El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que se cuestionan severamente las conclusiones de la PGR -que incluso presentó como la “verdad histórica” cuando se supone que su responsabilidad es encontrar la “verdad legal”- sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, representa otro duro golpe contra la credibilidad de las instituciones mexicanas y nos recuerda que quedan muchas interrogantes por despejar como la participación que tuvieron elementos del ejército y la policía federal.
El camino para que se conozca lo que en realidad sucedió ese trágico 26 de septiembre así como el paradero actual de los normalistas aún es largo, pero queda claro que éste, como muchos otros casos que han indignado a la sociedad, no se podrían explicar sin la corrupción, negligencia y/o complicidad de funcionarios que pocas veces tienen consecuencias.
No es fortuito que hace unos días el famoso y experimentado ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, haya declarado que en nuestro país primero se tiene que eliminar la corrupción como condición para resolver el evidente problema de inseguridad que padecemos y que el gobierno se empeña en negar.
Abundan estudios serios que demuestran la profundidad y arraigo de la corrupción en México así como su tremendo impacto en nuestro desarrollo económico, en la convivencia social y en la solidez de las instituciones, por lo que es de reconocer el esfuerzo emprendido por especialistas, organizaciones y legisladores de oposición -principalmente del PAN que ya presentó iniciativas y del PRD que están por hacerlo- para construir un marco jurídico adecuado que permita combatirla con mayor eficacia, pero me temo que no es suficiente.
Mientras prevalezca el pacto tácito entre la clase política por el cual se protegen mutuamente sus intereses, las expectativas seguirán siendo muy pobres pues siempre encontrarán la manera de incidir en los órganos y fiscalías anticorrupción -que de hecho ellos mismos nombran- y acotar la aplicación de la norma.
Ante ello, debemos explorar otras alternativas y me parece que una de ellas la tenemos a la vista con el ejemplo de Guatemala, que tomó una decisión trascendente al firmar un acuerdo con la ONU en diciembre de 2006 para crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y que derivó recientemente en la destitución del Presidente quien fue ingresado a una prisión preventiva desde la cual sigue proceso judicial por presuntos actos de corrupción.
Hay que estar conscientes que una propuesta de esta naturaleza enfrentaría muchas resistencias aduciendo sobre todo la supuesta defensa de nuestra soberanía -por lo que de nuevo sería indispensable que contara con el apoyo y exigencia ciudadana-, pero volviendo al caso de Iguala me pregunto ¿qué habría pasado si no se hubiera contado con la participación del grupo internacional de expertos? Lo más probable es que no tendríamos más remedio que quedarnos con la versión de la incineración, y con el tiempo este asunto terminaría por desvanecerse por lo que se refuerza la pertinencia de recurrir al apoyo internacional como ya se ha comenzado a plantear.
¡Esperamos respuesta!