Si consideramos que para cumplir con las facultades y obligaciones de los legisladores locales se invierte un monto mayor a los $13 mil millones de pesos –monto superior al presupuesto de Baja California Sur– resulta necesario saber qué hacen los diputados y cómo lo hacen.
Conocer las funciones de nuestros representantes populares es un elemento imprescindible para llamarlos a rendir cuentas y a partir de ahí poderles exigir un mejor desempeño de sus atribuciones. Desde la perspectiva de la rendición de cuentas, las funciones del Poder Legislativo se agrupan en cinco[1]: representación, legislativa, político-administrativa, de control y jurisdiccional. Adicionalmente, es menester de los entes públicos proveer a los ciudadanos de insumos necesarios para que éstos puedan evaluar las obligaciones que la ley les confiere.
Este fue uno de los primeros obstáculos a los que nos enfrentamos para la elaboración del Informe Legislativo 2016. Ante ello, fue necesario realizar más de 600 solicitudes de información para construir una base de datos tendientes a saber, entre otros componentes, el desempeño legislativo de los congresos locales a partir de su función legislativa y de control.
Uno de estos componentes fue saber con qué frecuencia los legisladores locales ejercen el derecho de presentar iniciativas. Cabe señalar que, al igual que a nivel federal, en las constituciones de los estados también se establece el derecho de iniciar leyes a los gobernadores y a los diputados locales. Que el ejecutivo presente iniciativas de leyes ante el Poder Legislativo tiene sentido en cualquier estado constitucional. Pero, ¿qué tanto ejercen esta atribución los gobernadores y diputados locales?
Los elementos de tiempo y lugar en nuestros poderes legislativos locales no tienen por qué variar significativamente. Los legisladores crean, modifican o abrogan leyes en virtud de la realidad social a la que representan, esta ha sido, es y debe seguir siendo su función por excelencia. No obstante, esta premisa en algunos congresos parecería invisible, mientras que lo visible es que el gobernador está legislando más al presentar más iniciativas que los propios diputados.
Adicionalmente, en 22 congresos locales se aprobaron 80% o más de las iniciativas presentadas por su gobernador, mientras que en ocho estados se aprobó 100% de las mismas. Lo anterior no resulta cuestionable si devienen de un verdadero análisis y estudio de estas iniciativas, sin embargo encontramos que varias de éstas son aprobadas en tiempo récord, haciendo parecer al Poder Legislativo como una oficina de trámite.
Por otra parte, como instrumento de control frente al Poder Ejecutivo, los legisladores tienen atribuciones para solicitar la comparecencia de miembros de la administración pública local. Es decir, que los secretarios estatales rindan cuentas ante los diputados. No obstante, esta facultad deja de ser ejercida al mínimo por los legisladores, prueba de ello es que durante 2015 la comparecencia de secretarios estatales fue de entre 0 y tres en 10 congresos locales. Es decir, algunos legislativos locales pasan por alto este mecanismo de control al Ejecutivo, debilitando el sistema de pesos y contrapesos, convertidos en oficinas de trámite para los ejecutivos estatales.
Cumplir y ejercer las obligaciones y facultades que tienen los congresos locales es lo primero que se debe observar para justificar el costo que tienen. De lo contrario, los palacios legislativos de los estados, más que cámaras de representantes locales, lucirán únicamente como verdaderos palacios.
[1] María Amparo Casar, Ignacio Marván, Khemvirg Puente. (2010). La Rendición de Cuentas y el Poder Legislativo. México: CIDE.
*El autor es Ramiro Suárez, investigador del IMCO.
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