El video difundido por Reporte Índigo, en el que se muestra a varios diputados panistas en una fiesta privada en Puerto Vallarta, es otro ejemplo de los altos riesgos que corren los personajes públicos cuando la incongruencia y falta de cuidado político se imponen a sus acciones.
El golpe ya nadie se los quita.
Y aunque el escándalo se apagará pronto, el hecho ha dejado en la imagen de los legisladores una huella digital, permanente e indeleble. Este es uno de los casos en los que las técnicas de manejo de conflicto y crisis sólo pueden reducir los daños y costos.
Pero que no garantizan una solución total.
Las evidencias principales del video son inobjetables. Primera, que sí hubo un festejo privado en una casa. Segunda, que las mujeres ahí presentes fueron contratadas. Y tercera, que el comportamiento mostrado por los diputados contradice ciertos principios que dicen defender.
Un tuit lo sintetizó con claridad:
"@PPabloCortes: #Diputables: de día condenan aborto, diversidad sexual y feminismo, de noche hacen fiestas con escorts".
Las críticas y cuestionamientos no han parado.
Destacan dos aspectos fundamentales, que van más allá de la incongruencia o la doble moral: ¿El alojamiento y gastos de la fiesta fueron o no pagados con recursos públicos? ¿Por qué organizó la fiesta Edelmiro Sánchez Hernández, quien fue protagonista de otro escándalo que también dañó la imagen del PAN?
Las preguntas ameritan respuestas precisas.
Si bien ya se dieron a conocer las primeras sanciones, con la destitución que hizo Gustavo Madero de Luis Alberto Villarreal y Jorge Villalobos en la bancada de la Cámara de Diputados, éstas no parecen suficientes para muchos panistas en función del daño que han causado a la imagen del partido.
La decisión se percibe como una aspirina.
Y no se trata de un simple dolor de cabeza. La magnitud de la afectación que ha tenido la imagen del PAN durante los últimos años lo debe obligar al diseño de una estrategia que vaya a fondo que le permita recuperar la credibilidad que ha perdido.
La embestida ha sido a base de tiros de precisión.
Por ejemplo, vale la pena recordar que en el mismo viaje de enero pasado, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados rechazó transparentar el costo de la cena y bebidas de sus legisladores realizada el jueves 23 en el restaurante-bar La Bodeguita del Medio, en Puerto Vallarta, Jalisco.
¿Qué pasa, entonces, con la transparencia?
Es imperativo poner freno a las equivocaciones cometidas en el manejo de la imagen pública, que sólo sirven para escalar el conflicto. En éste, como en otros casos, queda claro que no siempre aplica el principio de que "golpe que no mata, fortalece".
En la memoria virtual quedarán registradas las cicatrices.
Y siempre que sea necesario, serán utilizadas. A nadie le extrañé que éste y otros casos tengan un espacio relevante en las campañas negativas, negras y sucias de las elecciones federales y estatales que habrá el próximo año.
El costo mayor lo pagaráel PAN.
También, se puede asegurar que pasará a segundo término la necesidad de investigar quién realizó la grabación, si el video fue o no editado, si se invadió o no el derecho a su intimidad o si su difusión constituyó un delito.
Lo lógico sería que se investigue a fondo.
Es lo que debería suceder en un auténtico Estado de Derecho. Pero la experiencia indica que el asunto ya cumplió con su cometido y que saldrá de la agenda pronto para dar paso a nuevas historias, como ha sucedido por décadas en los programas de cámara escondida.
¿Quién no se acuerda de ellos?
Ojalá se tratara de algo tan simple como los miles de personas que han sido sorprendidas por programas como Candid Camera, Ciudadano Infraganti, Te Caché o Lente Loco, en los que la mayoría de los involucrados terminaban riéndose por las situaciones difíciles, chuscas o incómodas que se mostraban en los videos.
La diferencia en política es que no hay motivos para sonreír.
Se trata de asuntos serios y preocupantes que deben llevar a una reflexión profunda sobre la responsabilidad, congruencia y ética con la que deben proceder los personajes públicos, pues no sólo se trata de cuidar su reputación, sino de fortalecer la confianza en las instituciones y el tratar de lograr, ya, una auténtica cultura de la legalidad.
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