El sábado 9 de noviembre, tras el Paseo Nocturno en Bicicleta, con agresividad, intimidando incluso a niños, inició una barredora de patrullas y autobuses de dos pisos en los carriles centrales de Paseo de la Reforma. Tras el reclamo de algunos ciclistas, éstos fueron golpeados y acusados de robo. Pero la vía primaria fue liberada para satisfacción del Gobierno de Ciudad de México.
Los límites en el derecho de manifestación siempre han sido un tema complicado en nuestra sociedad y particularmente en Ciudad de México. Al final de cuentas, somos una comunidad marcada por la matanza de Tlaltelolco. Sin duda no debe ser sencillo determinar la liberación de una vialidad, ni hacer que las instituciones policiacas se desempeñen de manera impecable en términos de derechos humanos. Una simple falla puede detonar la destitución de un secretario.
En ese sentido me pareció muy bien que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, llamara a especialistas en derechos humanos para conformar un protocolo de actuación, en el marco de lo previsto por el Artículo 7, Ciudad democrática, de la Constitución Política de la Ciudad de México:
“La protesta social es un derecho individual y colectivo, que se ejercerá de manera pacífica sin afectar derechos de terceros. Las autoridades adoptarán protocolos de actuación en manifestaciones conforme a parámetros internacionales dirigidos a la protección de las personas en el ejercicio de este derecho, sin vulnerar otros derechos. Queda prohibida la criminalización de la protesta social y la manifestación pública.”
Bajo una lógica extrema, el derecho a la manifestación pública podría significar que manifestantes se quedaran por años ocupando, por ejemplo, el camellón de Paseo de la Reforma: de hecho, así sucede, frente al Centro Comercial de Reforma 222, donde desde hace varios años se ubica un campamento.
La Jefa de Gobierno se planteó crear un “Marco de Actuación ante Bloqueos Viales”, sólo se planteó eso, y eso obtuvo. No sé planteó un Marco de Actuación ante Bloqueos en general. Hago la acotación porque el resultado es un protocolo que permite la liberación de las vialidades haciendo uso de la fuerza pública, luego de haber intentado otras vías (concertación), cuando el bloqueo se realice en vías primarias. Si no hay condiciones para mantener el diálogo o se considera que existe algún peligro hacia la integridad de las personas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana liberará la vialidad, utilizando elementos debidamente identificados.
¿Puede haber otro tipo de bloqueos? A lo largo de tres décadas de una alta insurgencia social hemos visto quizá de todo. Por ejemplo, manifestantes que secuestran oficinas públicas, por minutos u horas. ¿No tendría que valer el mismo marco de actuación para esos casos? Sin duda. Sin embargo a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum sólo le preocupan los bloqueos a los automovilistas, eso pidió a Nashieli Ramírez, Padre Miguel Concha, Carlos Cruz, Laura Díaz de León, Sandra Serrano García, Aidé García, Javier Delgado Campos, Armando Miguel Barrera y Michelle Guerra Sastré, y eso obtuvo.
No está del todo mal, de hecho eso ya ocurría en el pasado. La Secretaría de Gobierno, bajo Patricia Mercado, contaba con concertadores que llegaban rápidamente en motocicleta a donde se desarrollaban los bloqueos y negociaban la liberación.
¿Podríamos plantear algo distinto? El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sentencia “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”. El énfasis hacia los derechos de terceros nos debe llevar a la reflexión respecto a si el derecho de libre tránsito incluye el vehículo. En el caso de un campamento en el espacio público, como el que referí en Paseo de la Reforma, o el que prevalece en las calles de Roma y Londres, generan una exclusión en el uso del espacio público para otras personas. Al sólo tomar en cuenta la liberación de vialidades primarias, la Jefa de Gobierno privilegia al auto sobre las personas.
Sé que digo una verdad de perogrullo porque toda su historia muestra una predilección por favorecer el uso del automóvil. En este sentido el Marco de Actuación para la Liberación de Vialidades no sólo se vuelve una herramienta incompleta, sino que antepone a los vehículos por encima de las personas, contraviniendo ciertos preceptos legales, por ejemplo el Artículo 13 de la Constitución de la Ciudad, en la fracción E, que habla del derecho a la movilidad y lo centra en la persona y no en los vehículos.
Desconozco si los especialistas en derechos humanos convocados le plantearon justo escenarios distintos, cuando el bloqueo termina afectando a peatones y no a usuarios de vehículos motorizados, o la entrada y salida de instalaciones públicas o de los congresos federal y local. O si por ejemplo se revisaron la liberación de instalaciones o rutas estratégicas, como los hospitales, las entradas y salidas de la ciudad o los accesos al aeropuerto, en los que, al no haber alternativas, el derecho de manifestación sí entra en conflicto con el de libre tránsito.
Celebro que la Jefa de Gobierno haya dado este primer paso, pero sin dudarlo, nos queda a deber.