Mucho se ha escrito en los últimos días sobre la Ley de Seguridad Interior, misma que fue aprobada el pasado 15 de diciembre por el Congreso de la Unión. Imposible no abordar el tema, pese a los múltiples análisis elaborados a profundidad y meticuloso cuidado, que han realizado expertos en la materia.
Académicos, organizaciones de la sociedad civil nacionales y extranjeros, así como organismos internacionales, como la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado abiertamente en contra de dicha ley, señalando, todos ellos, que la militarización de la seguridad pública es simplemente incompatible con los derechos humanos.
Las fuerzas armadas no son la solución
Indubitablemente se ha demostrado, a lo largo de la historia, que las fuerzas armadas no son la solución en el control de la delincuencia, ni la institución gubernamental idónea para el mantenimiento de la seguridad pública.
Aun así, el gobierno federal en México ha venido instaurando a todas luces un derecho penal bélico, esto es, en la medida en que la lucha contra el crimen viene adoptando cada vez más la forma de una guerra, lo que en el debate internacional se ha descrito como el derecho penal del enemigo. En palabras de Muñoz Conde el narcotráfico, el terrorismo y el fantasma del crimen organizado han dado lugar a este derecho penal excepcional, mismo que se presenta como la antípoda de los principios del Estado de derecho, de los derechos fundamentales reconocidos en las Constituciones y de los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales.
Es en este sentido, que el componente autoritario de Ley de Seguridad Interior en nuestro país se pone de manifiesto cuando advertimos la diferencia entre políticas de seguridad apegadas a las mejores prácticas democráticas y políticas de seguridad inadecuadas y despóticas, mientras las primeras están orientadas a lograr la confianza de los ciudadanos; las segundas tienen como objetivo canalizar en provecho de determinadas personas o partidos políticos la incertidumbre y miedo social, o en todo caso, también se dirigen a establecer una cortina de humo ante yerros o dislates del gobierno en otros ámbitos de su gestión.
La renuncia expresa de las autoridades
De esta manera, se ha señalado que esta ley es inconstitucional, contraria a derechos humanos y al derecho internacional, se manifiesta como la renuncia expresa de las autoridades civiles en sus obligaciones de seguridad pública, trasladando esa función a las fuerzas armadas, que de facto vienen realizando dichas actividades en nuestro país desde el año 2006; ahora, de iure, cuentan con un marco normativo laxo y ambiguo que ofrece más dudas que certezas, pues consigna como medida de excepción la normalidad de las acciones militares en la indeterminación temporal, bajo discreción plenipotenciaria del poder Ejecutivo, quien dispone de las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública, sin ningún control de índole judicial, ni de ningún otro.
Lo cierto es que, a partir de los planteamientos de esta ley, la gestión estatal de la inseguridad viene concebida bajo el manto del endurecimiento del control social, a través del establecimiento de medidas jurídicas y policiales de mayor corte represivo con el fin de permitir a los poderes públicos seleccionar, al amparo de la norma, el sector social a presionar de acuerdo a sus intereses.
Aumento de penas y militarización nunca han sido ni serán la solución del problema de inseguridad. La reconstrucción del valor seguridad no puede cimentarse bajo esos lineamientos, frente a esta política criminal es indispensable precisar que la legitimación del ejercicio del poder proviene de la contención del poder punitivo con base en la necesidad ineludible de preservar el Estado de derecho, en donde los espacios de libertad ciudadana son condición indispensable para la efectiva tutela del derecho humano a vivir en paz.
La corrupción, impunidad y demás prácticas antidemocráticas nos están convirtiendo irreversiblemente a los ciudadanos en el extraño enemigo a vencer, que en su propia nación ve cercenado en sus derechos de manera sistemática y generalizada frente a un Estado que expande su política represiva sin reservas. Pasamos de ser concebidos como receptáculos de daños colaterales a enemigos selectivos, lo que nos hace manifestar de manera rotunda, que el verdadero peligro en México se encuentra en la ratificación de leyes como esta.