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Libre expresión o información

El problema entre Aristegui y Vargas es un asunto eminentemente laboral.

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Escrito en OPINIÓN el

En el fondo de la crisis que protagonizaron la periodista Carmen Aristegui y MVS de Joaquín Vargas, la opinión pública se encuentra debatiendo si se trata de una transgresión a la libertad de expresión o al derecho a la información.

 

Ambos, tanto la libertad de expresión como el derecho a la información, son bienes jurídicos que tutela el derecho y protege el Estado mexicano mediante sus instituciones; además son objetivos nacionales que se persiguen como anhelo, en el marco de la seguridad nacional mexicana.

 

El derecho a la libertad de expresión consigna que el individuo tenga la capacidad de divulgar lo que su leal saber y entender le indique, mientras que en el derecho a la información busca que el individuo reciba y difunda información en poder del gobierno.

 

Los radicales creen que a Aristegui o al país le violaron su derecho a la libertad de expresión y que generaron protestas en redes sociales y en las oficinas de MVS Radio, pero parece que no es así. Carmen sigue, como ciudadana, conservando la libertad de decir lo que piense, ya no en MVS pero podría ser en CNN donde tiene un espacio o por medio de alguna plataforma pública, como YouTube o Live365, por citar algunas.

 

El problema entre Aristegui y Vargas es un asunto eminentemente laboral, por haber despedido a dos integrantes de su equipo y por implementar políticas editoriales, en cuyo fondo podría encontrarse un trasfondo político. Vargas es un concesionario de un bien del dominio público como es, la señal en la que transmitía Aristegui.

 

No obstante lo anterior, la delgada línea entre la libertad de expresión de Aristegui como comunicadora y el derecho a la información de la ciudadanía, vino a darle la razón a Aristegui, cuando entre las formas para despedir a sus subalternos y a ella misma, se encuentran los contenidos informativos con el toque audaz y temerario propio de la comunicadora, cuyas críticas hacia el ejercicio del poder no eran del agrado de los destinatarios.

 

El derecho a la información compromete un ejercicio de investigación periodística, y los resultados que arroje es el producto que usted o yo como ciudadanos, tenemos derecho y consumimos.

 

Es precisamente el derecho a la información por el que conocimos los sucesos de la Casa Blanca, que comprometen al presidente de la República, su esposa y al secretario de Hacienda.

 

Gracias a ese derecho, es que diversos medios de comunicación dieron cuenta del escándalo de “los moches”, entre el diputado Luis Alberto Villarreal, ex coordinador del grupo parlamentario del PAN, escándalo que se amplió a diputados de casi todos los grupos parlamentarios.

 

El ejercicio del derecho a la información nos permitió conocer que los senadores prefirieron apoyar la propuesta para ministro de la Corte venida del presidente Peña Nieto en la persona de Eduardo Medina Mora, que voltear a ver a las decenas de miles de firmas de ciudadanos que nos opusimos a esa designación.

 

Por cierto es en el mismo Senado que ahora los legisladores anuncian que se impondrán una reducción a su salario por la fastuosa cantidad de 10 mil pesos y para todo 2015 aumenta la nómina 16.7% para quedar en 1,893 millones de pesos. Parece burla.

 

Como los anteriores ejemplos, se encuentran escándalos como Oceanografía, la Línea 12 del metro, el Partido Verde Ecologista de México, la liberación y sospechosa devolución de los bienes de Raúl Salinas, la exoneración del expresidente del PRI en el DF y cualquier otro escándalo político que contenga un valor informativo.

 

Un mundo nos vigila. La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, en dos reportes que envió al Congreso norteamericano, afirma que “la corrupción es el impulsor del lavado de dinero y de sus delitos derivados. La corrupción es endémica en todos los niveles de la sociedad y del gobierno mexicano. El gobierno de México debe combatir la corrupción”.

 

El derecho a la información también se encuentra en el alcance de las reformas a la transparencia aprobadas en el Senado cuyos grupos parlamentarios deberían hacer públicas todas las subvenciones que reciben.

 

Por sobre todas las cosas, entre el derecho a la información y la libertad de expresión, vive y transita el conocimiento de los hechos generados por los actores públicos y la opinión de la ciudadanía. El primero, en quien recae la responsabilidad de sujetar sus actos de conformidad con lo que señala el derecho, y el segundo, a señalar con prudencia y responsabilidad, todo lo que salga de los límites que la ley impone al servicio público, aunque no les guste a algunos.

 

A muchos legisladores se les olvida que “como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia; y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto”: José María Morelos y Pavón en Sentimientos de la Nación.

 

@racevesj