Opinión

Libertad de prensa y confidencialidad de sus fuentes

El nuevo gobierno de la República tendrá la oportunidad de continuar con los esfuerzos para el robustecimiento de la protección del oficio periodístico. | Areli Cano

  • 20/09/2018
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La democracia, como régimen político, requiere de contrapesos que, además de delimitar las esferas de atribuciones entre las instituciones, prevengan y combatan los abusos de autoridad. En los últimos años se ha constatado un avance en la configuración del sistema de poder en México, al pasar de una alta concentración en la figura presidencial a un esquema de mejor distribución de capacidades de acción, con el congreso y el judicial independientes en su actuación. Aunado a ellos se encuentran los organismos autónomos que, como instancias especializadas, también contribuyen al establecimiento de equilibrios impensables hasta hace unas décadas.

Adicional al diseño institucional, existen diversos actores sociales involucrados en el entramado de control sobre el poder público, entre los que destacan los medios de comunicación, los cuales, si actúan sin presiones externas, posibilitan el debate de las distintas problemáticas del país, además de tener un rol esencial en la crítica a los gobiernos cuando incurren en excesos.

Se debe señalar que el ejercicio periodístico no es posible si no se preserva la confidencialidad de sus fuentes, pues el resguardo de la identidad del informante es requerido al presumirse el riesgo de represalias. Aunque se trata de un aspecto crucial para el ejercicio periodístico, fue apenas en la Constitución Política de la Ciudad de México de 2017, que el tema fue inscrito en un documento normativo de alto nivel, al protegerse el secreto profesional de los comunicadores. La relevancia de esta inclusión se resalta con el pronunciamiento sobre la pertinencia jurídica de dicha disposición mediante el análisis y resolución de la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y acumuladas, presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) y otros actores.

Protección del secreto profesional

La inconformidad de la PGR se basó en el argumento de que, al incorporarse la figura del secreto profesional, se daba un trato de privilegio a los miembros de la prensa, y se excluía de su protección a otras profesiones, como las ejercidas por médicos, abogados, psicológicos, psiquiatras, pedagogos, que, desde el punto de vista de la representación social, también requieren mantener el secreto profesional por la función social que realizan. De igual manera, el ministerio público alegaba que la medida no superaba “el test de proporcionalidad al no ser necesaria, constitucionalmente admisible ni proporcional”.

En la resolución de la Corte se razona en relación a la inexactitud argumental de la procuraduría, a partir de considerar que la inserción del secreto profesional sobre las fuentes de los periodistas se vincula con el derecho a la libertad de expresión, por lo que guarda correspondencia con las funciones propias del ejercicio de esa profesión, que se refuerza con la medida relativa a que los integrantes de la prensa no pueden ser obligados a revelar sus fuentes de información.

En este sentido, el razonamiento de la Suprema Corte plasmado en su resolución es consistente con el Principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se señala que "todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales".  

Así, es posible señalar que, si las libertades de información y de expresión son fundamentales en la vida democrática, la confidencialidad de las fuentes es uno de los principales basamentos de la libertad de prensa. Cualquier erosión a la confidencialidad resultaría en un daño a la capacidad de los profesionales de la información de contribuir como fiscalizadores y aliados de la población en el control de los poderes públicos.

La reciente decisión del máximo tribunal coloca a la Constitución Política de la CDMX como un referente en el país al establecer expresamente la protección del secreto profesional ejercido por los miembros de la prensa, por lo que no están obligados a revelar sus fuentes de información; además representa una bocanada de aire para los periodistas dado el contexto generalizado de inseguridad, impunidad y corrupción en el que ejercen su labor comunicativa. Así, sería importante que los nuevos legisladores federales y locales considerasen la posibilidad de incorporar esta salvaguarda en el marco jurídico de su competencia, en particular, en las entidades federativas, en donde los periodistas han estado más expuestos a presiones en el ejercicio de su profesión.

Robustecimiento de la protección del oficio periodístico

Para revertir la situación de descomposición social y de las instituciones registrada en los últimos tiempos, se requiere que los medios de comunicación desentrañen y den a conocer aquellas prácticas corrosivas del bienestar público; por ello se requiere de personas que se atrevan a fungir como informantes sobre sucesos de interés colectivo sin sufrir represalias por ello. El nuevo gobierno de la República tendrá en sus manos la oportunidad de continuar con los esfuerzos emprendidos por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, para el robustecimiento de la protección del oficio periodístico a lo largo del país, mediante la reserva de las fuentes de información que así lo requieran, con lo que nuestro país se sumaría a otras naciones de la región que desde hace años incorporaron este tipo de medidas, como Argentina, Bolivia, Brasil y Ecuador.

Por su parte, la próxima Jefa de Gobierno y los legisladores fundadores del Congreso de la ciudad tendrán la responsabilidad de desplegar diversas disposiciones de la Carta Magna de la capital, entre las que se encuentran las contenidas en el capítulo de derechos humanos, donde se perfilan las bases de la libertad a la expresión, incluido el resguardo del secreto profesional periodístico.

La anunciada “cuarta transformación” de México, entendida como el impulso de un cambio profundo en beneficio del interés general, sólo será posible conforme la sociedad vaya contando con medios de comunicación plurales que provean a las diversas audiencias el acontecer local, nacional e internacional de manera veraz, sin ningún tipo de coerción. De esta manera, se dejará atrás el escenario en el que sectores significativos de la prensa se han visto reducidos a correas de trasmisión de poderes políticos y fácticos.

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