Opinión

Legitimidad

López Obrador está obligado a tener un gobierno transparente, a escuchar a las OSC y a contar con fiscales autónomos. | Adolfo Gómez Vives

  • 09/07/2018
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Legitimidad

Andrés Manuel López Obrador conoce bien el significado del concepto «legitimidad». La impugnada diferencia de 0.58 puntos obtenidos en la elección de 2006 frente a Felipe Calderón, derivó en que más tarde se autonombrara “presidente legítimo”, en un gesto simbólico tendente a cuestionar la legalidad del triunfo del panista.

Hoy el escenario es otro. El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) informó que la ventaja sobre el segundo lugar, Ricardo Anaya fue de 30.47 puntos. Desde luego, el significado del concepto «legitimidad» adquiere otra dimensión pues permite el calificativo de “aplastante”.

Al resultado avasallador hay que sumarle los desenlaces electorales favorables a Morena en el Congreso, en cuatro de las nueve gubernaturas en disputa y en la Ciudad de México, para comprender la dimensión superlativa que adquiere el concepto «legitimidad» en este proceso electoral.

Pero Andrés Manuel debe observar con cuidado las lecciones del pasado; “quien no conoce la historia está obligado a repetirla”, dijo el jurista romano Marco Tulio Cicerón. Vicente Fox también llegó —en su momento— con un bono elevado de legitimidad que muy pronto derrochó, por su infinita ignorancia.

El politólogo checo Karl Deutsch propuso en su obra clásica Política y gobierno, una categorización útil del concepto legitimidad: por procedimiento, por representación y por resultados.

En cuanto a la legitimidad por procedimiento, queda claro que más allá de las impugnaciones más o menos localizadas —como es el caso de la gubernatura de Puebla, la alcaldía de Coyoacán, o la presidencia municipal de Huimanguillo en Tabasco— los resultados de la elección federal no permiten espacios de cuestionamiento similares a los que sufrió Felipe Calderón o en su momento Carlos Salinas de Gortari con la “caída del sistema”.

En lo referente a la legitimidad por representación, se perciben dos elementos destacados en la elección de López Obrador: el significar la única opción de cambio frente al statu quo y el conjuntar a fuerzas y actores políticos tan disímbolos y distantes ideológicamente respecto de la izquierda como son el Partido Encuentro Social (PES), los ex presidentes del PAN Manuel Espino y Germán Martínez, así como los apoyos de gobernadores provenientes de otras fuerzas políticas como el PRI y el PVEM, entre los que destaca Manuel Velasco Coello.

Y si bien la legitimidad por resultados sólo podrá ser motivo de reflexión en la medida en que haya transcurrido al menos un año de su administración, lo cierto es que López Obrador encuentra en esta categoría su principal reto.

La legitimidad por procedimiento y la legitimidad por representación son categorías efímeras que muy pronto pueden desvanecerse ante los ojos de la opinión pública, si los resultados de su administración no son positivamente contundentes.

Los retos de AMLO

La administración de López Obrador debe ser absolutamente transparente. Y su primer reto —aun antes de asumir formalmente el poder— comienza por explicar el origen y destino de los recursos financieros contenidos en el fideicomiso que creó Morena para “ayudar a los damnificados del sismo de 2017” y por el cual la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral le impuso una multa de 197 millones 46 mil 413 pesos.

Ante el debilitamiento de los demás partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil se convertirán en contrapesos naturales en la observancia del actuar del nuevo régimen, particularmente en lo que se refiere a la transparencia y al combate a la corrupción. A partir del primero de diciembre ya no será suficiente con que López Obrador diga que la corrupción se terminará con el simple hecho de su llegada a la presidencia de la República. Se requiere del fortalecimiento de las instituciones y de los mecanismos de participación ciudadana.

Una propuesta de las organizaciones de la sociedad civil que debe ser atendida es la reforma al artículo 102 constitucional, a efecto de garantizar la autonomía de la Fiscalía General de la República. Los señalamientos de López Obrador en el sentido de que pretende mantener el procedimiento actual, le da a Enrique Peña Nieto la oportunidad de elegir a una terna, de una lista de 10 candidatos que le enviará el Senado, lo que puede leerse más como un acuerdo con el gobierno saliente, que como una oportunidad histórica para cimentar las bases de un órgano de autonomía constitucional, cuyo cuerpo de gobierno no esté vinculado ni a Peña Nieto ni a López Obrador.

Los casos Odebrech, Pemex, Estafa Maestra y otros de la misma envergadura deben, en algún punto, generar consecuencias penales para quienes intervinieron en ellos. No basta la tersura y la institucionalidad con que Peña Nieto entregue la administración para no proceder en contra de muchos de sus cercanos. Tampoco bastan las declaraciones de Andrés Manuel, en el sentido de que “no habrá venganza”, pues en estricto se trata de temas de justicia.

El bono de legitimidad que López Obrador obtuvo en el proceso electoral representa el hartazgo público a la corrupción, la violencia y la impunidad y no está necesariamente vinculado al carisma del tabasqueño. Por lo tanto, el éxito de su gestión dependerá de la transparencia con que se conduzca, del fortalecimiento de las instituciones vinculadas al combate a la ilegalidad y la corrupción y a los espacios de diálogo y negociación que logre con las organizaciones de la sociedad civil. De otro modo, su bono de legitimidad se deteriorará rápidamente.

Los candidatos de Manuel Velasco

@gomezvives | @OpinionLSR | @lasillarota


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