Opinión

Libertades y paz social

Las cartillas morales no son sólo para los ciudadanos sino también para los gobernantes. | Marco Adame

  • 06/11/2019
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El artero asesinato de niños y mujeres de la familia LeBarón debe ser un llamado a la conciencia y a la responsabilidad de gobiernos y ciudadanos. Mi solidaridad con la familia y mis oraciones por ellos y por todas las víctimas de violencia en México.

A propósito de las teorías de conspiración “golpistas”, así como de los brotes de violencia en Latinoamérica, es necesario aclarar los conceptos con el fin de evitar falsas interpretaciones y cortinas de humo.

Este tipo de estrategias muchas veces se usan para desviar la atención ante fallas del gobierno como pudieran ser errores en el combate al crimen organizado como lo sucedido en Culiacán; o de problemas económicos como el que vivimos con un crecimiento económico de 0.2%; o de pifias de funcionarios como el respaldo de la secretaria de Gobernación a una ley inconstitucional hecha para perpetuar en el poder al gobernador morenista de Baja California.

En teoría política se entiende como “golpe de Estado” a la toma del poder por parte de un grupo dentro del mismo gobierno violando la constitución. Desde esta perspectiva, no sólo los militares sino también los presidentes pueden dar un golpe de Estado atentando contra el poder legislativo o el judicial; como sucedió en 1851 cuando Luis Napoleón Bonaparte disolvió la Asamblea Nacional para convertirse en dictador.

Confundir al “golpe de Estado” con el derecho a disentir es un absurdo, una desproporción. La libre expresión está garantizada en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que” todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión” y así también lo postula el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por México.

La libertad de expresión y el derecho a manifestarse son condiciones indispensables para la democracia, pero estas deben respetar lo establecido en el artículo 6 de la Constitución, que las limita cuando, so pretexto de estas, se “ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito” o se “perturbe el orden público”.

Pero la ley no puede ser aplicada de forma arbitraria como está sucediendo con el artículo sexto constitucional. No es posible que se permitan actos vandálicos bajo la narrativa de haber sido realizados por “el pueblo” y que, por otra parte, se ataque con gas lacrimógeno a alcaldes de oposición que se encuentran manifestándose pacíficamente.

La violencia y los actos vandálicos son lo que debe limitarse, no la libre expresión o el disentimiento. Los gobiernos están obligados a garantizar el orden y el Estado de Derecho frente a la violencia desbordada como la que se ha visto en manifestaciones en México y en otros países.

Es por ello que debe darse la prudencia política para mantener el equilibrio entre la obligación de garantizar el orden y la obligación de garantizar los derechos civiles y políticos. Por cierto, dentro de estos derechos se encuentra también el derecho a unas elecciones limpias, lo cual no ha sucedido en Bolivia y Venezuela.

A su vez, los gobiernos están obligados a impulsar acciones para cumplir con los derechos económicos y sociales, los cuales no se ven reflejados en una región como la nuestra donde existen enormes desigualdades ante la concentración del ingreso y la falta de crecimiento económico; lo que genera tensión social, injusticias y falta de oportunidades, y que en última instancia provoca mayor violencia.

El desarrollo social es un clamor que debe ser atendido, no mediante programas populistas que únicamente reparten subsidios sino a través de estrategias que generen crecimiento económico; pues de lo contrario, no habrá empleo, no habrá oportunidades y no habrá recaudación de impuestos que permita financiar los programas sociales. 

Los gobernantes deben actuar con prudencia y fortaleza ante las crisis; con responsabilidad y veracidad ante los errores cometidos; con humildad ante las críticas; y con templanza y magnanimidad ante los desafíos económicos y sociales. Las cartillas morales no son sólo para los ciudadanos sino también para los gobernantes y es un imperativo ético el lograr un México justo, con desarrollo y con paz.