Hace diez años el entonces presidente Felipe Calderón inauguró su “guerra” contra el crimen organizado. No un gran esfuerzo nacional por fortalecer las corporaciones policiacas y de inteligencia o las instituciones de administración e impartición de justicia. No una gran alianza entre gobierno y ciudadanía para crear capital social y humano y fortalecer el tejido en comunidades, pueblos y ciudades. No. A Calderón se le ocurrió una guerra, tal cual. Mandar a las calles, las veredas y las montañas a las Fuerzas Armadas a hacer lo que están entrenadas y equipadas para hacer: disparar y matar. Diez años han pasado y a los dos gobiernos federales y las decenas de gobiernos estatales, junto con las distintas legislaturas y los partidos políticos y (asumamos la parte, grande o pequeña, de responsabilidad que nos toque) a buena parte de la sociedad civil en general se nos olvidó lo más importante: crear instituciones y fortalecer el capital social. Diez años se fueron en vano. La nueva década perdida de la historia de México.
Ahora, después de un manotazo sobre la mesa del Secretario de la Defensa Nacional, lo único que se nos ocurre es (como siempre) legislar. Crear una ley de seguridad interna que dé “certeza” a las Fuerzas Armadas y que formalice la “guerra” como solución a nuestros problemas de criminalidad y seguridad pública. Lo que necesitamos no es una ley, sino algo mucho más sencillo y mucho más complicado a la vez: que las Fuerzas Armadas regresen ya, mañana mismo, a sus cuarteles y que los gobiernos, legisladores y juzgadores empiecen a hacer también desde ya, desde mañana mismo, lo que tendrían que haber empezado a hacer diez años atrás: construir instituciones.
En gran medida, las voces favorables a legislar de urgencia se escudan en el argumento de que “no hay de otra”, al menos “por un tiempo”, porque no tenemos policías confiables y todo lo demás. Me sorprende como incluso muchos de los que insisten en señalar las consecuencias nefastas para los derechos humanos de la militarización de la seguridad pública en México dan por hecho este argumento sin problematizarlo. Pero me parece que este argumento es un supuesto, no una ley. O, más bien, es un supuesto que de tanto repetirlo sin cuestionarlo se ha convertido en ley y por lo tanto, hasta donde yo sé, no se ha explorado con seriedad.
¿Realmente no hay de otra? Parte del problema es que, precisamente, no lo sabemos. Si estoy en lo correcto (es decir, si realmente no estamos seguros de que “no hay de otra”), entonces estaríamos tomando una opción en extremo riesgosa con base en un supuesto. Peligro. Antes de pensar en legislar, discutamos si realmente no hay opciones. ¿Qué pasaría si a partir de mañana regresan las Fuerzas Armadas a sus cuarteles? ¿Realmente estados, municipios, regiones o el país entero caerían de la noche a la mañana en las garras de la delincuencia organizada? ¿Sería realmente el fin del mundo como lo conocemos? ¿Qué no sería volver a como estábamos, digamos, en noviembre del 2006? ¿Era realmente peor entonces? ¿Qué pasaría por otro lado si, de súbito el presidente, los gobernadores y los presidentes municipales se enfrentan cara a cara con la urgente necesidad de ahora sí construir instituciones? ¿Y qué pasará si les seguimos dando aire y tiempo para no hacer nada? No estoy seguro de que un transitorio que establezca límites de tiempo realmente elimine los incentivos perversos que en éste último sentido ha tenido este tipo de subsidiariedad en materia de seguridad pública en México.
Un idea más. La estructura de incentivos para continuar en las calles para las Fuerzas Armadas ha cambiado mucho en los últimos diez años: más presupuesto, mejor equipo, más salario para los participantes en operativos y, quizá sobre todo, mayor poder de veto. Si se legisla y se da “certeza”, desaparece uno de los pocos incentivos que “invita” a las Fuerzas Armadas a volver a sus cuarteles. No creo que podamos quedarnos tranquilos ante un esquema de incentivos que favorezca el estado de cosas actual.
Me declaro escéptico, en suma, ante el entusiasmo por legislar. Aunque (cosa poco probable), se logre incidir y se consiga una ley “buena”, con candados de tiempo y geografía y todo lo demás, los riesgos son altos y las certezas pocas. Me sumo más bien a la demanda de un cambio radical de estrategia: no más guerra, sino más fuerzas policiacas y de inteligencia y más instituciones de procuración y administración de justicia profesionales, bien entrenadas, bien equipadas, “modernas” y confiables. Las Fuerzas Armadas mismas estarán mejor en sus cuarteles.