El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dio a conocer el pasado 17 de agosto que concluyó el procedimiento de presentación de ofertas de la licitación pública de 148 canales de televisión (Licitación No. IFT-6). De los 148 canales originales, se podrán asignar 32 en 17 entidades federativas, esos 32 canales cubren a poco más de 50.44 millones de habitantes, lo que representa cerca del 45% de la población total del país. De los 14 participantes en la licitación 13 obtendrían al menos un canal de televisión, de ellos, cuatro son nuevos en el sector de la radiodifusión, el 22% de los canales fueron obtenidos por nuevos competidores en el mercado y el monto acumulado por las pujas más altas ascendió a 1,614 millones de pesos.
Como sucedió con la licitación de radio en las bandas de AM y FM, que se vió envuelta en cuestionamientos por el caso de Tecnoradio, ahora en la de TV nuevamente hay controversia por el perfil de uno de los ganadores de frecuencias a través de la empresa Telsusa Televisión México S.A. de C.V.
Se trata de Ángel Remigio González, empresario de origen mexicano radicado en Miami, Estados Unidos, mejor conocido como el “Fantasma” en Latinoamérica porque intenta tener un bajo perfil público, sin embargo, constantemente se le involucra en varios escándalos. Los más recientes en los que se ha visto envuelto son en Guatemala y Chile. En el primero la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) emitió una orden de captura internacional en contra de la esposa del empresario, Alba Elvira Lorenzana, por el caso de “Cooptación del Estado”, que refiere al lavado de activos de la campaña electoral de Otto Pérez Molina (que tuvo que dimitir como presidente y ahora se encuentra en la cárcel) y Roxana Baldetti en 2011, que incluyó la participación de varios canales de TV de González, a cambio, recibió $27 millones de dólares en publicidad oficial. La investigación reveló distintas modalidades de esta actividad ilícita que involucra al poder económico y al poder político.
En julio de este año en Chile, el periódico El Mostrador informó que González sería el dueño, de manera ilegal y a través de testaferros, de los canales de TV abierta Telecanal (canal 2 en Santiago) y La Red (canal 4 en Santiago), pues de acuerdo con la Ley de TV digital como a la Ley del Consejo Nacional de Televisión (CNTV, que regula la TV abierta en ese país) prohíben que dos canales estén en manos de un mismo grupo empresario. Según la investigación del diario La Red y Telecanal funcionan a través de sociedades, aparentemente diferentes, pero con el mismo domicilio en Islas Vírgenes Británicas. Ambas sociedades además están en el listado del caso Panama Papers que reveló la existencia de empresas y propiedades de políticos y empresarios de todo el mundo inscritos en paraísos fiscales.
La Red (canal 4 de Santiago) está controlada por la Compañía Chilena de Televisión, entre cuyos socios se encuentra Global Holding Properties Corporation, donde participan como accionistas Ángel González, su esposa, Alba y su hija, Morelia. Por su parte, Telecanal está controlada por Wayland Services Group Limited, cuyo titular es Guillermo Cañedo White, pero tiene el mismo domicilio que Global Holding Properties.
El portal corporativo (Albavisión) de este magnate de los medios afirma que tiene frecuencias de TV y radio en 13 países de América Latina (Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Uruguay, Ecuador y Centroamérica, entre otros) con 35 canales de televisión, 114 estaciones de radio, 2 periódicos, además de salas de cine, una alta concentración de medios que le da la posibilidad de tener derecho de picaporte con muchos presidentes de la región.
Fernando Mejía Barquera, en su columna en Milenio del 17 de agosto, informó que sus canales de Chiapas (2) y Tabasco (2) mayoritariamente transmiten contenidos de Televisa (hasta en un 80%), por su parte Gabriel Sosa Plata, en su columna en Sin Embargo del 22 de agosto afirma que además opera un canal más en Veracruz pero mediante una concesión de uso social a través del Patronato para Instalar Repetidoras, Canales de Televisión, Coatzacoalcos, Veracruz, A.C.
En la versión estenográfica del Pleno del IFT del 7 de julio de 2017, puede verse la discusión del Pleno sobre la idoneidad del empresario para darle la constancia de participación en la licitación. Ante la falta de elementos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para verificar los antecedentes, instancia del Ejecutivo que puede pedir información a distintas instancias para acercar información al IFT en su opinión no vinculante, la mayoría de comisionados votó por darle la constancia de participación con el voto en contra de Adriana Labardini, María Elena Estavillo y de Adolfo Cuevas.
El caso empaña y deforma el objetivo de la licitación pública y deja una parte del espectro, un Bien del dominio de la Nación, en manos de un personaje de más que dudosa reputación.
Presidencia del IFT
El 10 de septiembre debería estar en firme la designación de la Presidencia del Pleno del IFT por parte del Senado de la República, puede bien ratificar al actual presidente, Gabriel Contreras, o bien designar a algún otro comisionado o comisionada. En cualquiera de los dos casos debería de realizarse mediante un proceso público y transparente que evite un nombramiento por intereses políticos o económicos entre los partidos políticos y el gobierno. Los aspirantes a este nombramiento deberían de comparecer ante las comisiones respectivas para conocer sus propuestas de agenda regulatoria y para mejorar el desempeño del instituto, pues el carácter presidencialista de este hace que quien lo encabece ponga su sello personal al órgano regulador.
Además los legisladores deberían de establecer indicadores que evaluen el desempeño de los aspirantes como reguladores sobre la base de los criterios constitucionales que dieron paso a la creación del IFT para que sea una instancia independente y robusta que de respuesta al interés público. Como medida para transparentar el proceso deberían además permitir el acompañamiento de actores de la sociedad civil y expertos involucrados en la agenda para observar el proceso, así como para que pueda emitir una opinión, una composición plural de personas que les apoye a conformarse una opinión integral respecto de los perfiles a analizar.
El nombramiento debe tener como fin último asegurar el mejor perfil respecto de los méritos profesionales, pero también de autonomía e independencia de los intereses políticos o económicos para evitar lo que le llaman la captura regulatoria, ya sea por parte del gobierno en turno como por parte de los regulados.
En resumen lo que debería hacerse en este relevante nombramiento por parte del Senado, es ejecutar las mejores prácticas de un parlamento abierto que implica participación ciudadana, rendición de cuentas, máxima publicidad, accesibilidad y difusión del proceso, tal como lo ha hecho con otros nombramientos de instituciones autónomas.
En el sector se juegan poderosos intereses y actores con la fuerza suficiente para cooptar instituciones del Estado, por eso en lugar de una negociación en lo oscurito, lo que corresponde es un proceso abierto de cara a la sociedad.
En otros temas
Finalmente el IFT otorgó la frecuencia en FM para Radio Educación, en horabuena. Esa emisora de servicio público se la merecía.