió al grado de coronel en 2014 -el mismo año en que el general Trujillo llegó al de Brigada- estaba en una lista del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN) a principios de 2015, por manejos poco claros en el sector de los recursos autogenerados por la secretaría.
En algunas columnas periodísticas se le mencionó el año pasado a raíz de las irregularidades detectadas en el manejo de las fuentes de autogenerados (cines, granjas, tiendas, hoteles, restaurantes) que controla la jefatura que él encabezaba.
Militares en retiro que pasaron por el Banjército y empresarios que tuvieron vínculos con la institución dicen que si bien el general René Trujillo echó en los primeros meses de su gestión a familiares y clanes de otras épocas, lo hizo para darle entrada a los que ahora son de casa.
Se menciona, por ejemplo, al Capitán Rafael Miranda Castrejón quien es el Subdirector de Apoyos y Servicios del Banjército. El capitán tiene como jefe inmediato superior al coronel Ignacio Torres Márquez, Director Adjunto de Administración. Al capitán se le ubica como sobrino del general René Trujillo Miranda.
Otro caso destacado es el del Director de Banca Electrónica del Banjército, el Maestro Marco Vinicio Lozano Valencia, uno de los poco civiles integrados a la institución y quien es hijo del general de División Genaro Fausto Lozano Espinosa, ni más ni menos que el Director General de Industria Militar, uno de los pilares de la modernización de la Sedena.
Moderniza, que algo queda.