Opinión

Libertad de expresión y daño moral en caso Aguayo-Moreira

En la ponderación de derechos, la libertad de expresión debe gozar de un estándar más elevado, cuando se trata de señalamientos contra servidores públicos.

  • 03/02/2020
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La libertad de expresión es el elemento más “visible” del derecho a la libertad. Están otros derechos relacionados, como son el libre tránsito o la libertad de asociación. Sin embargo, la importancia de aquél radica en que su ejercicio revela la salud o el grado de deterioro de una democracia.

Pero la libertad de expresión, como todo derecho, tiene limitantes que están dadas por el derecho de que gozan todas las personas a que se respete su vida privada, su honor y su imagen; es decir, sus derechos de la personalidad.

De tal suerte que éstos son, por decirlo así, algunos de los límites “naturales” a la libertad de expresión. Dice el artículo 6o constitucional que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”. Y el primer párrafo del 7o constitucional precisa: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio”.

Sin embargo, hay espacios en los que el periodismo parece moverse fuera de los límites que la norma jurídica impone a la libertad de expresión. Es común encontrar en los medios —particularmente en los géneros de opinión— calificativos como “corrupto” o “delincuente”, proferidos contra servidores o ex servidores públicos. Expresiones casi siempre fundamentadas en hechos y datos obtenidos en trabajos de investigación, aun cuando tales elementos no formen parte de demandas o denuncias y menos de sentencias contra las personas señaladas.

El propio presidente de la República —sin hacer alusión directa a nadie en particular— refiere que en las administraciones pasadas prevalecía la corrupción, aunque nunca ha presentado pruebas tangibles de sus dichos. Por el contrario, en su convicción está el “perdonar” a sujetos sobre los que existen dudas razonables de su proceder y de su riqueza, como es el caso de Manuel Bartlett, Ricardo Salinas Pliego o del ex súper delegado Carlos Lomelí Bolaños.

Para la opinión pública, el uso del término “corrupción”, proferido contra cualquier servidor o ex servidor público, es expresión recurrente que demuestra la percepción más o menos generalizada que tienen los gobernados respecto de sus gobernantes.

De allí la importancia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, haya asumido la importancia de atraer el amparo directo 906/2019 promovido por Sergio Aguayo Quezada contra la sentencia de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que lo condena a la reparación del daño moral causado al ex gobernador Humberto Moreira Valdés, por un monto de diez millones de pesos.

En un tuit, el jurista Miguel Carbonell expresó: “los juicios se ganan o se pierden ante tribunales, no en los medios de comunicación. La discusión mediática es una; la argumentación jurídica es otra”. Desde luego que le asiste la razón.

A Sergio Aguayo le queda un último recurso —el amparo directo— luego de que en segunda instancia se le venció en juicio. De allí que la argumentación del ministro Gutiérrez Ortiz Mena respecto de la “importancia y trascendencia” que tendrá el que la Primera Sala de la Suprema Corte conozca del asunto, revela que en el ámbito del Derecho cabe la posibilidad de que en el análisis de este caso se establezcan criterios acordes a la importancia de la preservación de la libertad de expresión como derecho preponderante, sobre la supuesta vulneración del honor del ex gobernador.

El viernes de la semana pasada, la periodista Peniley Ramírez, en su entrega para El Universal, dio a conocer datos relevantes, relativos a la triangulación de recursos, por parte de personajes vinculados a Humberto Moreira. Su lectura debiera ser obligatoria para los ministros que tendrán en sus manos este caso, de vital importancia para la salud de la libertad de expresión y, por ende, de la democracia.