Opinión

Liderazgo político de las mujeres

Graves y serias implicaciones para los derechos de las mujeres. | Carla Humphrey

  • 08/11/2019
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En estos días se está analizando la posibilidad de reducir el financiamiento público al que constitucionalmente tienen derecho los partidos políticos como entidades de interés público.

Es una medida que tiene que analizarse con cuidado, tomando en cuenta que los partidos políticos tienen diversos tipos de financiamiento público: el ordinario, el de campaña y el financiamiento por actividades específicas. Resulta necesario, además, diferenciar entre partidos políticos nacionales y locales, con la finalidad de que estos últimos cuenten con mecanismos que les permitan financiar sus actividades.

En la primera legislatura de la paridad de género en nuestro país, un tema resulta preocupante respecto a los derechos políticos de las mujeres, la eventual reducción o eliminación del financiamiento público para la formación y capacitación de liderazgos de mujeres que, o bien que este porcentaje del financiamiento público que los partidos políticos deben destinar obligatoriamente a esta materia, sea absorbido por el financiamiento para actividades específicas.

El origen de la obligación constitucional de destinar el 3 por ciento del financiamiento público de los partidos políticos para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, combate directamente el pretexto de la mayoría de los militantes de los partidos políticos con respecto a que a las mujeres no nos interesa la política o que no estamos preparadas para ejercer un cargo público.

Desde diversas entidades federativas, entre ellas el entonces Distrito Federal, se impulsaron múltiples reformas para garantizar que las mujeres ejercieran sus derechos políticos, una de ellas fue etiquetar un porcentaje de su financiamiento para el liderazgo de las mujeres, con la finalidad de utilizarlo en actividades que beneficiaran y apuntalaran a las mujeres para llegar y ejercer un cargo público.

La lucha ha sido constante de las autoridades electorales y colectivos de mujeres, para que las erogaciones realizadas con cargo a este porcentaje fueran sustanciales y no simples gastos de operación o superfluos. El Instituto Nacional Electoral ha aprobado reglamentos que determinan con claridad cuáles son las actividades que pueden financiarse con estos recursos, se han presentado quejas e impugnaciones por el mal uso de este financiamiento e, incluso, en diversas ocasiones los partidos políticos no cuentan con la planeación correcta que les permita erogar los recursos en forma adecuada y, no en pocas ocasiones, presentan un subejercicio en este rubro.

La propuesta de subsumir el financiamiento para actividades específicas y el de formación y capacitación de liderazgos de mujeres, en los hechos hace que desaparezca la obligación para que los partidos políticos eroguen estos recursos en conceptos sustanciales para las mujeres que ocupen espacios públicos así como para su adecuada fiscalización por parte de las autoridades competentes.

Las actividades específicas no tienen ninguna relación con las de promoción y liderazgo de las mujeres en el ámbito político electoral. Esta propuesta representa una regresión respecto a uno de los temas que, en los hechos y con recursos económicos, sirve para favorecer y garantizar el cabal ejercicio de los derechos de las mujeres en nuestro país.

Por otra parte, en caso de que se apruebe la reducción del financiamiento público para los partidos políticos, en términos reales, también se reduciría el monto de recursos destinados para el liderazgo de las mujeres que materializa en los hechos, la integración paritaria en los órganos legislativos y, con la aprobación de la reforma conocida como #ParidadEnTodo, implica desconocer que en cumplimiento de un principio constitucional, un mayor número de mujeres integrarán espacios públicos en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno.

Este cambio, que parece menor, tendría graves y serias implicaciones para los derechos  de las mujeres que, además, reciben menores recursos para sus campañas y menos espacios en radio y televisión que los hombres, y son violentadas políticamente cuando contienden por un espacio público o cuando ejercen el cargo para el que fueron electas. Debe avanzarse y no retrocederse en las medidas para garantizar, en condiciones de libertad y seguridad, el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en nuestro país.