El término hace referencia a una gama amplia de delitos graves como el homicidio, la violación, la desaparición forzada, la mutilación, el desplazamiento forzoso, la deportación, la prostitución forzada, la trata y el tráfico ilegal de personas y el exterminio.
Este abanico de atrocidades suele encontrarse en regiones, en países en donde existen conflictos armados abiertos, de amplio rango, en los que diversos actores sociales y políticos aparecen involucrados en la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Los escenarios en los que solíamos escuchar y leer sobre crímenes de lesa humanidad estaban en países africanos, en naciones europeas con guerras internas de corte político-religioso y en lugares con regímenes dictatoriales sucesivos, sin ninguna alternancia democrática o con algunas bien disfrazadas.
Allá se cometían los crímenes de lesa humanidad, lejos, nunca en nuestras tierras. Eso se acabó. La guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón y que el presidente Enrique Peña Nieto lleva adelante con esquemas casi idénticos, terminó por colocar a México en el grave y lamentable entramado de las naciones en donde ocurren, de manera amplia y perfectamente documentada, crímenes de lesa humanidad.
Los delitos graves señalados al principio, son los que definen el marco de análisis y comprensión para entender las agresiones sostenidas, crecientes y esquemáticas cometidas por agentes estatales (fuerzas armadas y fuerzas policiacas) y no estatales (grupos paramilitares, sicarios, narcotraficantes, autodefensas) contra la población civil en uno o varios puntos de un país.
Todos y cada uno de los escenarios que conforman el marco de crímenes fueron cumpliendo en México conforme avanzó la guerra antidroga.
Aplaudida primero y repudiada después –dependiendo de los niveles de información, conocimiento, manipulación mediática e impacto local–, la guerra contra los cárteles del narcotráfico fue sumando capos detenidos o abatidos, sicarios anulados a la mala, pueblos, ciudades rancherías ocupados por el narco, vejados, incendiados, destrozados y luego recuperados también a la mala por las fuerzas armadas.
La guerra al narco destinó miles de soldados, marinos y policías federales a la persecución y el choque frontal en contra de células de sicarios, halcones, policías (municipales y estatales) infiltrados y toda una gama de funcionarios y personajes coludidos con el crimen organizado en todos los niveles y formas imaginables.
La guerra antidroga, peleada por soldados, marinos y policías sin un marco jurídico real, sin límites precisos para regular sus acciones abiertas y encubiertas, fue acumulando bajas, daños colaterales, como los llamó en un principio el general Guillermo Galván al referirse a decenas de civiles asesinados por soldados en retenes carreteros o durante cateos y persecuciones carreteras.
Las cifras no se detienen. Hoy se habla de al menos 150 mil ciudadanos asesinados entre 2006 y 2015 en el contexto de la guerra al narco, número que comprende a civiles inocentes y a civiles armados, de acuerdo con el informe de la Open Society, organización civil creada por el multimillonario George Soros y que revisa la situación de países en conflicto para determinar su viabilidad.
El documento Confrontando crímenes de lesa humanidad en México, fue presentado en la Ciudad de México por voceros y analistas de Open Society. Se trata de un extenso y detallado informe sobre la forma en que se han degradado la agenda de los derechos humanos, el esquema de seguridad interna, las políticas de atención y contención social, la aplicación de la ley y la justicia penal, y sobre todo la manera en que la guerra al narco derivó en una dinámica de exterminio que suma decenas de miles de ejecuciones y desapariciones nunca investigadas o minimizadas por gobiernos y autoridades judiciales estatales o minimizadas por el aparato de Estado para proteger la acción de fuerza de soldados (Ayotzinapa, Tlatlaya), marinos (Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León) y policías federales (Tanhuato).
En el otro extremo de la cadena de violencia están los cárteles de la droga, encabezados por Los Zetas como la organización más sangrienta que ha escalado, junto con las fuerzas federales, los niveles de confrontación armada.
En su resumen ejecutivo titulado Atrocidades innegables, Open Society señala: “Los asesinatos reportados en México comenzaron a aumentar en 2007 cuando se instrumentó la nueva estrategia de seguridad nacional para combatir el crimen organizado. De 2007 a 2010, México fue el país con la mayor la tasa de crecimiento en homicidios dolosos.
La cifra anual de homicidios dolosos alcanzó un pico en 2011 al situarse en 22,852, antes de retroceder ligeramente a unos niveles todavía muy superiores a los observados antes de 2006. Entre diciembre de 2006 y finales de 2015, más de 150,000 personas fueron asesinadas intencionalmente en México.
La evidencia sugiere que este incremento se debió a la violencia perpetrada por el crimen organizado y a la estrategia de seguridad del Estado, que recurría excesivamente al uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza.
En todo caso, las estadísticas oficiales sobre los asesinatos subestiman el verdadero saldo: decenas de miles de desapariciones siguen sin resolverse y existen cientos de fosas comunes clandestinas que no han sido suficientemente investigadas”.
El reporte de la Open Society se agrega a un abanico de estudios sobre el fenómeno de la violencia armada en México, relacionada con la guerra al narcotráfico y sus consecuencias, pero no se detiene ahí.
Las revisiones hechas a este fenómeno dentro y fuera del país están registrando un nuevo y dramático giro que acompañará al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto hasta el final de su periodo e incluso más allá.
De la revisión de cifras y políticas sustantivas contra el crimen organizado, se está pasando ya a cuestionamientos más concentrados y duros que ubican lo que ocurre en México como un escenario de comisión de crímenes de lesa humanidad.
El concepto se ha endurecido por dos razones fundamentales: porque el gobierno de Peña Nieto no cambia su estrategia de aniquilación del enemigo y porque al hacerlo, también se cierra y niega que esto esté sucediendo, es decir que el mandatario y sus asesores insisten en el esquema, lo defienden, cuidan a las instancias que lo llevan adelante y terminan protegiendo y rodeando de impunidad la política de guerra al narco mediante la negación y el ocultamiento.
Lo publicado por Open Society es una muestra de la oleada de señalamientos que en ese sentido comienzan a cercar al gobierno peñista y al régimen priista que, desde el congreso, avala y sostiene un estado de cosas en el que el concepto crímenes de lesa humanidad encaja finalmente con la sangría que desde 2006 vive el país.
Ya no se trata sólo de señalar y documentar excesos; se trata, al fin, de identificar la dinámica de combate al narcotráfico como una suerte de política de Estado que ha terminado por reunir todos y cada uno de los fenómenos que hacen a un gobierno responsable de crímenes de lesa humanidad.
Hacia ese punto se mueven ya las apreciaciones y los criterios para resumir los seis años de mandato peñista y de administración militar, naval y policiaca.
(Informe Open Society, completo: https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/undeniable-atrocities-esp-20160602.pdf)
(Informe Open Society, resumen: https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/undeniable-atrocities-execsum-esp-20160602.pdf)