Si hay un indicador que muestra el desgaste o fortaleza de una democracia es el de la situación de la libertad de expresión, sobre este derecho humano puede medirse en mayor o menor medida el ejercicio de las libertades ciudadanas, cuando éste no se encuentra plenamente garantizado se atenta contra uno de los principales pilares del juego democrático.
La libertad de expresión y su correlativo derecho a la información vienen sufriendo distintos embates en México con una mayor intensidad en los últimos años, si bien en el sexenio de Felipe Calderón tuvo como uno de sus principales problemas los ataques contra el ejercicio periodístico, con el regreso del PRI al gobierno federal pasamos del desgaste al franco asedio a estos derechos. Veamos.
1. Desde que tomó protesta como presidente Enrique Peña Nieto el 1º de diciembre de 2012, las protestas callejeras en su contra terminaron de manera violenta por la presencia de infiltrados que provocó detenciones arbitrarias, a través del hashtag #1DMX en redes sociales se denunciaron estos hechos. En subsecuentes protestas sociales se repitió de manera similar este fenómeno como en las manifestaciones por la exigencia de justicia ante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En estas acciones represivas estuvieron presentes tanto la policía federal como del gobierno de la Ciudad de México y también se denunció la presencia de bots que intentaron alterar la discusión pública ante este y otros temas como el gasolinazo, tratando de inducir el miedo a la protesta social. Queda en duda de si la utilización de estas herramientas fue por parte de actores estatales u otras fuerzas políticas.
2. Pese a la condena de diversos organismos internacionales protectores de los derechos humanos por ataques al periodismo y a personas defensoras de derechos humanos, el gobierno federal se mantuvo al margen de la problemática, incluso al mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas lo dejó sin presupuesto para operar este año, la bomba le explotó en la cara con los últimos asesinatos que despertaron una ola de protestas nacionales e internacionales, sólo entonces abordó el problema, pero siguiendo el mismo guion que el sexenio anterior: el principal agresor es el crimen organizado, cuando organizaciones defensoras de la libertad de expresión han documentado año con año que más del 50 por ciento de las agresiones en contra de comunicadores provienen de actores estatales. Al respecto es revelador el estudio “Libertad de Expresión y Periodismo en México” (realizado por Parametría, el Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, FreedomHouse y Fundación Este País), que señala que el 77% de los comunicadores ven a los funcionarios como sus principales agresores, en segundo lugar, están las fuerzas del orden, del Ejército y policías y sólo en un 24% está el crimen organizado. De acuerdo al Comité de Protección a Periodistas con sede en Nueva York, los ataques a la prensa desde el 2015 habían aumentado 80 por ciento en los primeros dos años del gobierno de Peña Nieto en comparación con el promedio del mandato de Calderón. En 5 años han sido ultimados 36 periodistas.
3. Desde la discusión de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) con los artículos 189 y 190 muchos advertimos que esas disposiciones daban carta abierta para que numerosas agencias del Estado mexicano espiaran indebidamente a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y opositores políticos, al carecer de los candados necesarios para proteger el derecho a la intimidad de las personas. Estas disposiciones para utilizar la intervención de comunicaciones y la geolocalización en tiempo real sin candados para evitar su uso indebido por parte de autoridades fue el centro del debate, porque hay una larga experiencia en el país que ha mostrado la utilización del espionaje para fines políticos más que para la inteligencia nacional para combatir delitos, baste recordar que esa fue la impronta del PRI en el periodo conocido como la guerra sucia que a través de la Dirección Federal de Seguridad que utilizaba los recursos institucionales para vigilar a sus opositores políticos, ese periodo negro de nuestra historia se potencia ahora con las herramientas tecnológicas digitales.
La LFTR se aprobó pese a las advertencias de los riesgos que implicaba para el derecho a la privacidad y la libertad de expresión, la posibilidad de impugnar la norma a través del INAI quedó en el camino porque su Pleno fue incapaz de defender esos derechos para los mexicanos, fueron las organizaciones que mediante litigios se dieron a la tarea de defenderlos, en la resolución de los sucesivos amparos la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para la intervención de comunicaciones y la geolocalización en tiempo real se requería una orden judicial y redujo el número de autoridades que pueden hacer uso de estas herramientas para combatir delitos graves, y aunque esto fue un avance le falto a la Corte imponer otras medidas para evitar su uso indebido tales como mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permita una contraloría social que evite abusos como los que han denunciado el NY Times el pasado 19 de junio y las organizaciones Artículo 19, R3D, Social Tic, el Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Poder del Consumidor y los periodistas y activistas afectados por el software de espionaje Pegasus. Como ya es sabido la respuesta del presidente Peña Nieto ha sido preocupante en cuanto a la amenaza que constituyó para las víctimas su dicho de aplicar todo el peso de la ley a “quienes han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno” y por normalizar el espionaje ilegal. La aclaración de la vocería presidencial al decir que en realidad el mandatario no había leído sus notas fue peor, ya que nos indica que lo que declaró es lo que realmente piensa.
4. La intolerancia mostrada por los funcionarios en el poder ante la crítica se mostró de manera más acuciante ante el veto que realizó en gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “el Bronco” al periodista del periódico Reforma y El Norte, al ser cuestionado sobre el origen de los recursos de una campaña publicitaria que enaltece su gestión. De acuerdo a versiones periodísticas el gobernador le espetó al reportero “A partir de hoy cero noticias para El Norte, y cuando te vea a ti no te voy a decir nada, así que ponte unos tapones en las orejas. Siempre voy a estar preguntando: ‘¿dónde está el del periódico El Norte?’. Y te voy a decir: ‘Oye, compadre, ¿te puedes ir?’, porque tengo el derecho de decidir a quién le doy la información, ¿o no?”. Pues no, ese gobernador como el resto no tiene derecho a decidir a quién le da la información de interés público, pues su calidad de funcionario público le obliga no solamente a darla, sino a tolerar la crítica por más chocante que le parezca. Con su actitud este gobernador se acerca más al talante autoritario de Maduro en Venezuela.
Si juntamos estas condiciones, tenemos un escenario que inhibe gravemente el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad en su conjunto, socavando los principios democráticos en un país hastiado por la violencia, la impunidad, la corrupción y la desconfianza en las instituciones del Estado.