De debates interminables está empedrado el camino de la falta de definiciones, diríamos parafraseando el conocido refrán. En ocasiones los pretextos y las dilaciones para tomar decisiones o cambiar el orden jurídico se esconden en el discurso políticamente correcto de promover debates, mesas, foros y más foros para analizar temas en un ciclo que pareciera no tener fin.
Detrás de ese supuesto aire democrático de alentar discusiones públicas se oculta en realidad la intención de alargar indefinidamente el tratamiento de un tema para no resolverlo, para no agarrar el toro por los cuernos, para seguirlo evadiendo, para posponerlo.
Es el caso de la política de drogas a que ha estado sometido el país con décadas de prohibicionismo. Se vendió como el gran logro, la apertura a hablar de la legalización de la mariguana, como si con esa "apertura" fuera suficiente. Tuvieron que ser la fuerza de la presión social y las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las que abrieran la posibilidad de cambiar la legislación al respecto, pasar del dicho al hecho después de cuando menos dieciséis años en que se ha venido discutiendo el tema en el Poder Legislativo federal.
Esta legalización de ciertos aspectos del uso de la cannabis está agendada en un periodo extraordinario del congreso federal, de los días 13 al 17 de junio en primer término en el Senado de la República.
Sin embargo, ahora se pretende aplicar la misma receta de prolongar indefinidamente el abordaje del tema en el caso de la amapola, de la legalización de su cultivo con fines medicinales, pretendiendo que se retrase la eventual despenalización y legalización con nuevos debates y discusiones.
Voces como la del secretario de Salud federal, José Narro Robles, con ligereza proponen que primero se "resuelva lo de la mariguana, y después la amapola", e incluso señalan que en el caso de la cannabis falta todavía un buen trecho para su nuevo estatus jurídico, con esta, su muy personal visión moralista y retrógrada pretenden a regañadientes una política de drogas en el país de parches, en lugar de revisar el tema integralmente.
No es momento de eternizar el debate ni de perderse en discusiones bizantinas. La Comisión Global de Políticas de Drogas ha realizado, entre otras, las siguientes recomendaciones en el tema de la nueva regulación de las sustancias enervantes y estupefacientes:
- Poner a la salud y la seguridad de las comunidades en primer lugar.
- Se debe asegurar el acceso equitativo a los medicamentos esenciales, en particular a los medicamentos contra el dolor derivados del opio.
- Es preciso poner fin a la penalización del uso y posesión de drogas, poner fin a la criminalización de las personas cuyo único delito es el consumo o posesión de éstas.
- Se debe optar por alternativas al encarcelamiento para los infractores no violentos y los eslabones más bajos de la cadena, como lo son los campesinos.
- Es preciso enfocarse en la reducción del poder de las organizaciones criminales, así como la violencia e inseguridad que resultan de la competencia entre sí.
- Se deben permitir e incentivar distintos experimentos de regulación legal del mercado con drogas actualmente ilícitas.
Atendiendo estas recomendaciones de esta Comisión de alto nivel, donde participan ex jefes de estado, diplomáticos e intelectuales y la realidad imperante en el país es urgente cambiar el enfoque punitivo por un enfoque sanitario y de derechos humanos. "La prohibición mundial de las drogas no sólo fracaso en el cumplimiento de los objetivos declarados en su origen, sino que generó alarmantes problemas sociales y sanitarios. Surgen políticas alternativas con la meta de salvaguardar la salud y la seguridad de las comunidades, y fortalecer la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo" (Comisión Global de Política de Drogas).
La Sierra de Guerrero y otras regiones del estado y del país no aguantan más. Eludir o postergar el debate por la legalización de los cultivos de amapola con fines médicos y científicos significa necesariamente cerrar la puerta al desarrollo y la legalidad en esta zona de México.
No legalizar la producción de adormidera implica seguir inmersos en una situación de estado fallido: asesinatos, enriquecimiento ilícito, desapariciones forzadas, narcopolítica, vidas perdidas, pobreza extrema, juventudes desechas y la esclavitud de la población de diferentes comunidades sometidas a la delincuencia.
La sierra guerrerense se compone de 14 municipios de cuatro regiones, la integran mil 280 pueblos que se dedican al cultivo de la amapola, es decir, más de 50 mil personas involucradas directamente. Según información oficial, actualmente 10 bandas delincuenciales se disputan el llamado polígono de la amapola (Iguala, Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo y Coyuca de Catalán) encargado de generar casi el 60% de la producción nacional de la llamada goma, demarcación donde la tasa de homicidios supera con mucho la media nacional.
Las cifras de desaparecidos aumentan exponencialmente, incluyendo a los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, y ninguna asociación civil o gubernamental puede llevar un registro ordenado, los desplazados suman miles.
La crisis económica, la falta de alternativas productivas y el poder del crimen organizado va en aumento, no se puede explicar el surgimiento de narco alcaldes (como José Luis Abarca de Iguala), policías municipales infiltradas, desplazamiento de comunidades sin el flagelo de la prohibición.
Resulta necesario señalar que los cárteles están en pugna por la rentabilidad que la prohibición genera y el jugoso negocio del comercio ilegal. Hay que cambiar la ecuación y acabar con el reino de la simulación, estamos ante el punto de inflexión de convertir una amenaza real y cotidiana en una oportunidad.
Que el estado mexicano regule e incentive a la vez la industria farmacéutica nacional con la producción de medicamentos basados en los alcaloides contenidos en la goma de opio y otras partes de la planta, dará una importante alternativa económica a los campesinos que se dedican a ello y les hará menos vulnerables frente a los traficantes, mucha de la barbarie que se ha vivido y de las violaciones recurrentes a los derechos humanos tienen su génesis en la prohibición.
¿Qué pretenden los apóstoles del prohibicionismo con su negativa a cambiar de paradigma?
¿Se darán cuenta en su conservadurismo que le hacen el juego a los delincuentes?
Esperemos que este debate ya no se alargue a perpetuidad como quiere José Narro Robles y que por fin tengamos una nueva política de drogas en el país, incluyendo la nueva regulación de la amapola.